A esto convoca Apyme y hace hincapié en que resulta preciso construir una hoja de ruta que sea capaz de ayudar a que la sociedad argentina salga del actual atolladero, caracterizado por “un shock antiindustrial que representa el salto cualitativo del proceso de concentración y extranjerización que fue iniciado durante 1976”. A la par, convoca a debatir un programa alternativo de país, junto a las pymes, los trabajadores, el cooperativismo, la economía social, las universidades, el sistema científico técnico nacional, entre otros sujetos sociales agredidos por el modelo.
La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) convocó a que de manera urgente se debata “un programa alternativo de país” y recordó que en ese sentido viene reclamando “a través de la presentación de dos leyes, la Emergencia Pyme en lo tributario, laboral, energético y financiero”, algo que contribuiría a paliar la situación del sector. En tal dirección, hizo hincapié en que las pymes dependen de un activo mercado interno en el que el salario, las jubilaciones y el funcionamiento de la economía en el interior del país resulta vital.
Al respecto, desde la entidad también se recalcó el vínculo directo que existe entre “la supervivencia de Argentina como Nación soberana con perspectiva de desarrollo” y el sector Pyme. Sobre este tema, se explicitó que “la crisis del entramado productivo no responde a errores ni a un escollo pasajero, sino que es consecuencia directa de la ejecución deliberada de un programa económico diseñado para excluir definitivamente a la industria nacional del futuro del país”.
Al momento de contextualizar el escenario en el que estamos parados, Apyme ubicó que “el presente shock antiindustrial representa el salto cualitativo del proceso de concentración y extranjerización que fue iniciado durante 1976”, al amparo de la Dictadura, y en esa misma línea es que ahora “los sectores financieros especulativos, las cúpulas corporativas y el capital transnacional buscan instaurar una economía de enclave extractivista, agrominería y energía sin valor agregado, más un esquema del 80/20, una minoría hiperconcentrada ligada a la primarización y un ochenta por ciento de la población empujado al desempleo y la marginalidad”.
A ese contexto adverso se suma “el asfixio a las pymes mientras se beneficia a grandes evasores, se desmantela la ciencia y la tecnología, se ataca a las universidades, el Conicet, el Inti, el Inta y se establece un blindaje normativo pensado para maniatar cualquier proyecto futuro que apueste a la producción nacional”. Todo se da en medio de instrumentos como el DNUU 70/2023, el Rigi, la reforma del Banco Central y el megaendeudamiento que sigue avanzando respecto al Fondo Monetario Internacional.
Por eso es que Apyme insistió en que resulta preciso convocar “de modo urgente a debatir un programa alternativo de país, junto a las pymes, los trabajadores, el cooperativismo, la economía social, las universidades, el sistema científico técnico nacional, entre otros sujetos sociales agredidos por el modelo”. Y para eso es que la entidad postula la necesidad de que se recupere el “papel activo del Estado y restitución de derechos, con urgente revisión del marco legal desregulador a partir del DNU 70/23”.
Ese programa político con una construcción multisectorial desde las bases, debe contemplar la reindustriabilización con transferencia tecnológica, el apoyo federal a las economías regionales, el fomento Mi Pyme y jerarquización institucional, ya que “las pymes perdieron categoría a nivel nacional y provincial”.
Junto a esto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios también propuso una reforma tributaria progresiva para que “no caiga el impuesto sobre el monotributista y el IVA, sino sobre quienes tienen capacidad de pago”, así como también para “la democratización del crédito y la banca de desarrollo para que la actividad crediticia sea un bien de carácter social y económico y no una forma de obtención de espectaculares ganancias”.
Además, Apyme sumó a sus postulados para revertir este rumbo, la necesidad de que se creen empleos dignos y el rechazo a la flexibilización. Para cuyos objetivos, resaltó el papel que deben jugar un “fuerte impulso al mercado interno y el control antimonopólico”, así como el control nacional sobre infraestructura crítica y recursos estratégicos “que no pueden quedar en manos de grupos monopólicos extranjeros que lo único que persiguen es obtener la mayor ganancia posible en el tiempo más corto”. De manera que, a la par de estas medidas, la entidad Pyme abogó por una “integración regional con perspectiva multipolar y autónoma”.
