La Red de Organizaciones por los Derechos Humanos del Chubut solicitó que el gobernador informe sobre la situación de la provincia a raíz de los incendios, pero también que explique qué hace el ejecutivo y cómo destina lo recursos existentes para enfrentar esta catástrofe.
Durante el fin de semana vientos fuertes se registraron en la provincia de Chubut, lo que hizo que deban redoblar sus esfuerzos los brigadistas que trabajan intensamente para controlar los focos aún activos y evitar que se reactiven aquellos que habían sido extinguidos. Es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, que a raíz de esta situación lanzó una alerta amarilla, algunas regiones chubutenses se vieron afectadas por vientos del sector oeste que ingresaron con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que en algunos casos alcanzaron los 90 km/h.
Queda claro entonces que la cosa lejos está de solucionarse totalmente y, en este marco, la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos del Chubut solicitó que el gobernador, Ignacio Torres, presente un informe sobre la situación. Y lo hizo por medio de una nota dirigida al mandatario provincial, a la Secretaría de Coordinación de Gabinete, al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, y a la Legislatura.
La Red está integrada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos Patagonia, las regionales Esquel-Trevelin y Noroeste del Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Trelew y el Colectivo de Abogados Populares La Ciega.
Lo que le piden al gobernador Ignacio Torres estas organizaciones es que se informe acerca de cuáles son las tareas de prevención realizadas en la región andina, que está afectada “por incendios reiterados durante su gestión” y que se detalle en qué lugares se llevaron a cabo, en qué consistieron, así como quiénes y cuándo las realizaron.
También la Red quiere saber el detalle sobre el manejo de los fondos públicos destinados a la prevención y combate del fuego, montos de dinero recibido desde el gobierno nacional, montos presupuestados en el orden provincial y asignación de esos recursos, “todo ello en forma explícitamente discriminada”.
De igual manera pide que se informe el detalle sobre el manejo de los fondos recibidos desde organismos internacionales que tengan como destino la prevención y combate del fuego, “su asignación y utilización, también todo ello en forma explícitamente discriminada”.
Asimismo, exigen rendir cuentas sobre “los montos efectivamente entregados a las y los damnificados por el incendio ocurrido en enero de 2025 en Epuyén para reconstrucción de sus viviendas y otros fines y de dónde provenían los mismos”.
Al mismo tiempo, la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos del Chubut le reclama a la Legislatura que haga lo propio “en virtud de los mecanismos que la Constitución Provincial prevé para poner en conocimiento de toda la población la documentación que registre todas y cada una de las órdenes administrativas y partidas presupuestarias vinculadas al presente pedido”.
El gobierno de Ignacio Torres, además de caracterizarse por no prevenir los incendios en su provincia vende humo y no da ninguna respuesta a ninguno de estos requerimientos. Mientras tanto, alineado con un gobierno nacional que recortó y subejecutó por segundo año consecutivo las partidas destinas a evitar otra catástrofe evitable, se empecina en echarle la culpa de todo esto a la comunidad mapuche.
