Desde diferentes organizaciones sociales, sindicales, políticas y de Derechos Humanos se salió al cruce de la presión que la Gestión Zdero viene ejerciendo sobre las defensoras general y adjunta del Poder Judicial de esa provincia.
“El Gobierno viene desplegando constantes y sistemáticos ataques contra la Defensa Pública, motivados por su rol en la defensa de los derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad”, denuncia un documento que lleva las firmas de más de cuarenta actores institucionales, referentes sociales y políticos del Chaco, en el que se advierte sobre las reiteradas descalificaciones públicas que funcionarios provinciales vienen haciendo hacia la labor de los defensores oficiales.
Esta campaña se objetiva fundamentalmente sobre Alicia Alcalá y Gisela Gaúna Wirz, quienes respectivamente son las defensoras general y adjunta del Poder Judicial del Chaco a quienes se acusa falazmente de priorizar la defensa de “delincuentes” por encima de los intereses del resto de la sociedad, pero también se les recrimina una supuesta motivación política en las decisiones que adoptan.
Al respecto, el documento que entre otros suscriben el -Partido Comunista, hace pública la solidaridad de los firmantes y exige que cesen los ataques que realiza la gestión encabezada por Leandro Zdero contra las funcionarias que llevan adelante su tarea profesional vinculada a la defensa de los derechos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y alerta que “esta hostilidad discursiva se complementa con acciones concretas que obstaculizan la labor de la Defensa Pública”, entre las que figura el impedimento del acceso de la defensora general adjunta a un establecimiento penitenciario, algo que intentó hacer en el marco de una acción de hábeas corpus que interpuso junto al Comité de Prevención de la Tortura, relacionada con la implementación de medidas restrictivas respecto del uso de teléfonos móviles dentro de la unidad.
Por ello la defensora denunció a la cúpula del Ministerio de Seguridad que preside Hugo Matkovich, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejámenes a raíz de la exhibición de personas privadas de su libertad sin la autorización de los jueces competentes, que fueron trasladadas tras los pedidos de hábeas corpus interpuestas por la Defensa Pública.
Con este telón de fondo, el documento destaca “la labor que viene desarrollando la Defensa Pública en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la acción de amparo presentada a favor de las comunidades wichí del Impenetrable chaqueño” y recuerda que en ese caso se obtuvo una medida cautelar que ordena al Estado provincial garantizar el acceso al agua y la alimentación de los integrantes de esa comunidad, algo que hasta ahora no cumplió la Gestión Zdero.
Y por todo esto, los firmantes denuncian que la Defensa Pública del Chaco “está siendo objeto de una sistemática campaña de hostigamiento por parte del gobierno provincial, como represalia por el desempeño de las funciones que le son propias”, pero también sostienen que esta situación “representa un grave riesgo para el Estado Constitucional de Derecho, el derecho de defensa y la efectiva vigencia de los derechos humanos en la provincia”.
Consultado el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Gerardo Etcheverry, expresó que en este caso, “el ataque contra la defensa pública chaqueña se debe a que denunciaron el circo ‘a lo Bukele’ que hizo la jefatura policial de esa provincia, invitando a presenciar un traslado de detenidos que según la normativa local, debía ser reservado”.
En tal dirección resaltó que “la afirmación de que los defensores oficiales serían enemigos de la sociedad porque defienden a las personas acusadas de delitos, es muy similar a la que también realiza la derecha contra los organismos de Derechos Humanos” y puntualizó que en ambos casos “son afirmaciones falsas, en primer lugar porque desconocen que unos y otros defienden muchos derechos que nada tienen que ver con las cuestiones penales, como el derecho a la vivienda o a la salud”, al tiempo que “toman querellas contra autores de determinados hechos delictivos como por ejemplo, casos de gatillo fácil o de lesa humanidad en el caso de los organismos”.
Y, por otra parte, advirtió el abogado de la Ladh, “cuando se defiende los derechos de las personas acusadas de algún delito, se están defendiendo los derechos de todas las personas, ya que nadie en nuestro país puede afirmar que jamás será acusado penalmente”, pero asimismo “quienes atacan a la defensa pública y a los organismos de Derechos Humanos son quienes, con un total doble discurso, se niegan a investigar los crímenes cometidos por las fuerzas policiales y de seguridad contra Rafael Nahuel, Santiago Maldonado o Pablo Grillo”.
Además del PC, suscriben esta declaración la Asociación Justicia Legítima Nordeste, Asociación Pensamiento Penal capitulo Chaco, Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Nordeste, Fundación Napalpí, Consejo Provincial de la Nación Moqoit, Equipo Memorial Napalpí, los representantes wichí en el Consejo Participativo Indígena Gustavo Matorras y Aurelio Fabián, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Resistencia, la Comisión Permanente por los Derechos Humanos, Asociación de ex Detenidos Políticos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hijos, Red por la Identidad e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
También el Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, la Asociación Al Fin Justicia, Bandada, feminismos entre rejas, Asociación de Docentes e Investigadores de la Unne, CTA de los Trabajadores, Unión de Trabajadores de la Educación, Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco, el Frente Grande, Colectivo Nacional y La Cámpora.
