León Damico es integrante de la Comisión Nacional de Educación, además de responsable del Archivo Histórico del Partido Comunista de Uruguay y, con Voz Propia, realiza un pormenorizado análisis sobre las perspectivas que puede dejar abierta la elección presidencial del próximo domingo en su país.
El próximo domingo 27 de octubre tendrán lugar las elecciones nacionales en Uruguay. En ellas se definirá la composición de las cámaras de Diputados y Senadores, y la fórmula que encabezará el Poder Ejecutivo por el período 2025-2030, o en su defecto, las dos fórmulas que competirán en una segunda vuelta electoral por la primera magistratura. A diferencia de Argentina, las leyes electorales uruguayas indican que para ganar las elecciones sin necesidad de la celebración de una segunda vuelta, el lema ganador debe superar el cincuenta por ciento más un voto de los sufragios emitidos, incluidos los votos en blanco y los anulados, en caso de que ninguna fórmula presidencial logre superar el umbral del cincuenta por ciento, las dos fórmulas más votadas se deberán enfrentar en una segunda vuelta en el mes de noviembre.
Estas elecciones revisten una cardinal importancia para el futuro del país, ya que en ellas el Frente Amplio (FA), expresión unitaria de la izquierda uruguaya, tiene la tarea de recuperar el gobierno hoy en manos de la coalición de derecha que reúne tras la figura del Presidente Lacalle expresiones que van desde la derecha liberal, el “centro” político, hasta expresiones de extrema derecha con componentes fascistizantes. Por tanto la principal tarea es la reconquista del gobierno, no con el objetivo de “restaurar” el orden progresista, sino para lograr dar un salto cualitativo, superar los límites del progresismo y avanzar en un proceso que desemboque en una etapa “democrático avanzada” la forma de aproximación al socialismo teorizada por el Partido Comunista de Uruguay (PCU) y su principal dirigente y teórico, Rodney Arismendi.
El Frente Amplio llega a estas elecciones con un escenario que a priori le es favorable, las encuestas menos promisorias colocan a la coalición de izquierda en el 44 por ciento de la intención de voto, y las más favorables en el entorno del 48 por ciento, lo que la coloca a un paso de la obtención de las mayorías parlamentarias y permiten pensar que es posible un triunfo en primera vuelta.
Independientemente de las mediciones de intención de votos, es un hecho que el FA comparece en estas elecciones en mejores condiciones que en 2019, esto dado por el proceso de recomposición del campo popular que se gestó en medio de las luchas contra las políticas más regresivas del gobierno, en donde el FA fue recuperando -no sin inconvenientes y contradicciones- el vínculo con las organizaciones sociales y sindicales con las cuales, siempre respetando el principio de independencia de cada organización, supo coordinar acciones concretas de lucha, como fue la recolección de firmas y el posterior Referéndum para anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración del gobierno.
En esa línea se procesó la oposición a la reforma jubilatoria, y posteriormente, si bien no contó con el apoyo unánime del FA, varios de los sectores que lo conforman, el PCU dentro de ellos, se plegaron a la iniciativa de la central obrera (PIT- CNT) para, por medio de un mecanismo de democracia directa, un plebiscito, se incluya en la Constitución de la República tres elementos de principios fundamentales de la Seguridad Social: fijar la edad mínima jubilatoria en sesenta años; equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional y eliminar las Afaps, (las AFJP argentinas). Esto será puesto a consideración de la población junto a la elección de octubre.
Un próximo gobierno del Frente Amplio tendrá por delante una serie de desafíos de los cuales dependerá el futuro del Uruguay. Creemos contar con un programa de gobierno que ofrece herramientas que podrán dar lugar a soluciones de fondo a algunos de los problemas estructurales que tiene el país. Dicho programa es el resultado del trabajo de diversos equipos técnicos y de la discusión y elaboración de miles de militantes de base.
Como medidas urgentes, podríamos considerar en primer lugar la reorientación de la política internacional del país, que esta se base en principios, como el de la libre determinación de los pueblos, que rechace la injerencia imperialista en aquellos países que se proponen caminos alternativos al capitalismo. Creemos que se debe condenar enérgicamente la guerra genocida que lleva adelante el Estado de Israel en contra del pueblo palestino y los actos criminales que se comenten contra El Líbano e Irán, situación que se ha cobrado miles de vidas inocentes y que hoy amenaza a toda la región con una escalada sin precedentes en la historia del conflicto.
En términos de cooperación internacional, un nuevo gobierno de izquierda deberá tomar las medidas pertinentes para la integración del Uruguay en los mecanismos alternativos a los impulsados por el imperialismo, en ese sentido consideramos importante que exista un acercamiento a los Brics+, además de volver a darle centralidad a la participación uruguaya en ámbitos como Celac y Unasur, entendiendo que la suerte del continente se define por el grado de unidad de los pueblos y gobiernos latinoamericanos.
Por otro lado un futuro gobierno del Frente Amplio deberá tomar decisiones que contribuyan a la diversificación de la matriz productiva, a la diversificación de nuestra producción, al agregar valor a la producción local y comenzar a romper la dependencia extrema que tiene nuestra economía -esto es un rasgo característico de la mayor parte de las economías sudamericanas- del sector agroexportador.
Estas decisiones deberán estar ligadas a una potente política redistributiva de la riqueza generada a partir del trabajo de los uruguayos, evitando que los beneficios de la explotación de la riqueza de nuestra tierra terminen en los bolsillos de un puñado de familias y capitales extranjeros. La redistribución se deberá traducir en aumentos de los salarios y las jubilaciones retomando el ritmo de crecimiento previo a la llegada de la derecha al gobierno.
Es menester para el Uruguay una fuerte inversión en educación, debiendo destinar el seis por ciento del PBI en educación y el uno por ciento del PBI para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Se tendrán que revertir los efectos nocivos de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Lacalle, restituyendo la participación docente en la gobernanza de la educación. En ese sentido el programa del FA prevé la realización de un “Congreso nacional de Educación” cuyas conclusiones sean “orientaciones políticamente vinculantes” en donde se recojan los aportes de la sociedad toda.
Otra de las tareas urgentes tiene que ver con la reestructura de las políticas sociales que apunten no solo a atender la emergencia social, sino que sean un punto de partida en la elaboración de políticas que tiendan a resolver los problemas de pobreza, miseria y exclusión de una parte importante de nuestra sociedad. En tal sentido será necesaria una fuerte inversión en vivienda, en salud y en políticas de empleo.
El próximo gobierno del FA, deberá consolidar los avances en derechos que se conquistaron en los tres lustros de gobierno popular, y continuar trabajando en el reconocimiento de derechos que se siguen negando a una parte considerable de la población. Así mismo deberá reforzar y reafirmar el compromiso del Estado en la búsqueda de los compañeros y compañeras detenidos/desaparecidos, en las políticas de memoria y en el juzgamiento de los violadores de los Derechos Humanos durante el periodo del Terrorismo de Estado.
Cuanto se pueda avanzar en estos puntos dependerá del grado de organización popular que se sienta participe de un proceso de trasformaciones, que impulse y reclame a su gobierno el cumplimiento del Programa de Gobierno, dependerá del grado de compromiso y acción de las organizaciones sociales y los sindicatos, dependerá en última instancia de la correlación de fuerzas a la interna del propio FA, en donde, como repetía incasablemente Rodney Arismendi, el tamaño del Partido es el problema cardinal.