La convocó la central obrera para exigir aumento del salario mínimo, respeto la negociación colectiva y la libertad sindical, así como para protestar contra la corrupción gubernamental y las privatizaciones que impulsa la Presidencia Boluarte.
Nuevamente las calles de Lima fueron escenario de una multitudinaria movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, para exigir que Dina Boluarte aumente el salario mínimo y respete la negociación colectiva y la libertad sindical, pero también para protestar contra la inseguridad ciudadana, la corrupción gubernamental y las privatizaciones que impulsa la mandataria.
La cita fue en la céntrica Plaza 2 de Mayo y ahí estuvo presente una numerosa columna del Partido Comunista que destacó que el gobierno “se vale de diferentes artimañas, para intentar limitar la negociación colectiva en los sectores público y privado”, así como para denunciar que la presidenta de facto “quiere destruir la libertad sindical y el derecho a la protesta y la huelga”.
Por su parte, la central obrera lamentó que “las familias peruanas estén sufriendo las consecuencias del alza del costo de la vida”, en el contexto de una crisis económica provocada por el permanente ajuste que impone la Gestión Boluarte, que tiene lugar mientras los salarios continúan pisados y por eso “ni siquiera llegan a cubrir lo necesario para una canasta básica familiar, por el encarecimiento de los productos de primera necesidad y la inflación”.
Pero esto no es todo lo que atravesó los reclamos de la jornada en la que se denunció la connivencia que existe entre el ex presidente Alberto Fujimori y la actual mandataria. “Va a continuar hasta el 2026, por lo menos el fujimorismo así lo ha acordado”, reconoció Fujimori al reaparecer en público, días atrás, en el exclusivo barrio limeño de San Isidro y a apenas dos meses de que recobrara su libertad gracias a que con la anuencia del actual gobierno, el Tribunal Constitucional ratificó el indulto que durante 2017 le concedió el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Vale recordar que el ex presidente fue condenado en 2009 por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, entre otros delitos que perpetró cuando ocupaba la primera magistratura y que el fallo que lo devolvió a las calles fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió que Boluarte presente ante ese organismo un informe en el que expliqué por qué lo largaron.
El plazo que dio la Corte Interamericana está por vencer, pero el gobierno de Perú todavía no presentó nada al respecto, aunque el representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería trabajan conjuntamente en la confección de tal documento.