Jeanine Añez y otros responsables del derrocamiento de Evo Morales van a juicio oral, mientras que en nuestro país languidece la causa abierta por el contrabando de armas para los golpistas.
La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, no recibió buenas noticias de cara al 2024 que acaba de comenzar. Es que la Fiscalía que interviene en el juicio denominado Golpe I, pidió una pena de veinte años de cárcel para ella y para Luis Fernando Camacho, a quienes señala como penalmente responsables por el golpe Estado perpetrado a fines de 2019, que acabo con el gobierno que encabezaba Evo Morales.
Así las cosas, ante el juicio oral, el Ministerio Público a cargo del fiscal Omar Mejillones, presentó la acusación formal ambos pero también contra el ex ministro de Añez, Luis Fernando López y los ex comandantes Williams Kaliman y Yuri Calderón, a quienes les imputa el delito de terrorismo. Y, en el grado de complicidad, hizo lo propio contra el ex cívico potosino Marco Pumari, Jorge
Fernández que por entonces era inspector de las Fuerzas Armadas y Carlos Orellana que se desempeñaba como comandante militar.
En este caso hubo otros seis acusados que se declararon culpables por lo que se sometieron a juicio abreviado, algo que benefició sus respectivas situaciones. Entre ellos el ex ministro de Justicia Álvaro Coímbra y quien fuera su par de Energías Rodrigo Guzmán, así como los ex comandantes de las tres armas Pastor Mendieta, Palmiro
Jarjury y Jorge Terceros Lara, como también Flavio Arce San Martín que fungía como jefe del Estado Mayor. La tarea judicial cuenta con un fuerte apoyo, fundamentalmente, desde diferentes movimientos sociales que nunca dejaron de pedir justicia para las víctimas del golpe de 2019 que, sólo en el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, dejó un saldo de una treintena de
personas asesinadas y cientos de heridos.
“Los responsables del golpe tienen que recibir sus severas sentencias”, se resaltó al respecto desde el Frente Revolucionario Comuna y se recordó que existe un consenso social amplio “de que el gobierno de Añez es responsable de muchas atrocidades que se cometieron”, por lo que se insistió en que las condenas a los responsables “deben ser severas” ya que “no se trata de revanchismo sino de justicia”.
Pero mientras en Bolivia avanzan los procesos que buscan sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del golpe y los crímenes que sus perpetradores cometieron en se contexto, en nuestro país languidece la causa iniciada por el contrabando de armas orquestado desde la Presidencia Macri para apoyar a los golpistas bolivianos. Como se recordará, la causa que tiene una homóloga en Bolivia, deriva de una investigación que nació cuando se descubrió una carta enviada por el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Terceros Lara, a quien era embajador
argentino, Normando Álvarez García, en la que agradecía por las setenta mil municiones enviadas en noviembre de 2019 a los golpistas.
Se trata de municiones que fueron destinadas a fortalecer el aparato represivo que lanzó la dictadura encabezada por Añez, pero también se investiga otra línea vinculada al financiamiento por parte del gobierno que en ese momento encabezaba Mauricio Macri, en la que se indaga sobre el apoyo que pudieron recibir los comandantes de las Fuerzas Armadas en la preparación del golpe.
Pese a que Patricia Bullrich, que como ahora era ministra de Seguridad, reconoció el envío del armamento, tanto ella como Macri nunca fueron citados a declarar en la causa que duerme en algún despacho de Comodoro Py, por lo que sólo resta preguntar: ¿quién las hace, las paga?