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La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados admitió los expedientes que se tramitan contra los miembros de la Corte Suprema.

Por un voto de diferencia, el oficialismo consiguió avanzar en el proceso de acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en el marco del juicio político a la Corte Suprema.

La votación que se llevó a cabo ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, arrojó un resultado de 16 a 15 a favor de la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los supremos, algo que fue celebrado por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, quien destacó que “ninguno de los Poderes del Estado ni sus integrantes están exentos del escrutinio en el ejercicio de sus funciones”.

Este paso también fue festejado desde otros espacios, entre ellos, Suteba donde su subsecretaria de Condiciones Laborales y Medio Ambiente de Trabajo, Alba Werenchuk, hizo hincapié en que “es sumamente necesario avanzar con el juicio político a la Corte” ya que “ha demostrado balancear la justicia en beneficio de las corporaciones económicas, financieras y mediáticas y en  detrimento de los intereses de la clase trabajadora”.

Asimismo, la integrante de La Violeta recordó que hay casos paradigmáticos “como el fallo con el que beneficiaron a Clarín para que pueda aumentar el precio del cable, telefonía celular e internet, desoyendo el tope que había impuesto el gobierno nacional, tratando de frenar los abusos”.

Tras lo que advirtió que “es ya inaudito un sistema judicial  con vínculos con el poder fáctico como los que quedaron al descubierto con el caso de Lago Escondido que es una zona liberada para los británicos”. Y señaló que el Poder Judicial “proscribe a la principal dirigenta del Frente de Todos con causas armadas, mientras que protege los vínculos entre Cambiemos y los magnicidas que intentaron generar un golpe de Estado”. De ahí que, sin dudarlo, insistió con que “es urgente y necesario terminar con esta casta judicial y conformar un Poder Judicial democrático, dónde los jueces sean elegidos por el pueblo”.

Ahora el proceso debe continuar con la etapa de recolección de pruebas y testimonios, lo que va a permitir que se decida si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.