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Jue, Sep

Sindical
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"Estamos en una situación de emergencia que necesita de urgente atención", puntualizó desde el MTL, Mario Micheli, y advirtió que "todos los que tenemos que ver con la lucha social y popular somos víctimas de una avanzada represiva y persecutoria por parte del gobierno de Javier Milei".

La semana pasada y por orden del Julián Ercolini, personal de la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en la sede central de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) que está ubicada en el barrio porteño de Constitución, en lo que representa un nuevo capítulo de una historia de persecución e intentos de amedrentamiento contra los integrantes de movimientos sociales, que comenzó el mismo día en que Javier Milei se convirtió en Presidente y que se objetiva fundamentalmente en aquellos que siguen sosteniendo una red de comedores y merenderos que hace ocho meses no recibe suministros por parte del Gobierno Nacional.

Tal como sucedió en los anteriores, este nuevo procedimiento judicial estuvo atravesado por la violencia policial, tal como lo denunció la propia Utep cuando señaló que los uniformados irrumpieron con violencia en el edificio donde funcionaba un comedor comunitario y que lo hicieron "preguntando por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar". Y esto no es todo, ya que durante la misma jornada fueron perpetrados más de una decena de procedimientos parecidos en otras cooperativas.

Todo esto pasó casi coincidentemente con la difusión del resultado de un reciente relevamiento realizado por Unicef que exhibe datos pavorosos, ya que da cuenta de que como consecuencia de la situación económica y social que profundiza la Presidencia Milei, un millón de pibes se queda sin cenar, en tanto que por el mismo motivo 1,5 millones se ve obligado a saltear alguna comida durante el día. Pero también cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sigue sin obedecer la orden que hace casi cuatro meses le dio el juez federal Sebastián Casanello, para que presente un cronograma de distribución de las casi seis mil toneladas de alimentos adquiridos antes de su gestión, que continúan acaparados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.

Pero esto no es todo. Ayer Petovello volvió a ser denunciada en este caso por el abogado Leonardo Martínez quien pide que se la investigue judicialmente por una malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario, delitos que habrían sido perpetrados durante el proceso licitatorio de una compra de alimentos mediante una transferencia de catorce mil millones de pesos. La denuncia que está ahora en manos del juzgado federal 12, se refiere a una transferencia por catorce mil millones que se hizo en el contexto del Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para la adquisición de alimentos, por la que desde principios de febrero, se habría pagado además 420 millones de comisión pese a que la licitación estaría “en la nada misma”, tal como señala la presentación.

La elección de los movimientos sociales como objetivo de la persecución nada tiene de azarosa. Lejos de eso es parte de un plan sistemático y, por lo tanto, va en consonancia con una serie de medidas que buscan destruir la trama de solidaridad y resistencia social a un modelo que hambrea a las mayorías.

En tal sentido, resulta prudente recordar que en lo que lleva en La Rosada, Javier Mieli hizo un recorte del orden del 93 por ciento en Plan Nacional de Protección Social y que en términos reales el poder de compra de la Tarjeta Alimentar cayó un veinte por ciento, al tiempo que las partidas que se destinan a atender a los comedores y merenderos lo hizo en un 82 por ciento, mientras que el Plan Nacional de Primera Infancia presenta un recorte del 77 por ciento y las transferencias que el ejecutivo nacional debe hacer para los comedores escolares fue de apenas el 43 por ciento de lo presupuestado.

 

El ajuste sin fin

"Lamentablemente cada día se profundiza más esta política de ajuste que, como pasa siempre, perjudica a los más desprotegidos", dijo el coordinador del MTL de la bonaerense, Mario Micheli, al hacer una lectura de este panorama pero también recordó que el brutal ajuste que perpetra la Presidencia Milei "favorece a sectores que se siguen enriqueciendo y están muy cómodos con este gobierno que les asegura negocios a monopolios como los de la industria alimenticia que lucran con el hambre del pueblo y a las empresas de servicios públicos que son beneficiadas con el tarifazo que vuelve a las boletas impagables, ya que superan la media del salario mínimo".

