El movimiento de mujeres y diversidades pone sobre la mesa, en plena discusión por la reforma judicial, la necesidad de incorporar una perspectiva de género que contrarreste el poder patriarcal en la “justicia”. Silvia Perugino, abogada y especialista en género, afirmó que “necesitamos una reforma judicial que genere un nuevo paradigma”
La reforma judicial ya está en marcha y con media sanción en la cámara de Senadores, ahora espera tratamiento en Diputados. Entre las diversas problemáticas relacionadas con el Poder Judicial, el movimiento de mujeres, géneros y diversidades insiste, con razón, en el carácter patriarcal, violento y discriminatorio con el que la “justicia” trata las cuestiones referidas no solo a crímenes de odio contra los cuerpos de las mujeres o disidencias, sino también en aquellos litigios ordinarios en los que, sin embargo, la estructura de una sociedad capitalista y patriarcal se hace sentir con fuerza, especialmente, contra mujeres y diversidades.
Al respecto, Silvina Perugino dialogó con Nuestra Propuesta Diario sobre la necesidad de una reforma judicial integral en Argentina con perspectiva de género. Perugino es abogada, especialista en género y comunicación y directora en la Dirección de Situaciones de Altos Riesgos y Casos Críticos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. En primer término, Perugino destacó que “de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el único poder que no se elige mediante el voto popular”. Por eso consideró que “no es casual que muchas veces nos estemos enfrentando a decisiones judiciales que distan mucho de la realidad de las personas. Me parece que la idea de democratizar la justicia tiene que ver con generar un nuevo paradigma de la justicia, una justicia más cerca del pueblo”.
Además, señaló que “no solo los miembros del Poder Judicial no son elegidos por el voto popular sino que encima los cargos que ostentan son vitalicios. Estas son dos características que hacen que la reforma sea más que necesaria”.
La reforma judicial, según Perugino, debe estar orientada en primera instancia a eliminar el corporativismo que caracteriza al poder judicial y eso solo puede hacerse desde “afuera” de la “justicia”. Así, pues, aseguró que “la democratización de los poderes del Estado tiene que ver no solamente con la cuestión de la periodicidad del mandato y con la elección transparente y popular de sus miembros, sino que también debe contemplar mecanismos de control y seguimiento de las actuaciones de sus integrantes, con reglas acordes a una justicia menos corporativa y más cerca del pueblo”.
En el carácter corporativo de la “justicia”, el patriarcado tiene un reaseguro. Si el poder judicial posee lógicas patriarcales que son propias de la sociedad a la que pertenece, es en el carácter corporativo donde encuentra defensas para disuadir los cambios y presiones que se ejercen desde afuera para contrarrestarlo. En ese sentido, la directora provincial afirmó que “la justicia no escapa a la lógica social de una mirada patriarcal, machista y misógina de los fenómenos sociales. El patriarcado es una estructura que remite a un orden social que no es ajeno al Poder Judicial, por el contrario, que está enquistado en este y es en su lógica corporativa donde se reproduce”.
En este contexto, Perugino puntualizó que “uno de los grandes problemas que tenemos es que una decisión de otro organismo del Estado, que puede tener cierto sesgo misógino, machista o patriarcal, tal vez no tenga tanta incidencia sobre las vidas de las personas como lo tiene una sentencia judicial”. Claro está, no tiene el mismo alcance las lógicas patriarcales que se reproducen en una oficina de tránsito que las que se reproducen en un juzgado penal.
De ahí que,explicó, “las decisiones judiciales suelen ser de las más gravosas que existen en una sociedad contra las personas. En ese sentido, la justicia es un poder que necesita una reforma profunda y esta reforma tiene que incluir sí o sí una perspectiva de género. Esto es algo que queda claro en la justicia penal, por ejemplo, ya que la decisión de un juez afecta directamente la libertad de una persona”. El caso de Cristina Vázquez, que falleció hace pocos días luego de recuperar la libertad tras 11 años presa a pesar de que era inocente, es paradigmático en ese sentido.
Nuevo paradigma
En efecto, para Perugino de lo que se trata es de plantear la discusión por un nuevo paradigma en la “justicia” “a partir de las siguiente preguntas: ¿qué es la justicia? ¿cómo pensamos una justicia integral que no dependa únicamente de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, sino una justicia social en el pleno sentido de la palabra? Es imprescindible generar nuevas formas de relacionarnos en términos de sociedad para no tener que buscar soluciones en la justicia penal, por ejemplo”.
En síntesis, la abogada especialista esgrimió que “necesitamos una nueva mirada de la justicia con relación a la violencia de género, a la violencia machista, a los crímenes de odio. En América Latina, como en otras partes del mundo, venimos de sociedades en las que los delitos contra los cuerpos de las mujeres, las travestis y personas trans son considerados, aún al día de hoy, delitos de segunda categoría”. Y agregó que “las causas que avanzan por lo general, y no sin dificultades, son aquellas que tratan sobre casos que por la presión popular lograron cierta visibilidad. Pero en muchísimos casos se tratan de delitos que la justicia ni investiga, y tampoco se acompaña a la víctima y/o a su familia”.
Para Perugino un ejemplo muy concreto es el travesticidio de Diana Sacayán: “la sentencia de su asesinato es una sentencia ejemplar, en la que se empleó el término ‘travesticidio’. Ahora bien, incluir en una sentencia el ‘travesticidio’ como crimen de odio nos valió que tuvieran que asesinar a una de las mejores dirigentes travestis que teníamos en América Latina. Quiero decir, tuvo que ser Diana la asesinada para que la justicia hablara de ‘travesticidio’”.
Pero la lucha no termina en logros judiciales como en la sentencia por el travesticio de Diana Sacayan. “Ahora —explica— lo que pasa con frecuencia es que esa sentencia es desconocida por jueces y por fiscales. Una sentencia que es un hito en la historia judicial de nuestro país y de relevancia a nivel mundial, que se estudia en carreras de posgrado de diferentes partes del mundo, no es conocida por los responsables de dictar nuevas sentencias”.
Otro ejemplo es el del protocolo elaborado por la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar (UFEM) para casos de violencia machista, elaborado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y aprobado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que “no es aplicado por todos los fiscales cuando hay un caso de muerte violenta de una mujer”.
Por todos estos motivos y por muchos otros, “necesitamos una reforma judicial que genere un nuevo paradigma”, sentenció. Y concluyó que “es verdad que en el día a día hay muchos jueces y fiscales que se comprometen con la problemática, que estudian los protocolos y la jurisprudencia para luego aplicarla en sus causas, etc. Pero la violencia patriarcal es una problemática muy arraigada e importante como para que quede a voluntad de los miembros de un poder que si se caracteriza por algo es por su corporativismo.