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Serán sometidos a juicio oral ocho policías acusados de participar de la represión en cuyo contexto se perpetró el crimen.

En el marco de la causa Fuentealba II, ocho policías serán sometidos a juicio oral acusados de participar de la represión perpetrada en 2007, en la provincia de Neuquén que dejó como saldo el asesinato del docente Carlos Fuentealba. El juez de Garantías Lucas Yancarelli dispuso que Carlos Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido y Mario Rinzafri sean sometidos a juicio por abuso de autoridad y encubrimiento, al tiempo que Aquiles González y Julio Lincoleo deberán responder por su responsabilidad en el delito de encubrimiento agravado.

El maestro Fuentealba murió por el impacto que recibió en su cabeza, de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo de la policía neuquina Darío Poblete, el 4 de abril de 2007, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito. Por el hecho, Poblete fue condenado a prisión perpetua por ser responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.

La instancia hacia la que se avanzó el jueves pasado tuvo un largo derrotero previo, a partir de que durante 2009 el fiscal Alfredo Velasco Copello pidiera el sobreseimiento de todos los acusados a excepción de Benito Matus. Sin embargo, ese juicio nunca se concretó y, por extinción de la acción penal, todos los acusados fueron sobreseídos.

Diez años más tarde, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó retomar la investigación y, con la causa adecuada al nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 14 de enero de 2014, fijó las pautas para llevar adelante el procedimiento.

Durante la audiencia que concluyó el martes pasado, el fiscal jefe Breide Obeid acusó a Matus por abuso de armas y lesiones leves, mientras que la querella particular hizo lo propio con Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Garrido y Rinzafri por abuso de autoridad y encubrimiento, y con González y Lincoleo por encubrimiento agravado.

“Esto es muy positivo por todos estos años de pedido de justicia por Carlos Fuentealba”, recalcó al respecto el secretario de Condiciones Laborales del gremio docente de Entre Ríos, Agmer, Leandro Pozzi, quien sin resaltó la “histórica lucha” la que viene llevando a cabo la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, junto a la Ctera y Aten “para pedir justicia completa” por la memoria del maestro asesinado.

“Esto es producto de la lucha, no hay que bajar los brazos”, aseveró Pozzi, tras lo que no dudó en hacer hincapié en que “hay que seguir construyendo movilización social, para que el Poder Judicial no traicione las expectativas de justicia y de reparación histórica mínima por lo que paso con Fuentealba”.

Y, en esta línea, dejó en claro que “esto debe ser una base para que ninguna policía ni ningún aparato represivo avance sobre una lucha popular como la salarial, el reclamo de tierras de los pueblos originarios y los que se llevan a cabo por la vivienda, entre otros”.