La modificación de la Ley regulatoria de las tarifas de gas para las Zonas Frías obtuvo media sanción en Diputados semanas atrás. Si en Senadores se aprueba el texto al pie de la letra, más de tres millones de usuarios van a pasar a pagar aumentos siderales en sus boletas. En paralelo, por la inclusión de un artículo que había sido eliminado de la Ley de Presupuesto, de prosperar esta iniciativa oficialista el Estado avanzará con una brutal tranferencia de ingresos a favor de las empresas distribuidoras y transportadoras de energía en concepto de “activos regulatorios”. El ingeniero Juan Larrea, dirigente del PC de San Luis, analiza la estafa que se está cocinando en la siguiente columna.
El cuchillo debajo del poncho. Eso es el artículo 4 del proyecto del Ejecutivo Nacional que tiene media sanción de Diputados y que próximamente estará en el temario del Senado. Además de quitarnos la tarifaria diferencial de gas para las Zonas Frías en la mayoría de las provincias que estaban incluidas en dicho esquema, ¿cuánto nos seguirán robando con los denominados “activos regulatorios”?
En esta instancia, encubierto en la discusión sobre la anulación de la Zona Fría para más de 100 municipios de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras tantas incorporadas en 2021, por lo que ahora se mantendría un cuadro tarifario gasífero con subsidios sólo para la Patagonia, Malargüe y la Puna; subyace el intento de restablecer el rechazado artículo 74 del actual Presupuesto Nacional. El propósito de este punto excluído de la “Ley de leyes” daba luz verde a los denominados “activos regulatorios”, eufemismo bajo el cual se oculta el intento de reconocer las pretendidas “acreencias” de las distribuidoras y transportadoras de energía eléctrica entre 2003 y 2015, en virtud del congelamiento tarifario que estuvo vigente durante la Emergencia Económica que rigió en aquel período.
Vale la pena recordar que a lo largo de esos doce años estas empresas no pagaron un solo peso por el combustible adquirido ( gas natural, diesel, fuel oil, carbon), costo que debió absorber el Estado Nacional a través de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima). Si tomamos como ejemplo a la empresa Edenor, de la que dependen 3,39 millones de usuarios y abastece a más de nueve millones de personas, advertimos que mantiene en concepto del suministro consumido y no abonado una deuda con el Estado Nacional de trescientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho millones de pesos, cifra debidamente medida a partir del total de la energía consumida en aquellos años. Pese a esos beneficios leoninos que obtuvo, Edenor le reclama al Estado una “compensación” de 3,65 billones de pesos. Es decir, 8,3 veces más de lo que nos deben.
El reclamo de Cammesa para cobrar lo que le adeuda el privado se resolvió en 2021 con un compromiso de pago que desde 2023 Edenor viene incumpliendo, lo que motivó una nueva demanda a partir de 2025. Ahora, con la reformulación de la Ley de Zonas Frías, el gobierno nacional pretende avanzar hacia un acuerdo extrajudicial por el que no sólo resigna la deuda, sino que, como en el mundo del revés, además compensa a la empresa deudora reconociéndole esa millonada a su favor en concepto de “activos regulatorios”.
Para tener una idea de la estafa que se está cocinando de la mano de los aumentos en la boleta de gas que oscilarían entre el 40 y más del 100 por ciento para más de 3 millones de usuarios, si esto se aprueba le deberíamos sólo a Edenor, cerca de dos mil trescientos millones de dólares al cambio actual. Todo esto sin que el gobierno realice ningún tipo de peritaje sobre el reclamo, a libro cerrado y con la nuestra.
Si se quiere tener una dimensión más clara aún acerca de a dónde nos están metiendo con esta maniobra, sólo alcanza con recordar que el ministro Luis Caputo regresó eufórico hace algunas semanas de los Estados Unidos después de haber obtenido un nuevo “préstamo” por mil millones de dólares. Es decir, bastante menos de la mitad de lo que en connivencia con el gobierno nacional nos robará solamente Edenor si el Senado aprueba el proyecto. La estafa en ciernes se vuelve todavía más grave porque detrás del reclamo de Edenor, que ya tiene el pulgar en alto de Diputados, se anota Edesur, que distribuye energía eléctrica a 2,6 millones de usuarios; además de una larga lista de empresas provinciales y municipales del rubro cuyas tarifas fueron congeladas en el período que va de 2003 a 2015, en el cual rigió la Ley de Emergencia Económica.
Con esta jugada también queda establecido que el Estado Nacional renuncia a todo reclamo por “pasivos regulatorios”: multas por mala calidad de servicio, apagones y falta de inversiones comprometidas. En fin, todos y cada uno de los reiterados incumplimientos del contrato de concesión que, por otra parte, vienen acarreando serios trastornos que impactan en la vida cotidiana de las personas, el transporte y la industria.
En esta ocasión el gobierno de Milei ni siquiera tuvo que acudir a la ayuda de un Poder Judicial tradicionalmente permeable a atender las demandas de las concesionarias energéticas. En el actual estado de deterioro que presenta el sistema capitalista y el impacto que esto tiene en la institucionalidad liberal burguesa, especialmente en la Argentina, la entrega de patrimonio y soberanía ya no es otra cosa que un acuerdo entre bandas. Y una de esas bandas hoy actúa a cara descubierta desde La Rosada, aunque con el apoyo inestimable de sus lacayos parlamentarios, incluso de los que se siguen disfrazando de opositores.
Por eso es que resulta preciso alertar sobre lo que se pone en juego en el Senado donde, lamentablemente, tal como sucedió en Diputados, puede ser determinante el voto de quienes dócil o “untadamente” se presten a aprobar este salvaje saqueo a las grandes mayorías para beneficiar a la parasitaria casta empresarial de Edenor, propiedad de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y de Edesur, cuyo accionista principal es la italiana Enel. Si la gran estafa se termina de consumar, será con un nuevo incremento de la deuda externa y eterna que, mientras continúen gobernando representantes del FMI, del partido político que sean, seguiremos forzados a “honrar” con nuestro bolsillo.
Son ellos o nosotros. Por eso va siendo hora de entender que a esta runfla de vendepatrias que hoy nos gobierna, hay que derrotarla en unidad con los sectores que verdaderamente enfrentan el ajuste y la entrega en marcha y que están dispuestos a reconstruir un país en ruinas, defendiendo sin titubeos nuestra soberanía nacional y los intereses populares.
