A poco más de dos décadas del Blindaje, el Megacanje, el corralito y la masacre de diciembre, buena parte de los principales actores de La Alianza reivindican a aquel gobierno y anticipan que tienen la misma receta si vuelven a La Rosada.
El viernes pasado se dieron a conocer los detalles de lo acordado entre el gobierno de nuestro país y el FMI, que establece un programa de desembolsos para Argentina correspondiente al segundo semestre, de acuerdo a lo pautado por la delegación del Ministerio de Economía encabezada por el segundo al mando, Gabriel Rubinstein, y el staff técnico del Fondo.
Se trata de un acuerdo que tiene básicamente tres puntos de los que dos son de difícil cumplimiento, pero que puede contribuir para establecer una suerte de paréntesis que alcance, por lo menos, hasta después de las Paso y que el gobierno espera que sirva también para que se extienda una situación estable hasta las Presidenciales.
También incluye un recorrido de mini-ajustes, que el texto define como “un paquete de políticas con un conjunto secuencial de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto fiscal”. De lo que dice, es complicado que se pueda cumplir tanto lo estipulado en términos de déficit, como lo inherente a acumulación de reservas.
Las características de lo acordado y la forma en que se dio la negociación, hablan a las claras de una situación bastante límite en la que la administración del Estado Nacional vive prácticamente absorbida por la coyuntura. Y aunque se puede permitir algunas pinceladas tácticas y hasta estratégicas como fue la decisión de avanzar con el gasoducto Néstor Kirchner, lo urgente de las necesidades queda graficado en la celebración que trajo este acuerdo con el FMI que, en realidad, no hace que entren a las arcas del Central dólares frescos.
Y esto es tan así, que el ministro Sergio Massa debió recurrir a una compleja arquitectura para juntar lo que hacía falta para garantizar el pago de los vencimientos anteriores al 21 de agosto que es la fecha pautada el próximo desembolso del FMI. Esto es el vencimiento de capital por 2.700 millones de dólares de hoy lunes y el de seiscientos millones de intereses de mañana que se van a pagar al Fondo.
Para ello echó mano a operaciones puente con dos organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Finanzas y la Corporación Andina de Fomento. Pero también se tienen que utilizar lo que queda de un crédito otorgado por el Banco de Pagos Internacionales y yuanes provenientes del segundo swap que el gobierno suscribió con la República Popular con China.
Después de que se hagan efectivos esos pagos, allá por la tercera semana de agosto y con el resultado de las Paso puesto, se prevé que el Fondo desembolse los 7.500 millones de dólares correspondientes al primer tramo de lo acordado la semana pasada. A esto se sumarían en noviembre otros mil millones más. La buena noticia es que con esto Argentina tendría lo que precisa para cubrir los vencimientos de intereses que quedan hasta fin de año, es decir hasta que acabe el mandato de Alberto Fernández.
Así las cosas, hay que reconocer que como mérito de la muñeca de Massa, Argentina recuperó la posibilidad de usar estos 7.500 millones de dólares para que el Banco Central tenga capacidad para salir a jugar con chance en el mercado cambiario, esto es, intervenir ante eventuales corridas como las que habitualmente se perpetran, más aún, en medio de un escenario de Presidenciales.
La mala noticia en esto es que, otra vez, se carga al país con deuda de la que una buena parte va a acabar yéndose por la cloaca de la especulación con la divisa estadounidense, tal como lo impone el sistema financiero que -queda claro- está imbricado con los principales actores del núcleo más concentrado de la clase capitalista que actúa en el país.
Aquí es donde aparece, una vez más, la necesidad de volver a ponderar la relación que existe entre lo traumático y complejo que resulta cualquier negociación que permita que el Estado argentino cumpla con los cuestionables compromisos que adoptó con el Fondo, y la facilidad con que se evaporan las divisas que resultan de este tipo de gestiones.
Casos paradigmáticos de esto, son los procesos de sobreendeudamiento que fueron perperados durante la última dictadura y los gobiernos encabezados por Fernando de la Rúa y Mauricio Macri (Ver Deuda, elecciones…¿y después? y La clase capitalista no va al Paraíso).
Pero la cosa no se agota ahí. Un reciente estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), da cuenta de que sólo once grandes grupos que actúan en Argentina concentran el 53,7 por ciento de las colocaciones de obligaciones negociables emitidas durante los dos primeros años del actual Gobierno ¿Qué quiere decir esto? Que de los 45.537 millones de dólares que entraron durante este período a raíz del saldo comercial de bienes, 24.698 se evaporaron por la cancelación de deuda de empresas privadas, en un bloque en el que entre las más beneficiadas aparecen jugadores como Grupo Midlin, Elsztain con Irsa y Cresud, Cablevisión y Telecom del Grupo Clarín, el holding Eurnekian por medio de Aeropuertos, Arcor y Techint.
