Pedido para que las empresas del grupo Vicentín pasen a ser una públicas no estatales y produzcan bajo control político y social.
Un grupo de referentes sociales de reconocida trayectoria en la lucha por la soberanía alimentaria, reclamaron que Vicentin pase a ser una empresa pública no estatal bajo control político y social, por lo que pidieron ser recibidos por el presidente Alberto Fernández, para poder plantear sus argumentos.
Lo hicieron por medio de una declaración que, entre otros, firman el titular del Movimiento Campesino Liberación, José Luis Livolti y su par de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Miryam Gorban, en la que hacen púbica su preocupación “ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el Grupo Vicentin en detrimento de la banca pública y de miles de productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
Ahí se alerta que el avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como “la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante”.
Y advierte que esta situación “será la segura consecuencia de dejar librada la resolución al devenir de los negocios y la justicia”.
Asimismo, recuerda que el fraude consumado por Vicentín incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos, algo que perpetró “por medio de sus empresas vinculadas en Paraguay, Uruguay y Panamá”.
Por eso, “consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude” y de esta forma, promueva una alternativa para el futuro de las empresas que integran el Grupo Vicentín, “que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”.
Propuesta
La Declaración también hace hincapié en que Argentina precisa una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos.
Por eso, recalca que es “insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina”.
También destaca que en este caso “hay mucho dinero en juego, y el papel de la corrupción política, bancaria y empresarial que condujo a la actual situación de lo que fue el Grupo Vicentín, exige con urgencia una solución distinta, seria y transparente que ninguna de las opciones hoy vigentes podría concretar”.
Después resalta el carácter estratégico y clave que las empresas de este Grupo tienen “para la soberanía y el control sobre la producción de alimento”, por lo que el ejecutivo “no debería permitir que caigan en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales que Vicentín tuvo hasta ahora”.
Además firman la declaración Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Pino Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Omar Principi y Francisco Durañona.