La decisión del gobernador bonaerense de congelar por ciento ochenta días las tarifas eléctricas beneficia a un millón y medio de usuarios e implica un cambio en la política energética. Ahora, es necesario avanzar en la estatización del servicio de distribución
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, congeló por ciento ochenta días las tarifas eléctricas. La medida, que beneficia a un millón y medio de usuarios, suspende un aumento que había sido dispuesto por María Eugenia Vidal antes de abandonar la gobernación.
La suspensión, que fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia mediante la resolución 20/2020 y que lleva la firma del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Pablo Simone, impide a las empresas distribuidores Edelap, Edea, Eden y Edes hacer efectivos los aumentos previstos. En efecto, la decisión de congelar tarifas se inscribe en el marco de la Ley Nº 15.165, que declaró el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en la provincia de Buenos Aires.
La medida es coherente con el cambio de rumbo político y económico a nivel nacional y provincial. En concreto, con esta decisión se corta una larga cadena de favores y beneficios para el empresario energético y financista Rogelio Pagano, uno de los preferidos de Vidal, exejecutivo de Pampa Energía —de Marcelo Mindlin y Joe Lewis, amigos personalísimos de Mauricio Macri— y administrador de Eden, Edea, Edes y Edelap.
La posición de Pagano en el sector energético bonaerense es inédita y solo puede explicarse a partir del apoyo indispensable de la exgobernadora Vidal. Gracias a Vidal y la política tarifaria del macrismo, Pagano logró monopolizar la distribución de la energía eléctrica en la provincia, violando el marco regulatorio vigente. De esta manera, el empresario y financista se apropió de la distribución de energía en toda la provincia de Buenos Aires menos el conurbano bonaerense en la que, ¡oh casualidad! se lo reparten entre Edenor — Mindlin -Lewis— y Edesur —Caputo—.
Pagano usó como trampolín para su posición privilegiada a Pampa Energía y Edenor tal como lo hizo uno de los empresarios favoritos del macrismo: Marcelo Mindlin. Este último —que se acercó al gobierno de Alberto Fernández en las últimas semanas— fundó un verdadero imperio económico gracias a los tarifazos de Aranguren y compañía. Con las ganancias de estos compró Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente y señalado como uno de los testaferros de la familia Macri.
Desde los primeros tarifazos a comienzos de 2016, en las notas de este diario alertamos que el esquema de tarifas impuesto por el macrismo tenía como propósito el rediseño de la estructura económica y el saqueo de la riqueza para favorecer a los grupos económicos. En parte, este objetivo fue alcanzado: junto a bancos y agroexportadores, las empresas prestadoras de servicios públicos, especialmente las energéticas, fueron las grandes ganadoras de la política económica de la gestión Cambiemos.
Es claro que la decisión del gobernador implica un cambio de 180 grados en la orientación económica de la política económica. Pero si se tienen en cuenta los profundos cambios que realizó el macrismo a favor de los sectores concentrados y dominantes de la economía, queda claro que para revertir la situación se necesita avanzar en contra del rediseño económico-social impuesto por la derecha en el período 2015-2019.
Como sostuvieron este miércoles último los comunistas frente al Congreso, junto a un amplio abanico de organizaciones populares, la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario y con los especuladores de siempre. Esa deuda, la interna y social, es la que no puede esperar y demanda la aplicación urgente de política públicas que además de atacar el hambre y la indigencia, promuevan el empleo formal y el consumo con el propósito de fortalecer el mercado interno, la industria nacional, las economías regionales, la agricultura familiar, etc.
Medidas como la desdolarización de las tarifas de servicios públicos —faena que es necesario iniciar ya y con prisa— y la estatización del servicio de distribución en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires —que todavía se encuentra en manos de los empresarios favoritos del macrismo— implicaría, más que un cambio de orientación en la política económica, un primer paso hacia la recuperación económica y el fortalecimiento del Estado, al tiempo que permitiría rediseñar la política energética para favorecer a aquellos que en los últimos cuatro años debieron afrontar tarifazos imposibles de pagar.
Punto de partida
