Macri legalizó el Gatillo Fácil

Política
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El protocolo oficializado este lunes autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a cualquier “peligro inminente”.

El Gobierno oficializó la Doctrina Chocobar. En el Boletín Oficial se publicó el nuevo reglamento para uso de armas de fuego redactado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que deroga y flexibiliza al extremo los reglamentos vigentes y las recomendaciones de la ONU para el empleo mortal de la fuerza, en una muestra más de impunidad del gobierno Cambiemos.

La iniciativa señala una vuelta de rosca más en el intento por legalizar el autogobierno policial, pero sobre todo, habla del claro papel que las fuerzas represivas tienen asignado en el contexto de un plan de gobierno que sólo puede ofrecer más ajuste y desigualdad.

Pero esto que se dio en llamar “Doctrina Chocobar” no es otra cosa que la formalización de una modalidad que, lejos de ser exclusiva de nuestro país, responde a una necesidad de la fase que atraviesa la crisis capitalista.

Es que sin la posibilidad de ofrecer ni siquiera un paliativo a demandas humanas básicas de las mayorías y para garantizar la maximización de tasa de ganancia de muy pocos, el capitalismo echa mano a fuerzas policiales cada vez más especializadas en represión interior, pero también a herramientas que legalicen su accionar.

Y esto no es todo. Además de la legalización se busca legitimación y, en este sentido, va la expresión que tuvo Mauricio Macri cuando, públicamente, deslizó que Patricia Bullrich puede ser su coequiper de cara al intento reeleccionario de 2019.

¿Alguien puede sorprenderse con esto? El cómodo triunfo de Bolsonaro en Brasil, el ascenso de Vox en España que le mete presión por derecha al PP, las políticas de Orbán en Hungría o de Giuseppe Conte en Italia son índices claros que hablan de una construcción a escala global, en la que nacionalismos excluyentes vienen a convertirse en guardianes de un capitalismo que se debate en una crisis que lo afecta a diferentes niveles.

Y lo hacen desde una mirada que impone la construcción de enemigos internos para avanzar sobre derechos ciudadanos, laborales, civiles, sociales y humanos. Porque el ADN criminógeno del capitalismo, precisa de conductas de clase e individuales que sean sus ejecutores, esto es, personas concretas que las diseñen y las ejecuten.

“Es un decreto muy peligroso”, sostiene Pedro Dinanni, abogado del Partido Comunista y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Lahd) y asevera que “pone en riesgo a la ciudadanía”.

En el reglamento se habilita el uso de armas de fuego de manera flexible frente a un "peligro inminente", que puede ser "actuar bajo amenaza" o si el policía decide que alguien es sospechoso y que, además, porta un arma letal.

Asimismo, habilita a emplear este tipo de armamento en caso de fuga “para lograr una detención”. Este punto es inquietante a la luz de las imágenes de la forma en que  persecución resolvió Luis Chocobar su persecución a Pablo Kukoc, ya que lejos de buscar la detención, al alcanzarlo, sólo se limitó a ejecutar a su perseguido.

El artículo 2 de reglamento puesto en vigencia, autoriza a las fuerzas policiales a emplear armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo, pero también ante lo que supongan que puede llegar a configurarlo.

Habla de su utilización en defensa propia, para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención o para impedir la fuga. Y hasta desestima el reiterado argumento policial de la "voz de alto", utilizado en las versiones policiales de los casos de gatillo fácil.

Las normas vigentes hasta hoy marcaban criterios diferentes al de la Doctrina Chocobar, ya que recomendaban que “todas las técnicas y tácticas policiales privilegian el resguardo de la vida e integridad física de las personas”, tal como figura el Manual de Capacitación Policial de la Policía Federal.

Ese manual también limitaba el uso de arma de fuego en caso de fuga, con la excepción de que ocurriera en medio de un tiroteo que pusiera en peligro a terceros.

En tanto, el código de conducta y los principios de la ONU sobre el uso armas de fuego, subraya que se deberá emplear cuando “sea inevitable” y “con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”.

Ante todo esto, desde la Correpi se alertó que “esto es lisa y llanamente legitimar el gatillo fácil”. De acuerdo al Archivo de Casos que elaboro esta organización, en Argentina 5462 personas fueron ultimadas en casos de violencia institucional desde 1983, y de ese total de casos, 725 fueron perpetrados durante los primeros dos años de gobierno de Cambiemos.

 

La voz del PC

 

Para Dinnani esta medida “liga el destino final de una persona al criterio de las fuerzas de seguridad”, lo que quiere decir que “se le está dando la libertad a esas fuerzas policiales del Estado para que terminen con la vida de una persona, atentando contra todas sus garantías constitucionales”.

Y, sin dudarlo, aseveró que “esto es parte de la política represiva y de mano dura que el gobierno lleva a cabo, más en este momento político del país”.

De ahí que advirtiera que “esta muestra de impunidad pone en riesgo a toda la ciudadanía” por eso “desde los organismos de Derechos Humanos vamos a plantear su inconstitucionalidad ante los tribunales, porque algo así no puede tener sustentabilidad”.

Hace poco más de tres décadas, la Masacre de Ingeniero Budge cegaba la vida de Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, tres pibes pobres que charlaban en una esquina de esa localidad de Lomas de Zamora.

Una banda policial encabezada por una Ramón Balmaceda los fusiló ¿Los uniformados habrán percibido que estaban ante un “peligro inminente? ¿Se habrán considerado “bajo amenaza” ¿Acaso sospecharon que sus víctimas portaban armas letales, cosa que nunca pasó?

A raíz de este caso, en el que desde el principio tuvo un papel medular en la lucha contra la impunidad, León Toto Zimerman acuñó la fórmula “Gatillo Fácil” que sirvió para tipificar una alarmante cantidad de hechos perpetrados desde entonces. Casos como los que, si prospera la iniciativa del gobierno, de aquí en más serán considerados legales.