Una multitud colmó las inmediaciones del Congreso para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al DNU 70/2023. Mientras el gobierno de Milei conseguía, gracias a sus aliados reconocidos y a otros que se dicen opositores, impedir el quórum en Diputados, las fuerzas de seguridad desataban una brutal represión contra los manifestantes. El Partido Comunista y la Fede dijeron presente en una jornada en la que Jorge Kreyness, Secretario General del PC, condenó “la feroz represión de las fuerzas de seguridad federales y de CABA a la gran movilización contra las políticas de Milei”.
La jornada de este jueves dejó una postal tan contundente como reveladora del momento político que atraviesa nuestro país. Mientras una multitud colmaba la Plaza Congreso y sus alrededores para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al decreto 70/2023, el gobierno de Javier Milei conseguía, con la colaboración de sus aliados, impedir que la Cámara de Diputados sesionara para tratar la derogación de uno de los principales instrumentos jurídicos de su programa de entrega y saqueo. A la maniobra parlamentaria le siguió una represión salvaje contra los miles de trabajadores, estudiantes, jubilados y manifestantes que habían salido a las calles para defender sus derechos. Así, entre la complicidad de buena parte de la denominada oposición y el despliegue de las fuerzas represivas, el gobierno volvió a exhibir los dos pilares sobre los que pretende sostener su política antipopular. Como denunció Kreyness, la represión “es la única respuesta que tienen frente a las crecientes demandas populares”. La entrega en el recinto y los palos en la plaza constituyeron las dos caras de una misma ofensiva contra el pueblo argentino.
Por su parte, Milei celebró la pulseada ganada ayer en el Congreso desde Estados Unidos, a donde viajó por decimonovena vez desde que inició su mandato, para recibir el premio de “Campeón mundial de la libre empresa”, otorgado por la Cámara de Comercio yanqui. A su vez, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en modo Milei, justificó la represión, afirmando que fue contra “zurdos delincuentes que quieren instalar la barbarie”.
Cabe resaltar que el favor al gobierno ayer se lo hicieron varios diputados que llegaron a sus bancas diciendo defender íntereses “nacionales y populares”. Incluso un par de ellos, Paulo Tita (de Ushuaia) y Estela Neder (de Santiago del Estero), siguen enrolados en Unión por la Patria y al cierre de esta edición todavía no habían sido separados del espacio que pretende presentarse como una alternativa política en el futuro inmediato. El resto de la lista de cómplices del mileísmo para que el DNU siga en pie son: Gisela Scaglia (Provincias Unidas), José Núñez (Provincias Unidas), Sergio Capozzi (Provincias Unidas), Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Jorge Rizzotti (Provincias Unidas), María Inés Zigarán (Provincias Unidas) , María Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Alejandra Torres (Encuentro Federal), Yolanda Vega (Argentina Federal), Daniel Vansick (Argentina Federal), Gerardo González (Argentina Federal) y Claudio Álvarez (Argentina Federal).
La quinta Marcha Federal Universitaria constituyó una nueva demostración de la capacidad de movilización popular frente a las políticas de ajuste y destrucción de derechos que impulsa la administración libertaria. Convocados para exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con una ley aprobada por el Congreso y respaldada por sucesivos fallos judiciales, docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias volvieron a ganar las calles en defensa de la educación pública. El reclamo, sin embargo, excedió ampliamente a la comunidad universitaria y reunió a organizaciones sindicales, políticas y sociales, colectivos de personas con discapacidad, jubilados y trabajadores golpeados por el endeudamiento familiar. Bajo la lluvia, la multitud hizo oír su rechazo a un programa económico que condena a las mayorías populares al empobrecimiento mientras garantiza extraordinarios beneficios a los sectores más concentrados del capital. Entre las numerosas columnas que participaron de la movilización estuvieron las del Partido Comunista de la Argentina, la Federación Juvenil Comunista y el Movimiento Universitario de Izquierda.
Pero mientras la calle ofrecía una contundente demostración de rechazo popular, puertas adentro del Congreso se consumaba una nueva maniobra al servicio de la Casa Rosada. La oposición reunió 121 diputados de los 129 necesarios para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del DNU 70/2023. Faltaron apenas ocho legisladores para abrir una sesión que también contemplaba iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el sobreendeudamiento de las familias argentinas. El gobierno consiguió impedirlo gracias a la colaboración mencionada, para la cual los gobernadores dialoguistas jugaron un papel central.
Entre los más serviciales para alinear a sus legisladores estuvieron los mandatarios de Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Neuquén y San Juan. Sectores del PRO vinculados con Horacio Rodríguez Larreta, también contribuyeron con sus ausencias a mantener en pie el principal instrumento de desregulación económica del gobierno nacional. Una vez más quedó expuesta la distancia que separa los discursos opositores que prometen defender los intereses populares de sus verdaderos compromisos políticos.
