La Justicia Federal habilitó que se aplique en Rosario la Ley 27786 que, con la excusa de controlar el delito del narco, habilita a que el esquema comandado por la ministra de Seguridad “pueda criminalizar a dirigentes o a cualquier partido político u organización social o sindical”, tal como oportunamente se advirtió desde el PC de la provincia de Santa Fe.
Respondiendo a un pedido que hizo el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich, la Justicia Federal habilitó que se aplique en Rosario la Ley 27786, conocida como “Antimafias”, que fue sancionada en Argentina el 20 de febrero de 2025 y que de una manera sumamente particular redefine la caracterización de las organizaciones criminales y en consecuencia aumenta las penas para sus integrantes.
Quien estampó su firma en el documento que le da luz verde a esta norma es el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien determinó que por primera vez haya una zona de investigación especial en barrios rosarinos, algo que celebró la cartera a cargo de Bullrich por medio de una publicación en sus redes sociales en la que destaca que lo hizo “a pedido del Ministerio de Seguridad Nacional”. Además recalcaron desde el ministerio que “la medida permite aplicar herramientas extraordinarias para investigar, perseguir y desarticular a bandas narcocriminales con fuerte presencia territorial”.
“Se conformó un Equipo Conjunto de Investigación entre fiscales federales y provinciales para coordinar acciones y compartir información de manera directa”, aseguraron. En tanto que la propia Bullrich sostuvo que se trata de una herramienta clave para “ir a fondo” y amenazó con que “cae uno, caen todos”.
“Se castiga el delito y la pertenencia a la estructura mafiosa. Las mafias no son invencibles. Con decisión política y leyes firmes, se puede”, sostuvo Bullrich con tono de candidata en campaña. Mientras se prevé que la ministra de seguridad encabece la lista de candidatos a senadores de la Libertad Avanza por CABA; José Luis Epert, quien supo hacer giras por todo el país buscando votos montado a una avioneta del narcotraficante Fred Machado (hoy preso en Neuquén y con pedido de extradición de Estados Unidos), haría lo propio en la lista de diputados por la Provincia de Buenos Aires.
No queda muy claro a qué se refiere Bullrich cuando habla de mafias. Hace dos meses Rosario fue designada “Zona sujeta a investigación especial”, lo que amenaza con convertirla en un territorio puesto al servicio de su experimento. En aquella ocasión el secretario del Partido Comunista de la provincia de Santa Fe, Norberto Champa Galiotti, advirtió que “se ensaya algo muy complicado con la excusa de controlar el delito del narcotráfico, cuando en realidad lo están regulando, no controlándolo”.
Cabe señalar que esta decisión del Ministerio de Seguridad Nacional que fue respaldada por el gobernador Maximiliano Pullaro, pone en marcha la aplicación de una norma por la que las fuerzas comandadas por Bullrich van a poder caracterizar como una “organización criminal” a cualquier grupo de tres o más personas “que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúen concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. Pero quien va a evaluar en el territorio que esas personas estén actuando de tal manera no será otro que el Ministerio de Seguridad de la Nación y sus agentes federales.
Al respecto cabe recordar que un antecedente de este mecanismo que se va a implementar puede encontrarse en el Plan Bandera, que entre bombos y platillos fue presentado en diciembre de 2023 por Bullrich, Pullaro y el intendente Pablo Javkin. En la práctica sólo logró que “los negocios del narco sigan creciendo en Rosario, aunque se hayan organizado y emprolijado”, tal como lamentó Galiotti.
“Ahora la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la mafiosa policía de Santa Fe incrementan su participación en este Plan cuyo verdadero objetivo es el control social”, alertó el dirigente comunista.
Sin dudarlo Galiotti afirmó que lo que se ensaya en Rosario bajo la excusa de controlar el delito del narco, no es otra cosa que “su regulación”., al tiempo que esta ley habilita a que el esquema comandado por la ministra de Seguridad “pueda criminalizar a dirigentes o a cualquier partido político u organización social o sindical, porque dice que si a alguien se lo acusa por ser parte de una organización mafiosa, paga toda la organización”.
Además, añadió que resulta gravísimo “que las investigaciones sean secretas y por ello puedan utilizar servicios de inteligencia no contra el narco, sino contra dirigentes y militancia política y sindical” y, en definitiva, “contra cualquiera que se les oponga”. Para Galiotti queda claro que bajo la excusa de combatir al narcotráfico “se ejerce una peligrosa forma de control social”.
El problema del narcotráfico es complejo y se vuelve peor cuando las recetas que se buscan provienen desde el norte, que es hacia donde mira recurrentemente la derecha que actúa en el país. En este sentido, debemos recordar que ya a mediados de 2022 el intendente Javkin anduvo de gira por EE.UU. donde no perdió la oportunidad para asesorarse con “especialistas” en seguridad y represión vinculados al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, una iniciativa que estuvo en sintonía con la política que por entonces implementaba el gobernador Omar Perotti, quien fue asesorado por la Embajada de EE.UU. y suscribió convenios de asistencia técnica para la “lucha contra el narcotráfico” con instituciones policiales de Israel.
