Con la mirada puesta en la Obra Social de la Corte Suprema, avanzó una nueva jornada de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como es el tema de la Obra Social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema tan importante”, señaló el ex administrador general de la Corte Suprema, Héctor Marchi, cuando ayer se presentó a declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Como se recordará, días atrás, Marchi fue desplazado de ese cargo en una decisión que fue adoptada con el voto de tres de los cuatro magistrados, después de que entregara un informe en el que se ponen en evidencia graves irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).
Ante esto, la titular de la Comisión, Carolina Gaillard, intimó al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, para que envíe las auditorías, informes y recomendaciones referidas a la Ospjn dentro de un plazo de 24 horas y recordó que en su voto en disidencia cuando se decidió la salida de Marchi, Ricardo Lorenzetti, había sostenido que buena parte de la información acerca de desmanejos en el sistema de salud judicial, había sido ocultada por los restantes miembros de la Corte.
Con este contexto, desde el Partido Comunista de Entre Ríos, Leandro Pozzi, sostuvo que la que está siendo cuestionada por la Comisión de Juicio Político, es “la Corte del poder económico que es la misma que impidió que se declare a los servicios de Internet como derecho de libre acceso para la población, la que quiso liberar a los genocidas a través del 2x1, la que cada vez que se plantea un derecho social lo rechaza y la que legitima que haya presos políticos como los que mantiene Gerardo Morales en sus mazmorras”, entre otros, “la compañera Milagro Sala”
Pero asimismo, hizo hincapié en que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti constituyeron un cuerpo que “avala todos los intentos de flexibilidad laboral y los ataques a las normativas de reguardo del movimiento obrero”.
Por lo que insistió en que “esa Corte debe ser enjuiciada y destituida con los mecanismos institucionales, para que tengamos verdaderamente una corte popular que respete un verdadero estado de derecho social en Argentina”.
Por su parte, en idéntico sentido, la secretaria de Género y Diversidad de la CTA regional Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel, Chabela Miño, dijo que es necesario que prospere el intento de juicio político que se sigue a los integrantes de la Corte, al tiempo que remarcó que también lo es que se construya una reforma del Poder Judicial.
“Es imprescindible una reforma judicial por la ineficacia, desidia y connivencia implícita en todo lo que respecta a los feminicidios que tiene la actual estructura del Poder Judicial”, destacó y añadió que “hoy en nuestro país la justicia no es imparcial, ya que actúa, imparte castigo y tiene total incidencia en favor de los intereses de la oposición”. Y fue clara al indicar que “necesitamos una justicia que esté en favor del pueblo y no en contra de la clase trabajadora”.