Un baño de alcohol

Ayer se supo que -al menos- tres personas se contagiaron el Covid-19 dentro de Argentina. En todos los casos, se trata de personas que estuvieron en contacto directo con otras que acababan de regresar del exterior.

Así, con más de treinta casos registrados, el presidente Alberto Fernández dio a conocer los detalles del DNU que declara la emergencia sanitaria por un año,establece la obligatoriedad de aislamiento durante dos semanas para quienes ingresen al país desde la UE, EE.UU., la República Popular China (RPCh), Corea, Irán y Japón, países desde los que quedaron suspendidos los vuelos durante un mes.

El mensaje también hizo hincapié en el papel que el Estado debe jugar en esta contingencia, al tiempo que recalcó que “esta pandemia nos convoca como sociedad” y apeló a la responsabilidad individual para cumplir con normas que pueden contribuir a evitar el contagio.

Las medidas van en sintonía con las adoptadas por otros países de la región, que presentan un impacto de la pandemia del Coronavirus similar al de Argentina. Y también son consonantes con las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A la hora de morigerar la evolución de una enfermedad sobre la que se tienen pocas certezas, queda claro que son efectivas prácticas como el lavado de manos con agua y jabón o alcohol y usar el pliegue del codo cuando se estornuda.

¿Pero será tan eficiente, puede ser la imposición de la obligatoriedad del aislamiento para quienes acaban de volver al país?

Para ello, el DNU prevé la aplicación de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal ¿Qué dicen? El 205 habla de pena de seis meses a dos años de prisión –esto es, excarcelable- para quien viole medidas dispuestas para prevenir que se propague una epidemia, y el otro entre quince días y un año para aquel que desobedezca a un funcionario público. Todo esto, si algún hijo de vecino se toma el trabajo de verificar que el viajero haya transgredido el DNU, lo denuncia, la causa llega a juicio y todos los etc. del caso.

Otra cosa que no queda clara es qué control se hará sobre aquellos argentinos que regresen de los países incluidos en la lista, previo paso por otro limítrofe.

Asimismo, el decreto habilita a la suspensión de espectáculos públicos de concurrencia masiva. Y, en un párrafo rocambolesco, señala que se obliga a los operadores de medios de transporte, internacionales y nacionales que operan en el país, a cumplir las medidas sanitarias y las acciones preventivas que se establezcan. En ningún caso explica cómo piensan hacer para garantizar que algo así se aplique al transporte público de pasajeros que cientos de miles de trabajadores utilizan a diario.

Lo dispuesto por el DNU se plantea desde un paradigma liberal-burgués que prioriza el derecho individual por encima del colectivo. Esta lógica apela a la responsabilidad individual –un paradigma del ciudadanismo- y, si esto no funciona, aplica el Código Penal. Claro que es el mismo construido para salvaguardar a la propiedad privada individual y al universo simbólico sobre el que se asienta ese resguardo: la libertad del ciudadano para hacer lo que se le cante, aunque esto implique el riesgo de diseminación de un virus que –en muchos casos- es letal.

Esta mirada también atraviesa las decisiones de la OMS a la hora de enfrentar al Covid-19. Desde esa organización varias veces se hizo hincapié en un particular celo por el cuidado de la “economía” a la hora de hacer recomendaciones, sobre todo, aquellas vinculadas a formas de restricción de circulación de vuelos, entre otras cosas. Por supuesto se refiere al interés de las multinacionales.

Desde otra mirada, la RPCh adoptó medidas de otro tipo que le permitieron transitar un camino eficiente para controlar la situación, pese a que es el país más afectado por Covid-19 y -aparentemente- el sitio donde se registró el caso cero.

Pandemia

Pandemia es una palabra que mete miedo, pero también es la forma de ponerle nombre a algo que pasa concretamente y que pone en tensión –entre otras cosas- al sistema sanitario a escala global.

¿Pero qué viene pasando con ese sistema? En este punto hay que recalcar que si usted vive en Argentina, integra el selecto ocho por ciento de la humanidad que todavía tiene acceso a un sistema sanitario de base universal.