El trabajo de Cifra también explica que entre los rubros que más se beneficiaron con esta herramienta, están las industrias energética, financiera, alimenticia y de la construcción que, vale reconocer, figuran entre los más dinámicos de la actividad económica pero también entre los que más aportan a la suba del Índice de Precios al Consumidor.
Bala o cárcel
Pero lo que ni la muñeca de Massa pudo conseguir, es que los equipos técnicos del Fondo transijan en el pedido de readecuar la meta que ya estaba fijada respecto al déficit, que continúa en el 1,9 por ciento, lo que ya era inalcanzable y lo es todavía más en un escenario en el que, como consecuencia de la sequía, Argentina perdió algo así como veinte mil millones de dólares que se preveía que ingresen a las arcas del Banco Central en concepto de liquidación de exportaciones.
Y otro punto que ensombrece el festejo gubernamental, es el inherente a las metas de acumulación de reservas, ya que aunque se flexibilizó lo establecido en el acuerdo original que era de alrededor de ocho mil millones de dólares, se puntualiza que en lo que resta de 2023, Argentina debe quedar con por lo menos mil millones de dólares de reservas netas positivas, lo que es una verdadera quimera si se tiene en cuenta que los cálculos más optimistas las ubican hoy en algo así como seis mil millones negativas.
¿Qué es lo que se puede prever con este telón de fondo para que se cumpla con esta meta? Una alternativa que se baraja en la cartera económica, es recurrir a una nueva edición del Dólar Soja que se montaría sobre la próxima cosecha de esta oleaginosa, una medida que seguiría dando un premio excesivo para un sector que, como el agroexportador, es una parte medular del problema.
“El Estado actúa como socio desleal y forzoso, lo hace a través de impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos, que se van acumulando sin lógica ni sentido”, lanzó el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, al dejar inaugurada la 135 muestra en el predio de Palermo, desde un palco que por su concurrencia se pareció mucho a una convención de Juntos por el Cambio.
Pino no se privó de nada pero tampoco dijo nada nuevo. Hubo duras críticas al manejo del tipo de cambio que calificó como “un instrumento de apropiación de la legítima rentabilidad del productor”, aunque se olvidó de mencionar que el mismo gobierno al que le apuntó sus dardos, es aquel que benefició durante el último año y medio al sector agroexportador con cuatro tipos de cambios diferenciales, que aportaron considerablemente a la maximización de la tasa de rentabilidad de este sector que así aflojó un poco con su resistencia a liquidar exportaciones.
Y, asimismo, el titular de la Sociedad Rural aseveró que el Gobierno falsea información “manipulando y exagerando, por ejemplo, la incidencia del precio de la carne vacuna en el índice de precios al consumidor”. Pero aunque tenga poco de original, lo de Pino no deja de ser absurdo y ofensivo si se tienen en cuenta datos duros como el que se desprende de un reciente informe de la consultora Ecolatina, donde se revela que el consumo de carne vacuna está en su nivel más bajo de los últimos cien años, con 48 kilogramos de ingesta anual por habitante, lo que contrasta con los 73,4 kilos de promedio que se registra durante el período que va de 1914 a 2021.
Y lo absurdo se vuelve trágico y provocativo si se observa el auditorio al que le hablaba Pino. Ahí estaban, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Tetaz y Hernán Lombardi, así como Jorge Macri y Roberto García Moritán quien pocas horas antes había bajado su postulación a jefe de Gobierno para veneficiar las posibilidades del primo de Mauricio a quien lo une, tal como lo recalcó, la voluntad de dinamitar el Ministerio de Desarrollo Social y “acabar con los piqueteros” a quienes asocia con “las mafias y la violencia”.
Pero más allá de lo paradójico que tiene esto de que alguien que dice que quiere acabar con “mafias y violencias” se asocie a un Macri, lo cierto es que aquello que esa tribuna de esta suerte de Alianza 5G ratifica que pretende destruir, no es otra cosa que el sujeto social al que más agrede, que percibe como cercano, extraño y peligroso sencillamente porque resiste a las imposiciones de la clase capitalista que ellos representan e integran.
Estos tipos que aplauden cuando Pino dice que el precio que le ponen a la carne es barato, ni tienen idea de los malabares que tienen que hacer quienes sostienen comedores populares para poner un poco de carne picada en una salsa bolognesa que le cambie un poco la cara a los fideos del domingo.
