En el marco de una pandemia mundial, que mantiene en vilo a gran parte de la población y a las autoridades sanitarias de todo el planeta, en Argentina las empresas de medicina prepaga pretenden sacar ventajas y extorsionar al Estado, pidiendo una baja de impuestos, para poder hacer frente al Covid-19
La pandemia por el Covid-19 está dejando en evidencia en todo el mundo a los detractores de la salud pública, en tanto que también expone las deficiencias de los sistemas sanitarios mercantilizados, allí donde la política neoliberal ganó terreno en las últimas décadas. Argentina, que a pesar de los gobiernos de Menem en los años noventa y del macrismo en el último período, cuenta con un sistema de salud público robusto pero con los problemas propios de la desfinanciación neoliberal: en este contexto, las empresas de medicina prepaga y clínicas privadas exigen una baja de impuestos y alertan que el sector, que aumentó sus planes de forma desproporcionada entre 2015 y 2019, está en riesgo. La ambición empresarial no tiene escrúpulos, ni siquiera en tiempos de pandemia.
Uno de los primeros en alzar la voz fue Miguel Blanco, director de Swiss Medical Group —cuyo principal accionista es Claudio Belocopitt, dueño también de la señal de televisión América—, quien manifestó que “hay riesgo de que se produzca una quiebra generalizada en el sistema de salud” y aprovechó la oportunidad para reclamar una baja de impuestos y la baja del gasto público.
Tras los dichos de Blanco, el sector de la medicina prepaga se manifestó orgánicamente a través de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), que través de un escrito dirigido al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, manifestaron que según sus intereses las compañías del sector enfrentan una “gravísima crisis económica y financiera que sumada a la situación de emergencia que ha generado el virus COVID-19" les impide "contar con los recursos para afrontar cualquier negociación de recomposición salarial que se plantee, con una propuesta mínimamente conducente”.
El comunicado de Adecra también incluyó a la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), quienes aducen que el sector atraviesa una “grave situación” y se manifestaron en “estado de alerta” a pesar de que, por ejemplo, el año pasado las prepagas aumentaron un 62 por ciento, muy por encima de cualquier acuerdo paritario e incluso 12 puntos arriba de la inflación, lo que sin dudas los incluye en el grupo de privilegiados por el macrismo.
El sector de la medicina prepaga fue uno de los grandes beneficiados por la política de desregulación del macrismo, a pesar de que ahora argumentan que la megadevaluación los perjudicó. Sin embargo, vale recordar que en el período 2015-2019 las prepagas aumentaron sus precios un 330 por ciento. Esto, implicó que al año pasado la cuota de una prepaga implique el 70 por ciento de una jubilación mínima y el 30 por ciento del salario promedio en Argentina. En síntesis, durante el gobierno de Macri los aumentos autorizados en las cuotas de las prepagas, por ejemplo, superaron continuamente a los aumentos salariales: en 2016 superaron a los salarios en un 10 por ciento, en 2017 un 5, en 2018 un 11 y en 2019, finalmente, un 12 por ciento.
De esto se desprende que lejos de tratarse de un sector “en crisis”, las empresas de medicina prepaga ganaron por encima de los aumentos salariales y de la inflación, situación que los coloca entre los ganadores del modelo económico del macrismo junto a los agroexportadores, las empresas prestadoras de servicios públicos, los bancos y las empresas de telecomunicaciones.
En este contexto de emergencia sanitaria, mientras las empresas de medicina aprovechan para pedir una baja de impuestos y del gasto público, la CTA y la CGT pusieron a disposición del Estado los hoteles sindicales y las obras sociales para colaborar ante un posible colapso del sistema público de salud, en el marco de una pandemia que aún no se sabe cómo se va a seguir desarrollando. Semejante falta de escrúpulos motivo que la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, manifestara a través de su cuenta de Twitter que los dueños de clínicas y prepagas “son unos hijos de puta” (sic), calificación que los describe y que, huelga decirlo, está en su naturaleza de clase.
Los ventajeros de siempre