Esto es algo que durante la Presidencia Macri se intentó cambiar con la imposición de diseños como el que llamaron Cobertura Universal de Salud, hecho desde una mirada similar a la que impuso -poco antes- el ajuste perpetrado en Europa occidental que afectó, fundamentalmente, a España, Italia y Grecia, pero también golpeó a otros como Gran Bretaña y los países nórdicos. Poco después, en EE.UU. Donald Trump sonrió cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del Obamacare, la más que modesta reforma al sistema de prestaciones sanitarias de ese país que -tras muchas idas y vueltas- logró sancionar Barak Obama cuando fuera presidente.

Para sintetizar: en términos reales -si se descuenta la inflación- la caída del ítem Salud en el Presupuesto, anduvo por el veinticinco por ciento durante el Gobierno Cambiemos.

A esto se suma que llevó el nivel de pobreza por encima del cuarenta por ciento y que, en este contexto, 14,2 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave durante ese período. Además, sólo en el sector industrial, 152 mil trabajadores quedaron en la calle, lo que también los echó de las prestaciones de la obra social.

De acuerdo al informe anual de la UCA, el 32, 2 por ciento de los argentinos sufrió inseguridad alimentaria y vio restringido el acceso a medicamentos y prestación sanitaria durante ese período.

Esto golpeó particularmente a los adultos mayores que conforma el grupo etario más vulnerable frente al Coronavirus. Durante los últimos cuatro años -en promedio- el precio de la canasta de medicamentos que más precisan los adultos mayores, se catapultó 457 por ciento y casi trescientos en el consumo de los afiliados al Pami.

Para que quede claro: los pobres comen mal y eso baja las defensas, algo que los pone en peores condiciones a la hora de enfrentar al Covid-19. Por eso, los precios de las góndolas también son un dato que hay que tener en cuenta a la hora de trazar una táctica para enfrentar la situación.

Por otra parte, la subejecución atravesó prácticamente todos los segmentos del presupuesto de Salud. Se destruyeron programas preventivos que venían demostrando particular eficacia. Millones de dosis de vacunas inexplicablemente retenidas en la aduana, la reaparición del sarampión y la extensión del dengue son algunas de las secuelas más evidentes.

También se desfinanció en alrededor de un cincuenta por ciento el presupuesto del Instituto Malbrán, que es dónde se analizan las muestras que permiten detectar pacientes con Coronavirus.

¿Alguien se imagina lo que hubiera pasado si prosperaba el intento que -en 2010- hizo Mauricio Macri de cerrar los edificios de los hospitales Udaondo y María Ferrer, para unificar sus servicios en el predio del Hospital Muñiz, algo que amagó retomar Horacio Rodríguez Larreta?

El Muñiz es un nosocomio monovalente especializado en enfermedades infecciosas y, por lo tanto, candidato a ser una de las principales trincheras si evoluciona negativamente la expansión de los casos de Covid-19.

Cosas del capital

¿Qué es lo que se tiene claro a esta altura? Por un lado que el Covid-19 es una pandemia, que carece de tratamiento terapéutico específico y que va a pasar un rato hasta que se logre derrotarlo.

Pero también que, más allá de las teorías conspiranoicas que proliferan por estos días, el Coronavirus expuso en pantuflas y sin pantalones al sistema sanitario que resultó del ataque al que lo sometió el capitalismo -casi a escala mundial- durante la última década y en forma coordinada.

El sistema sanitario de Italia padeció el ajuste más drástico de la UE. Sólo durante el gobierno que encabezó el hombre de la Comisión Europea y Goldman Sachs, Mario Monti, el tijeretazo fue de 4.500 millones de euros y la cosa siguió con 10.500 millones en 2013 y once mil al año siguiente.

Ahí, en casi todo el resto de Europa y aquí también, la explicación fue que así crecería la economía que, por supuesto, derramaría sobre todos, incluidos aquellos que se quedaron sin poder acceder siquiera a una curita.

Este sistema que se empeñaron en destruir es el mismo al que ahora recurren para intentar combatir la pandemia.

¿Pero será verdad que esos sistemas eran “insostenibles” y que por eso deberían ser “modernizados”? En este punto vale recordar que lo que se agredió -en algunos casos letalmente- es el sistema sanitario de base universal, que no es otro que el que permite que cualquiera pueda atenderse en una red estatal de hospitales y salas públicas, diseñada a partir de la coordinación de esfuerzos y criterios sanitarios que se distancian –aún con limitaciones- de aquellos del mercado.