Lo que advierte Micheli nada tiene de antojadizo y si para muestra alcanza con un botón, basta con revisar lo que pasa con la leche de vaca, un producto básico fundamentalmente para la dieta de los pibes, del que Argentina es el décimo puesto de la producción a nivel mundial. Pero a partir de que se lo comienza a considerar como un commodity y merced a la supresión de las regulaciones que propicia el actual gobierno, su consumo local viene registrando una fuerte caída y, en simultáneo, crece el precio del litro en sachet que se coloca arriba de 1,50 dólares, esto es, un precio casi idéntico al que se lo vende en países que tienen salarios altos nominados en esa moneda y en los que la leche se importa.

"Por todo esto estamos en una situación de emergencia que necesita de urgente atención", puntualizó Micheli y añadió que por eso "es preciso reorganizar a todas las fuerzas del campo popular, para no quedar paralizados y poder comenzar a dar respuestas, principalmente por parte de las centrales sindicales, los movimientos sociales y cooperativas que siguen siendo perseguidos, ya que todos los que tenemos que ver con la lucha social y popular somos víctimas de una avanzada represiva y persecutoria tremenda por parte del actual gobierno".

Pero asimismo, el coordinador del MTL bonaerense hizo hincapié en que en la construcción de este escenario nefasto, "hay responsabilidad política de los sectores que le dieron los votos a Milei para que se apruebe la Ley Bases y tenga superpoderes para seguir haciendo cualquier barbaridad".

Vale recordar que más allá de gestualidades y declaraciones, algunas de ellas grandilocuentes, el Proyecto de Ley Bases 2 no tuvo demasiadas dificultades para conseguir el apoyo de la mayoría de los integrantes de ambas cámaras del Congreso que, en nombre de "la gobernabilidad y porque hay que darle al gobierno las herramientas que precisa", le dieron luz verde a esa iniciativa que junto al DNU 70/2023 y el Protocolo Bullrich son las principales herramientas con las que la Presidencia Milei perpetra en tiempo récord una transferencia de riqueza que no reconoce antecedentes en la historia del país.

"En realidad Milei tiene todas las herramientas que pidió, que no son las que se precisan para solucionar los problemas de los trabajadores, sino que fueron diseñadas y son usadas para profundizar la entrega" lamentó Micheli, por lo que fue claro al remarcar que "son esos sectores que en nombre de la gobernabilidad se las entregaron, los que tienen que hacerse cargo de lo que trae aparejada la Ley Bases y el DNU 70/2023, pero también una cantidad de otras medidas que sólo perjudican a los trabajadores y trabajadoras".

En este contexto criticó la pasividad que ante tal saqueo exhibe buena parte del arco de representación política que se proclama como opositor. "Si no hay una reacción política no se puede esperar una reacción espontánea del pueblo", reflexionó y sin dudarlo recalcó que "acá tienen que dar la cara los políticos que son en parte responsables de esta situación y, cuando digo los políticos, digo también los de nuestro sector, nuestros allegados, que se tienen que poner al frente de la lucha y de la denuncia, porque si no parece que no está pasando nada, mientras que hay un gobierno que actúa como una topadora y todos los días saca nuevas medidas en contra de la clase trabajadora".

Y destacó el papel que con este telón de fondo debe tener el Partido Comunista. "Vamos hacia un Congreso muy importante y en un momento importante", recordó Micheli y tras reconocer que se trata de una "coyuntura muy complicada", puntualizó que "debemos lograr la mayor síntesis y la mayor unidad interior del Partido, para aportar a todo el campo popular nuestro punto de vista acerca de por dónde pasarían las soluciones", esto es "la construcción de un nuevo programa de acción y de gobierno que nos permitan comenzar a recuperar derechos y poner un freno a esta desdicha tan espantosa que nos gobierna".

Ya que, recalcó, "tenemos objetivos muy claros y, en ese marco, ya está caminando el Congreso por todo el país" por lo cual "no tengo dudas de que vamos a lograr una síntesis importante que también sea un aporte para toda la unidad del campo popular, porque hoy tenemos más de medio millón de pibes que lamentablemente se van a dormir sin comer y eso es lo principal que nos debe llevar a una reflexión de que de esta manera no es posible que tengamos una sociedad justa e igualitaria".

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