De esta forma definió al Protocolo Bullrich, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y añadió que “tratados de Derechos Humanos, que amparan la protesta social”.
El DNU anunciado por Javier Milei deroga la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que es la que pone un límite del quince por ciento de la tierra rural para la posesión por parte de extranjeros, pero también prohíbe que un mismo titular extranjero tenga más de mil hectáreas en la zona núcleo o “la superficie equivalente según la ubicación territorial”.
Y, asimismo, determina que personas o empresas extranjeras están inhibidas de poder adquirir territorios ribereños o que contengan cursos de agua de envergadura, o tierras que estén ubicadas en zonas de seguridad de frontera. En este caso, se trata de los 9.376 de frontera terrestre que posee Argentina, que es donde Gendarmería debería estar custodiando la soberanía nacional.
Pero si prospera el DNU nada va a quedar para custodiar por ahí, por lo que -valga el sarcasmo- quien hasta hace poco más de dos meses era una “montonera que ponía bombas en jardines de infantes” y ahora devino en ministra de Seguridad, decidió usar a los gendarmes como una herramienta básica para la aplicación del protocolo con el que pretende criminalizar y reprimir la protesta social.
Quizás alguno de los uniformados que el miércoles pasado debutaron como parte del Protocolo Bullrich en pleno centro de Ciudad de Buenos Aires, se haya preguntado que tenía que ver todo eso con el juramento que oportunamente hicieron que, después de todo, se basa en el compromiso de defender la soberanía nacional en las fronteras de la Patria.
Pero lo que sí va quedando cada vez más claro es que quienes los llevaron hasta ahí, lo hicieron basándose en un protocolo que, tal como coinciden en señalarlo desde diferentes colectivos de abogados, es inconstitucional y violatorio de los Derechos Humanos.
Así las cosas, entre quienes alzaron su voz para salir al cruce del Protocolo Bullrich, está el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien recalcó que desde “las entidades defensoras de Derechos Humanos y todos los que se sienten depositarios del Nunca Más vamos a reclamar judicialmente para proteger toda forma de protesta o ejercicio de resistencia a los actos de violencia institucional”.
Y, en este sentido, hizo hincapié en que en este protocolo, todo lo que aparece “es violatorio del texto constitucional y los tratados de Derechos Humanos, que amparan la protesta social”. Pero también advirtió que “si hay un modelo económico que conduce a la situación de miseria a las grandes mayorías, ese es un acto de violencia institucional” y sin dudarlo añadió que “miseria con represión quebrantan lo que dicen los dos pactos internacionales de las Naciones Unidas, el de los Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, que buscan seres humanos libres del temor y la miseria”.