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Lun, Jun

Política

Esta es la demanda que se multiplicó entre quienes se sumaron al acto convocado por varias organizaciones en la ciudad de Neuquén para exigir que se libere a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ahí estuvo el PC, desde donde se pronunció un claro repudio “a la política intervencionista estadounidense que hoy vuelve a avanzar sobre Nuestra América”.

El martes 3 de febrero, en la ciudad de Neuquén, se llevó a cabo un acto unitario entre distintas organizaciones políticas, sindicales y de Derechos Humanos para demandar la libertad del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores a un mes de que fueran secuestrados en el marco del ataque estadounidenses sobre Caracas que, además, dejó un saldo de alrededor de un centenar de personas asesinadas.

“Los queremos de vuelta” fue la frase que se multiplicó en la actividad que tuvo lugar en la Plazoleta de los Estados Árabes de la capital neuquina, donde también se rindió homenaje los combatientes cubanos y venezolanos caídos, así como a las víctimas civiles que perecieron como consecuencia de los bombardeos yaquis. Y ahí estuvo presente el Partido Comunista, para hacer hincapié en el repudio “a la política intervencionista estadounidense”. En este sentido, la titular del PC rionegrino, Bárbara Palumbo, fue una de las oradoras de la jornada, y además de reafirmar la exigencia de “liberación inmediata” para Maduro y Flores denunció que “este plan siniestro del imperialismo es hacia toda Nuestra América”.


Además del PC, entre los colectivos convocantes estuvieron la CTA Autónoma, Casa Patria y las 62 Organizaciones de Neuquén, la Corriente de Solidaridad Política, la Liga Argentina por los Derechos Humanos de la Patagonia y las organizaciones El Búnker y Ama la feria, odia el fascismo. Todos estos espacios suscribieron un documento en el que desde una postura de compromiso con “la defensa de la soberanía de los pueblos, la justicia internacional y la autodeterminación de los Estados”, hacen pública su solidaridad con el pueblo venezolano “y con las organizaciones hermanas que, desde hace un mes, enfrentan las consecuencias de un hecho sin precedentes: el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Combatiente Cilia Flores, en el marco de una agresión que constituye una grave violación de los principios del derecho internacional”.

Por medio de esta declaración también se denuncia “de manera categórica la política intervencionista de los Estados Unidos, que en la coyuntura actual tiene un nombre concreto: la política impulsada por Donald Trump”, la que de forma “abierta, agresiva y unilateral profundiza el intervencionismo histórico del imperialismo estadounidense y pone hoy un énfasis particular en Nuestra América, avanzando sobre los procesos populares, los gobiernos soberanos y los pueblos que resisten la dominación externa”.

El texto también advierte que “esta política no comienza con el despliegue directo de fuerzas militares, sino que se expresa desde hace años a través de mecanismos de injerencia política, económica, judicial y mediática” y recuerda que “el accionar de jueces funcionales a intereses extranjeros, verdaderos soldaditos del imperialismo, ha sido parte central de esta estrategia de disciplinamiento contra los procesos populares de la región, preparando el terreno para agresiones cada vez más abiertas contra la soberanía de los pueblos”.

De ahí que el secuestro de Maduro y Cilia Flores resulta “una nueva expresión de este intervencionismo imperialista y del uso de la fuerza, las operaciones encubiertas y las medidas coercitivas unilaterales como herramientas de política exterior, prácticas que rechazamos de manera contundente por atentar contra la paz, la soberanía y el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino”, por lo que reclama “la liberación inmediata e incondicional” de ambos.

Asimismo, puntualiza que la situación que atraviesan Maduro y la diputada Flores, “no puede ser entendida de manera aislada ni desvinculada de los procesos de persecución política y judicial que atraviesan distintos países de Nuestra América”, algo que se manifiesta en “la utilización del aparato judicial como herramienta de proscripción y disciplinamiento político que ha tenido expresiones claras en los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Julio De Vido en la Argentina y de Jorge Glas en Ecuador, entre otros”. Y asevera que Fernández de Kirchner “también se encuentra secuestrada políticamente por los cipayos locales al servicio de intereses extranjeros, en una modalidad de cautiverio que, aunque distinta en sus formas, responde a la misma lógica de dominación imperial”.
En otro de sus pasajes, el documento conjunto deja en claro que las organizaciones firmantes reivindican “los avances sociales, políticos y económicos alcanzados por el pueblo venezolano a lo largo de los últimos años, en el marco de los planes de gobierno impulsados por la Revolución Bolivariana”, destacando “la ampliación de derechos, la participación popular y la defensa de la soberanía nacional, que constituyen conquistas que deben ser reconocidas y defendidas frente a los intentos de saqueo y subordinación promovidos por las potencias imperialistas y sus aliados locales”.

En la declaración leída en el acto se remarca el homenaje a los caídos durante el ataque estadounidense del 3 de enero. “Honramos su memoria como parte de una historia común de lucha, resistencia y dignidad, reafirmando que sus vidas no fueron en vano y que su entrega fortalece el compromiso colectivo por la soberanía, la justicia social y la libertad de los pueblos de Nuestra América”.

Finalmente, en ella se subraya que la agresión perpetrada aquel día no fue un hecho aislado, ya que forma parte “de una ofensiva más amplia contra los procesos populares de la región y contra los pueblos que resisten el saqueo y la subordinación”, por lo que aseguran que “la respuesta debe ser colectiva, articulada y sostenida en el tiempo, fortaleciendo la unidad internacional y las acciones conjuntas de denuncia, solidaridad y movilización”.

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