Lo ocurrido adquiere todavía mayor gravedad si se considera qué estaba en juego. El decreto 70/2023, dictado apenas iniciado el gobierno de Milei, constituye una pieza central de su ofensiva contra los derechos laborales, las regulaciones económicas y la soberanía nacional. Entre sus disposiciones se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la extranjerización del territorio argentino, una cuestión sobre la que la Corte Suprema produjo recientemente decisiones contradictorias y cuyo desenlace terminó favoreciendo la estrategia parlamentaria del oficialismo.
La posibilidad de rechazar el decreto representaba, por lo tanto, mucho más que una disputa legislativa circunstancial. Se trataba de golpear una herramienta fundamental del proyecto de subordinación económica y política del país a los intereses del gran capital y las potencias imperialistas. Sin embargo, los gobernadores que negocian recursos y concesiones con la Casa Rosada y legisladores que se presentan como opositores prefirieron garantizar la continuidad de ese programa antes que atender el reclamo expresado por una multitud en las calles.
Como si semejante demostración de servilismo político no fuera suficiente, el gobierno decidió responder a la movilización con una nueva y feroz ofensiva represiva. La manifestación, que se había desarrollado masivamente y de manera pacífica, fue atacada con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, en un operativo que se prolongó durante horas y dejó decenas de heridos y detenidos.
La aparición de un reducido grupo de encapuchados, cuya pertenencia a las organizaciones convocantes fue desconocida por numerosos manifestantes, sirvió de pretexto para descargar la violencia estatal sobre el conjunto de quienes participaban de la protesta. Estudiantes, trabajadores, jubilados, periodistas y personas con discapacidad quedaron expuestos a una represión absolutamente desproporcionada. Las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a actuar como instrumentos de disciplinamiento social al servicio de un gobierno que, incapaz de ofrecer respuestas a las demandas populares, pretende imponer mediante el miedo lo que encuentra cada vez mayores dificultades para sostener mediante el consenso. No obstante, le irá resultando cada vez más costoso desalojar movilizaciones por la fuerza mientras la bronca sigue en ascenso. Y eso es algo que ya empieza se empieza a percibir en las últimas convocatorias.
La denuncia formulada por Kreyness expresa una realidad que la propia jornada volvió imposible de disimular. La represión sistemática es la reacción inevitable de un gobierno con un programa antipopular y que día a día profundiza la crisis económica y social del país. Forma parte por ello de una política sistemática de intimidación y persecución contra quienes resisten el ajuste, defienden sus derechos y rechazan la entrega del patrimonio nacional. El contraste entre lo ocurrido dentro y fuera del Congreso permite reconocer tanto las dificultades como las potencialidades del momento político. Es indudable que la imposibilidad de alcanzar el quórum representó una derrota parlamentaria para quienes buscaban poner fin al decreto 70/2023 y un triunfo circunstancial para el gobierno y sus aliados. Pero también es cierto que la movilización dejó en evidencia la existencia de una creciente disposición popular a enfrentar en las calles las políticas de Milei, una disposición que ni las maniobras parlamentarias ni la represión consiguieron doblegar.
Frente a un oficialismo que sobrevive gracias a los acuerdos con sectores de una dirigencia política cada vez más alejada de las necesidades del pueblo, la organización y la unidad de los trabajadores y los sectores populares aparecen como condiciones indispensables para derrotar su programa. La jornada volvió a poner de manifiesto que la defensa de la educación pública, de los derechos sociales y laborales y de la soberanía nacional forma parte de una misma lucha contra el ajuste y la entrega.
Por eso, la multitudinaria movilización de este jueves no puede medirse exclusivamente por el resultado de una sesión parlamentaria que el gobierno consiguió frustrar. Su importancia reside también en haber reunido reclamos y sectores sociales diversos en una misma demostración de rechazo a las políticas ultraliberaes, fortaleciendo las condiciones para ampliar la resistencia popular. La brutal represión, lejos de borrar esa expresión colectiva, puso todavía más claramente de manifiesto el carácter antipopular de un gobierno que exige el cumplimiento de la ley a quienes se movilizan mientras desconoce las normas que el propio Congreso sanciona.
Las banderas rojas del Partido Comunista y de la Fede, presentes una vez más junto a los trabajadores y estudiantes, expresaron el compromiso de continuar construyendo esa unidad de lucha, sobre la que debe apoyarse una verdadera alternativa política. Porque si Milei consiguió esta vez salvar su decreto gracias a la complicidad de la casta política que decía combatir y a pedido de la casta económica para la que gobierna, no consiguió acallar a un pueblo que sigue movilizándose, que no se resigna a perder sus derechos y que demuestra una creciente voluntad de enfrentar y derrotar su proyecto de entrega y saqueo.
