El ejecutivo de la Ciudad pretende avanzar con el Plan Urbano Ambiental. Dos miradas con matices ¿Será posible construir otra desde abajo?
Los legisladores oficialistas de la Ciudad de Buenos Aires, avanzan en la modificación del Plan Urbano Ambiental (PUA) para adecuarlo a las sanciones de los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación, para lo que crearon un Consejo.
Significativamente, este espacio es integrado sólo por legisladores de Vamos Juntos, la UCR y GEN, lo que deja afuera a la oposición parlamentaria desde donde se denunció que lo que se está buscando es seguir avanzando en “favorecer proyectos inmobiliarios”.
El Consejo debe redactar y actualizar el PUA, que es la Ley que es la ley marco a la que se tiene que ajustar la política urbana, pero también tiene que estudiar y autorizar proyectos inmobiliarios para la Ciudad.
Todo esto en un contexto en el que, primero con Mauricio Macri y después con Horacio Rodríguez Larreta, la gentrificación fue la excusa perfecta para que el Estado estableciera criterios que favorecen abiertamente al negocio inmobiliario.
La propia problemática habitacional y el abordaje a partir de este tipo de criterios, lejos están de ser exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a estimaciones oficiales, para satisfacer la necesidad de personas que tienen problemas habitacionales, en Argentina faltan alrededor de 3,5 millones de viviendas.
Según trabajos hechos por organizaciones no estatales, la cifra del déficit habitacional se eleva a cuatro millones.
Por supuesto que los afectados son personas socialmente vulnerabilizadas como trabajadores empujados a relaciones laborales informales y la desocupación, pero también sectores de ingresos medios a los que se les complica acceder a créditos que puedan sostener.
Todo este universo, sumaría algo así como doce millones de personas, lo que significa uno de cada tres argentinos.
Telón de fondo
Pero con este telón de fondo y de acuerdo a los datos que aporta el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), en la Ciudad de Buenos Aires hay 138.328 viviendas ociosas, esto es, casi el diez por ciento de las viviendas están vacías.
Esto es algo que cobró todavía más crudeza en los tiempos de pandemia que tocan vivir. Mientras todas esas viviendas permanecen vacías, como consecuencia de la especulación del que es uno de los mercados más parasitarios y rentables del país, cientos de miles se ven obligados a cumplir la cuarentena en un contexto de hacinamiento.
La dicotomía que se plantea es clara ¿La vivienda es el hogar donde habitar, construir proyectos, relaciones y sueños o debe ser una mera mercancía inserta en una cadena de valor que busca maximizar su propia tasa?
Aceptar que existen estas miradas antagónicas permitiría cambiar el eje del debate que, al menos por ahora, parece focalizarse en las perspectivas que aportan los que quieren una gentrificación “buena” y los que la prefieren a cara de perro.
Para unos la cosa debería quedar, exclusivamente, en manos de bancos y fondos de inversión metidos al negocio inmobiliario, que vienen liderando este proceso desde la década de los 90, sobre todo, en las grandes ciudades.
Para los otros, la cosa pasa por la intervención de mecanismos estatales que actúen para que esta transformación de la forma de acceso a la vivienda, esté regulado para que garantice el negocio, pero de maniera “amigable”.
Pero ambos coinciden en que es irreversible y hasta necesario este proceso de gentrificación por el que, a caballo de machacar conceptos como “puesta en valor de la ciudad”, la corporación del negocio inmobiliario se va comiendo los barrios populares.
La consecuencia fundamental es la expulsión de las personas que viven ahí. Para una mirada esa expulsión es a la nada misma y para la otra a barriadas populares ubicadas en la periferia urbana y, por ende, alejados de los lugares de trabajo, centros de salud, educación, esparcimiento y recreo.
Pero no sólo esto. En todos los casos esto supone la desarticulación del barrio como espacio político, de resistencia y solidaridad de clase ¿Acaso la problemática de la vivienda en lugares como La Boca está aislada de la de la falta de trabajo y su precarización, los bajos ingresos y la represión que sufren muchos de los que viven ahí?
La construcción del relato que se hace desde arriba pretende, entre otras cosas, imponer la idea de una ciudad/territorio que deja de ser calle para convertirse en espacio público, limpio y sin conflicto.
Estos relatos aspiracionales abonan la idea de esta “ciudad de clase media”, que exalta el derecho a la propiedad privada, paradójicamente, en una ciudad en la que cada vez cuesta más acceder a la propiedad de algo tan esencial como un techo.
Todo en un espacio del que, por las buenas o por las malas, se invisibiliza al otro pobre y cercano. Y, con esto, se pretende hacer lo propio con las luchas históricas y las relaciones sociales que construyen esta situación de pobreza y dominación.
Por eso es que a la hora de debatir qué se hace con esto del PUA, es prudente pensar que no tiene demasiado sentido buscar reproducir los mecanismos y dinámicas de explotación y especulación, que empujan a que miles de personas vivan en la marginalidad del sistema.
Porque, mirándolo desde abajo, se advierte que este proceso de gentrificación en el que pretende avanzar el PUA, es otra manifestación estructural del actual momento de desarrollo capitalista.
