La hora del Consejo

Política
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Mañana en el CCK se presenta oficialmente el Consejo Económico Social. Tirón de orejas para algunos de los invitados. Cuando la multa es un costo operativo para las empresas.

Molinos Cañuelas, Mastellone, Fargo, P&G, Paladini, AGD, Danone, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever y Potigian son megaempresas que de hecho controlan el precio de la canasta básica. Pero también son las que la Secretaría de Comercio Interior acaba de imputar de haber retenido producción y dejado de entregar productos de consumo masivo en el contexto de la pandemia.

Esto quiere decir que estas corporaciones empresarias que tienen posiciones absolutamente dominantes en la cadena que acaba en las góndolas, sencillamente desabastecen.

De acuerdo a esta imputación, las firmas incumplen la Resolución 100/2020 y sus modificatorias, que fueron dictadas en el marco de la Emergencia Sanitaria que rige desde el 20 marzo de 2020, por lo que se les abrió un expediente al que tendrán que responder antes del jueves venidero, fecha que es el límite para que cambien de actitud. Si no lo hacen, comenzará un proceso que podría acabar con la sanción de multas de hasta diez millones de pesos.

En este punto vale advertir que, además de las molestias que ocasiona el desabastecimiento de productos, en el contexto de la pandemia esto trae aparejado un riesgo sanitario extra. Y, asimismo, la falta de oferta de productos básicos aporta a incrementar la inflación.

¿Cuánto tendrá que ver esto en la espiral de precios de productos básicos que viene registrando picos inflacionarios en diciembre y enero, lo que hizo que –ese mes- una familia tipo necesitara 56.458 pesos para no ser pobre y 23.722 para evitar caer en la indigencia? (Ver Alimentos: la inflación, donde más duele).

Lo cierto es que mientras la mayoría de los trabajadores, debían recorrer distintas bocas de expendio para gambetear el desabastecimiento, a costillas de eso, estos empresarios seguían maximizando su tasa de rentabilidad.

Un caso testigo es el de Molinos Río de la Plata que redujo el abasto de la línea de sus productos hechos en base a arroz, harinas y aceites, pero pese a esto, durante el tercer trimestre de 2020 registró una ganancia neta de 1.025 millones de pesos, cifra que contrasta con los 3.396 millones que había perdido durante idéntico período de 2019.

Como se ve, se trata de una medida que puede tener fuerte impacto para los titulares ¿Pero hasta dónde pueden hacer reflexionar a estas empresas?

Queda claro que en el universo del capital, cuando la posibilidad de obtener beneficios se ve amenazada por las condiciones del mercado, como ocurre ahora mismo por la pandemia, para este tipo de corporaciones el cuidado de objetivos sociales no figura entre las prioridades. En buen criollo, esto quiere decir que son capaces de matar a su tía por ganar unas monedas.

Es que la empresa capitalista es -por definición- externalizadora de costos, ya que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios. Y todo bajo el paraguas de un contexto jurídico que se lo permite.

De ahí que asuman el daño social que provocan sólo en términos de costo/beneficio. Por eso todo les cierra si el desabastecimiento de productos contribuye a la maximización de tasa de rentabilidad, y esta ganancia sea insignificante en relación al coste que implica el pago de la multa.

Por que, más allá de las buenas intenciones, las herramientas que dispone el Estado Liberal Burgués (ELB) apenas alcanzan –en el mejor de los casos- para regular el daño social que producen las empresas.

Esta característica de business friendly desnuda el verdadero sentido del ELB que, lejos de estar contrapuesto al mercado, tiene un carácter simbiótico insoslayable con el poder corporativo del universo del capital.

Como se ve, lo que vuelve a quedar claro es que aunque la producción de bienes siempre es social, porque la realiza el conjunto de la sociedad, la toma de ganancias suele ser privada. Por eso y para comenzar, resultaría saludable cuestionar el mito que dice que la única forma de producir bienes, servicios y empleo es por medio de las corporaciones, pero asimismo, aprovechar les hendijas que deja la estructura del ELB, para avanzar en la construcción de formas públicas cooperativas que en la práctica y en la medida de lo posible, sean cuestionadoras de la propia dinámica que impone el capital.

 

Lanzamiento

 

Con este telón de fondo mañana va a lanzarse oficialmente el Consejo Económico y Social (CES), en una ceremonia que va a tener lugar en el Centro Cultura Kirchner, presidida por Alberto Fernández y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien es el titular de este organismo multisectorial.

También se espera la presencia de gobernadores, representantes del sindicalismo y el empresariado, que son –básicamente- los actores del CES, desde el que el gobierno espera construir un pacto policlasista capaz de establecer políticas de mediano y largo plazo que contribuyan a estabilizar el escenario social, económico y político.

Su constitución provisoria se va a plasmar por medio de un decreto que, según se supo, el Presidente espera avalar con una Ley del Congreso.

La presentación en sociedad del CES llega a poco de la Súper Semana en la que el ejecutivo tuvo fumata blanca con la Mesa de Enlace, la CGT y buena parte del empresariado, entre ellos, algunos representantes de las corporaciones alcanzadas por la sanción de la Secretaría de Comercio Interior (Ver ¿Qué dejó la súper semana?).

Así las cosas, cuando merced a la vacunación parece entreverse el horizonte de las restricciones impuestas por la pandemia, el gobierno toma la iniciativa y lo hace a partir de la idea germinal del Frente de Todos, de avanzar en la construcción de un espacio que aporte a la armonización de los intereses de diferentes sectores.

Por otra parte, pero en idéntica dirección, acaba de definir el cronograma de reuniones sectoriales, con el que espera poder avanzar en el diseño de un acuerdo de precios y salarios.

Básicamente se trata de un espacio en el que el gobierno se va a sentar con representantes de las distintas cadenas de valor de las industrias de alimentos, la construcción y tecnología con quienes espera poder acordar condiciones que garanticen el abasto y precios de los productos.

La propuesta gubernamental es que –de una buena vez- los que intervienen en estas cadenas se sinceren y pongan arriba de la mesa su estructura real de costos, porque sin esto todo lo demás que se puedan hacer, incluidas las reuniones de seguimiento de los precios, serían poco más que papel pintado.