Esta es parte de las respuestas que ensayó el capitalismo tras la segunda guerra mundial, para presentar al “Estado de Bienestar” como una alternativa social capaz de competir con el bloque socialista que estaba en alza.

Por eso, la burguesía de Europa occidental apuntó a la construcción de herramientas que propusieran distribuir algo, por medio de la prestación estatal de servicios. Pero además, así garantizaba que estuviera sana la mano de obra necesaria para recomponer la rueda productiva que precisaba el capitalismo y que había quedado bastante destruida por la guerra.

Argentina también tuvo su capítulo de capitalismo fordista, cuando en la inmediata postguerra, se avanzó en un pacto que fortaleció el carácter de acceso público y de derecho universal a la educación, el sistema previsional y la salud como herramientas de redistribución de riqueza. Y, sobre todo, como justificación de un acuerdo policlasista que inducía a la clase obrera a integrarse dentro de los márgenes de la democracia liberal burguesa.

Los problemas llegaron cuando se agotó el momento histórico que justificó este “Estado Social” y se inauguró la Segunda Crisis de Larga Duración del Capitalismo.

Externalización, modernización y gestión clínica, son algunas palabras que machacadas por funcionarios y la massmedia, aportan a la construcción de un universo simbólico que apuntala la destrucción del sistema universal de salud gestionado por el Estado, para entregar al sector privado sus partes más rentables.

Así, la mercantilización del sistema sanitario favorece la transferencia regresiva de riqueza y atenta contra la salud de las personas, al tiempo que la cartelización entre las empresas prestadoras y las multinacionales farmacéuticas transforma a la prestación y los medicamentos en bien de consumo.

Y aquí vale recordar que, en tanto forma en que los individuos nos relacionamos, interpersonal y socialmente, el capitalismo afecta todas las esferas, también aquellas que a la hora de enfrentar la pandemia, priorizan la libertad individual sobre la responsabilidad social.

Queda claro entonces que el sistema sanitario debería regirse por reglas diferentes, pero también que esto es imposible dentro de este sistema que se distingue por la imposición que hace el capital, incluso si se rige por propuestas de tipo keynesiano.

Para explicar lo que se perpetra ahora con el sistema de salud pública, vale señalar que en el momento actual de su desarrollo -y a diferencia de la etapa fordiana-, el capitalismo no necesita que toda la población acceda a una prestación sanitaria de calidad.

Mientras duró el breve interregno entre las dos grandes crisis de larga duración, para recomponer su propia base de sustentación, el capitalismo precisó de pleno empleo: trabajadores sanos en una línea de producción.

Pero con la financiarización y la deslocalización el proletariado deviene en precariado, entonces, puede prescindir de proporcionar asistencia sanitaria de calidad, porque siempre habrá una larga fila de personas desocupadas dispuestas a trabajar en cualquier condición.

Pero nada es casual. Inducen el deterioro del sistema público, por lo que empujan a sectores medios hacia sistemas de prestación sanitaria de prepago privado. Porque en estos diseños, patologías crónicas dejan de considerarse un problema social, por lo que cada paciente deberá pagar para poder vivir.

Para los que se queden afuera, habrá un esquema de prestación similar a la beneficencia de principios del siglo 20. Pero ni siquiera esto responde a un dejo de humanidad: la cobertura de inmunización de enfermedades infecciosas de fácil propagación seguirá siendo universal, ya que algunos virus y bacterias pueden cruzar las barreras y controles del country.

Por eso también es que la irrupción de una pandemia como la actual, descoloca al sentido común hegemónico y permite advertir con más claridad algunos índices de la crisis que atraviesa el capitalismo en todas sus dimensiones.

Pero hay un dato que es insoslayable para entender por qué se esfuerzan por desmembrar el sistema sanitario de base universal y acceso público y gratuito.

Es que, como el sistema educativo y el previsional, el de la salud pública es una concesión que el capitalismo tuvo que hacer en un contexto histórico determinado. Estos tres sistemas son -de alguna forma- avanzadas de un tipo de sociedad que no es la capitalista, un sistema de relación social basado en la asociación, la cooperación y la autogestión entre pares. Y todo esto es algo que el capitalismo aborrece, tanto como que las personas seamos personas y no mercancías.