Así definió el secretario Sindical del PC, Ignacio Cámpora, lo que pasa en la Secretaría de Derechos Humanos con despidos y amenaza de desguace. Policías uniformados impidieron el ingreso de los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti y otros de civil infiltraron la movilización del viernes pasado.
“El escenario es crítico, hoy por hoy no hay una instancia de negociación con la gestión que cerró todas las vías de posibles diálogo”, definió el vocal del Consejo Directivo de ATE, Ignacio Cámpora, al referirse a la dura situación que vienen viviendo los trabajadores estatales, que se profundizó cuando el 31 de diciembre se ejecutó la orden de Mariano Cuneo Libarona y Alberto Baños, que consiste en perpetrar masivos despidos en la órbita del Ministerio de Justicia que en este caso afectan particularmente a trabajadores del área de Derechos Humanos y se focalizan en el desguace del Centro Cultural Haroldo Conti.
“Esto es algo que no puede sorprender”, advirtió quien también es secretario Sindical del Partido Comunista y denunció que este tipo de acciones forman parte “de la estrategia que lleva a cabo Milei en su afán por destruir el Estado que, además, se ensaña particularmente contra las políticas de Memoria y Derechos Humanos”.
Lo que pasa ahora mismo en el Centro Cultural Haroldo Conti, es una vuelta de rosca más de una situación que durante la segunda mitad de 2024 fue creciendo con despidos de trabajadores en el Astillero Tandanor, en el Registro Automotor y el Ministerio de Seguridad, así como con la amenaza de enajenación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. “Hasta hoy son 1025 compañeros y compañeras despedidos, principalmente de la Secretaría de Derechos Humanos, pero esto alcanza a otras áreas del Ministerio de Justicia y entre ellos hay un número de al menos siete delegados y delegadas que puede que sean más”, señaló Cámpora.
En este punto hay que mencionar que la cartera de Justicia resolvió el cese de las contrataciones de personal que, oportunamente, se hicieron por medio de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Se trata de trabajadores que fueron precarizados por el propio Estado, que se desempeñaban en diferentes áreas y que ante esta medida recibieron la promesa por parte del ministro Cuneo Libarona, de ser recontratados por el Estado Nacional mediante la modalidad prevista en el Artículo 9, siempre y cuando se acogieran al retiro voluntario. “Pero pese a que buena parte de ellos se sumaron al retiro voluntario propuesto, no fueron reincorporados, lo que habla de lo nefasto que es esta gestión”, remarcó Cámpora y advirtió sobre la escalada del conflicto que impone la Presidencia Milei.
En medio de este panorama, con el comienzo del año el edificio y el predio donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos, en la Ex Esma, apareció invadido por personal policial que obstaculizó el acceso de los trabajadores que sostenían una guardia pasiva en el lugar. “Nos encontramos con las fuerzas policiales impidiendo el acceso y notificando a los y las trabajadores que efectivamente aparecían en un listado que daba cuenta de que había acabado su contratación”, comentó el responsable Sindical del PC que como el resto de los trabajadores enrolados en ATE participó ayer de asambleas que se realizaron en cada una de las dependencias, también de la marcha de los jueves de Madres de Plaza de Mayo y que hoy viernes va a ser de la partida en “una medida novedosa, pero no menos valiosa”, esto es una misa que va a tener lugar en el predio.
Todo esto se suma a otro hecho grave que sucedió el viernes pasado cuando, tal como lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria, se detectó la presencia de policías de civil que estaban infiltrados en la movilización que fue convocada ante la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para protestar contra su desguace. A raíz de esto la Comisión hizo una denuncia judicial, ya que “la actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la ex Esma y las organizaciones sociales que los acompañaban”, algo que está prohibido por la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas, “más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”.
Con este telón de fondo, para mañana sábado está previsto que se lleve adelante un festival y una vigilia en los que se dará cita la comunidad de Derechos Humanos, como así integrantes de fuerzas sociales, sindicales y políticas, entre ellas el PC, La Fede y la CoNaT. Y para ello se invita “a nuestra comunidad hermosa, digna, beligerante, la que hizo de este gran escenario fuerza, transformación y libertad de la de verdad” y se sugiere que “traigan sus palabras, sus acordes, sus máscaras, sus poemas, su intensidad, su malestar, su alegría…traigan el corazón prendido fuego, clavado en un cuchillo, con las raíces a la intemperie”, ya que resulta preciso “que la memoria arda, que la historia continúe, que el Conti siga de pie”.