Es que el domingo y el sábado también tienen que abrir, porque si no lo hacen, estarían en serios problemas muchos pibes que de lunes a viernes comen en la escuela si tienen la suerte de asistir a establecimientos de jurisdicciones que no sean la Ciudad de Buenos Aires, donde las viandas del servicio alimentario son terribles. Y, además, en muchos casos comen los chicos y se hacen viandas para que puedan llevar a sus casas, para ayudar a personas adultas que no pueden movilizarse hasta los comedores.
A Pino, Larreta, Bullrich, Moritán y toda su runfla no les importa que casi el sesenta por ciento de los pibes del país vivan bajo la línea de la pobreza, que es un dato que tiene mucho que ver con una inflación devora los ingresos de los trabajadores conveniados, pero todavía más en el caso de los que se ven obligados a desempeñarse en diferentes relaciones de informalidad y no porque no quieran estar registrados.
Es que pese a ser uno de los principales productores de alimentos del planeta, nuestro país se ubica en el segundo lugar de la lista de los Estados con mayor inflación en el rubro alimentos, con un 107 por ciento anualizado a datos de mayo pasado, según un informe del Banco Mundial. Por eso es que para muchas personas, la diferencia entre comer y no comer cada día, pasa por el trabajo comunitario que llevan adelante organizaciones sociales que son las mismas que estos tipos pretenden dinamitar.
En este punto hay que tener claro que si los agredidos por el sistema capitalista deben recurrir a este tipo de estrategias de resistencia y supervivencia, apelando a estas herramientas, es porque la pobreza estructural y su núcleo duro es algo que se sostiene en el país desde por lo menos la última dictadura (Ver Bullrich, el Blindage y el Proceso). Y que lo que hacen estas organizaciones en esos espacios, tiene que ver con la urgencia pero también con abordajes vinculados a cosas como el apoyo escolar, la capacitación, el deporte y lo lúdico, esto es, lo material y lo simbólico que ayuda a construir esperanza, resistencia y lucha.
Esto se reproduce en los más de cinco mil barrios populares que hay en Argentina, donde alrededor de diez millones de personas se ven obligadas a concurrir a comedores y merenderos comunitarios para recibir asistencia alimentaria. Son personas que trabajan, que se desloman, que siempre lo hicieron, pero que pese a esto lo que reciben a cambio no les alcanza para algo tan básico como poder comer cada día.
El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, depende del Ministerio de Desarrollo Social y su registro señala que hay 35 mil comedores y merenderos en Argentina, en los que trabajan 135 mil personas que no están cubiertas por una legislación adecuada, algo por lo que desde hace rato vienen luchando las cocineras comunitarias. Y, más allá de la ayuda que reciban de privados e instituciones y del esfuerzo comunitario, la adquisición de alimentos se hace con inversión estatal enmarcada en programas sociales, esto es, parte de lo que Pino y sus amigos quieren destruir.
En todo concepto, el desarrollo de programas de asistencia social involucra algo así como el 0,7 por ciento del PBI, mientras que aquello que no se recauda por exenciones a bienes personales de bienes rurales es 0,5 por ciento del PBI. Y se trata apenas de una de las exenciones que benefician a sectores de ingresos medios y elevados.
Entre los anuncios que hizo el ministro Massa en su paso por la Sociedad Rural, sorprendió aquel vinculado a la eliminación de las retenciones a las economías regionales a partir del primer día de septiembre, lo que representa una medida que cuando se baje la espuma y si es que tras diciembre existe continuidad del actual esquema político en La Rosada, necesariamente se va a tener que articular con una reforma que haga que quienes tienen muchas ganancias tributen, tal como son los casos de las energéticas y la minería.
Esa medida que plantea la posibilidad de avanzar en un sentido que el actual gobierno nunca quiso transitar, se diferencia del resto de las posturas que se vieron en la cita palermitana que se resumen en la promesa de desfinanciar al Estado con la eliminación total de retenciones, en tapar el agujero fiscal que esto provocaría con una nueva ronda de sobreendeudamiento y liberar las restricciones cambiarias lo que maximizaría los actuales problemas de restricción externa que tiene la economía argentina.
Días atrás otro de los asistentes al acto de la Sociedad Rural, Ricardo López Murphy, lamentaba que “el esfuerzo de 2001 fue incomprendido” y de este modo reivindicó al Gobierno de La Alianza que lo tuvo a cargo de dos ministerios. Lo que dijo no sorprende y va en sintonía con Patricia Bullrich y su promesa de nuevo blindaje, pero también con el discurso de Pino, las bravuconadas de de Moritán y en adelanto de gestión de la protesta social que exhibe el binomio Larreta-Morales. El mensaje es claro: “vamos a hacer lo mismo que hicimos con La Alianza, pero ahora nos tienen que entender. Y si no comprenden, bala o cárcel”.