Los organismos de Derechos Humanos repudiaron la nueva represión perpetrada por fuerzas federales contra jubilados que se manifestaban ante el Congreso Nacional.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) es uno de los organismos que hizo público su repudio a la represión desatada el miércoles pasado por las fuerzas federales comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, frente al Congreso Nacional, que esta vez volvió a objetivarse contra trabajadores jubilados y pensionados que se manifestaban pacíficamente en una de sus habituales rondas.
Y también demandaron que se pusiera en libertad a los compañeros Guillermo y Gabriel Berrozpe, quienes fueron golpeados y detenidos arbitrariamente cuando se acercaron hasta el acto, para expresar una actitud militante y solidaria. Por los golpes que les propinaron y a raíz de la falta de atención médica, ambos sufrieron desmayos y tuvieron que ser trasladados al Hospital Ramos Mejía, después de que pasaran varios minutos en los que insistentemente se reclamaba una debida atención. La excarcelación de los compañeros se concretó finalmente algunas horas más tarde.
“Es inaceptable que se despliegue tamaña cantidad de efectivos policiales y de otras fuerzas, ante una convocatoria de personas adultas mayores que tienen el legítimo derecho de manifestar y reclamar por sus derechos conculcados”, señalaron los organismos entre los que están la Ladh, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Apdh La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte.
Y añadieron que “el ensañamiento con que se ejerce esta represión brutal y desmedida busca instalar en la sociedad el miedo y el disciplinamiento, y ocupar la agenda mediática con estos hechos aberrantes mientras continua el saqueo económico y la destrucción del Estado de Derecho”.
En tanto que destacaron el ejemplo de “todos aquellos que en todo el país se movilizan y se solidarizan con quienes sufren el ajuste y el cercenamiento de sus derechos” y exigieron que “se investigue y sancione a los responsables de esta acción evitable y represiva”.
Al cierre de esta edición se conocía otro capítulo más de la escalada de represión y persecución política del gobierno neofascista y ulraliberal de Milei, que en esta ocasión tiene como víctimas de otra detención arbitraria al compañero Rafael Klejzer y a la compañera Laura Britto de La Dignidad, que reclamaban contra el despido de 400 trabajadores enrolados en la UTEP.
