En Washington, Sergio Neiffert y Alejandra Monteoliva, suscriben el primero de los acuerdos previsto entre el Centro Nacional Antiterrorista y el Buró Federal de Investigaciones estadounidense.
Sergio Neiffert y Alejandra Monteoliva viajan hacia Estados Unidos para suscribir el que será el acuerdo con el que va a debutar el flamante Centro Nacional Antiterrorista, cuya creación fue plasmada no hace mucho, por medio del decreto 717/2025 que lleva la firma de Javier Milei. Neiffert es el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), en tanto que Monteoliva funge como número dos de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional.
Ambos funcionarios van hacia Washington con la misión de firmar un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El alcance que tendrá se pierde en una densa niebla atravesada por el secretismo, pero tal como lo reconoció la propia Patricia Bullrich, será el primero de varios convenios posteriores.
Esto es, al menos, lo que la titular de la cartera de Seguridad Nacional reveló, sin ocultar su orgullo, cuando días atrás llevó su campaña por una banca en el Senado Nacional hasta el set del canal de streaming Carajo, donde se instaló para conversar amablemente con Daniel Parisini, alias El Gordo Dan.
Paradójicamente, la ministra de Seguridad no aprovechó la oportunidad para preguntar a su interlocutor por qué motivo, hace apenas tres meses, demandó que Milei saque “tanques a la calle” y convocó a “dinamitar el Congreso”, ya que no le gustó que el Senado aprobara la Ley de Emergencia en Discapacidad y aquellas que preveían una módica recomposición en los haberes jubilatorios y que se restablezca la moratoria previsional. Queda claro que desde la particular mirada de Bullrich, atacar por asalto el Palacio Legislativo no constituiría entonces un acto de terrorismo.
Así las cosas, la creación del Centro Nacional Antiterrorista responde a la necesidad constante que la Presidencia Milei tiene de contentar a EE.UU., pero también a la clase capitalista para la que suena como música en sus oídos la “guerra contra el terrorismo” que tiene en Patricia Bullrich a uno de sus principales cruzados.
Esta peregrinación hacia las oficinas del FBI para brindar instrucción a los servicios de inteligencia vernáculos busca perfeccionar el relato del “enemigo interno” para actuar en consecuencia. Según se supo, esto fue acordado en una de las recientes visitas que Milei hizo a Estados Unidos.
La construcción de ese “enemigo interno” incluye a todos los actores que se oponen al esquema político, económico y social que sustenta al gobierno, sobre todo si se tata de aquellos que se organizan y ganan las calles para hacerlo.
En ese camino, uno de los principales objetivos elegidos desde hace muchos años por Patricia Bullrich es la comunidad mapuche, algo que ratificó hace alrededor de un mes cuando el gobierno nacional decidió incluir a miembros de la Lafken Winkul Mapu y otros integrantes de la comunidad mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo.
Ante esto, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina presentó una demanda penal contra Bullrich y su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quienes les imputa haber cometido el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” por la declaración que hicieron respecto al colectivo mapuche.
“El único dato en común que poseen los casos del listado elaborado por el Ministerio de Seguridad es que todos los involucrados son personas que pertenecen al pueblo mapuche, lo que constituye un agravante a su conducta disvaliosa, por tratarse además de actos discriminatorios”, recalcó La Gremial en la causa que ahora tramita en el Juzgado Federal 12.
