El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat se refirió al DNU que presentó ayer el presidente Javier Milei. “Esto es un atropello y una desobediencia al poder de la supremacía de la Constitución Nacional”, denunció. Después de la movilización protagonizada por movimientos sociales, volvieron los ruidazos.
“Esto es un atropello y una desobediencia al poder de la supremacía de la Constitución Nacional”, denunció el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat al referirse al DNU que presentó ayer el presidente Javier Milei, por lo que no dudó en definir que “estamos frente a un golpe de Estado institucional donde un poder con legitimidad de origen, porque fue electo por la voluntad popular, apropia las potestades que son propias del Congreso de la Nación”. En síntesis el DNU plantea la suma de poder en manos de Milei y, para ello, pretende anular cualquier posibilidad de
que se ejerza control político o judicial sobre la conculcación de derechos y garantías constitucionales que se propone derogar. Y lo hace avasallando a la Constitución, ya que si logra prosperar este DNU, el ejecutivo va a poder arrogarse para sí seiscientas decisiones que son exclusivas del Poder Legislativo como la desregulación del comercio interior y exterior, la entrega de Arsat y la derogación de la ley de alquileres, al tiempo que destruye derechos laborales y abre la puerta a la privatización de empresas públicas y el ingreso de sociedades anónimas a los clubes de fútbol.
Al respecto, Barcesat recordó que la Constitución Nacional señala con claridad que los actos de violencia institucional son “nulos de nulidad absoluta insanable”, por lo que implican una responsabilidad penal y patrimonial imprescriptible, establecen la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la función pública para quienes sean autores o partícipes de estas violaciones. Pero asimismo, “en lo que es quizás lo más significativo y simbólico”, en su artículo 29 la Carta Magna califica como “infames traidores a la Patria” a aquellos que perpetren este tipo de actos.
Por otra parte recordó que “esto deriva de que las facultades del Poder Ejecutivo del artículo 99, en su segundo párrafo, comienza diciendo que en ningún caso el Poder Ejecutivo bajo pena de nulidad absoluta e insanable podrá emitir disposiciones legislativas”. Y añadió que “tenemos el Congreso en pleno funcionamiento con todos sus senadores y diputados que están en condiciones de entrar en funcionamiento pleno, porque las dos cámaras ya se autoconvocaron para designar a las autoridades de las comisiones”, por lo que “no hay ningún impedimento para que el Congreso retome las atribuciones que le han sidousurpadas”.
De ahí que Barcesat postule que, sin considerar puntualmente ninguna de los puntos que tiene el DNU de Milei, el Congreso “establezca mediante una ley declarativa, la nulidad absoluta e insanable de este decreto ya publicado en el Boletín Oficial y que le aconseje al Poder Ejecutivo que los proyectos que considere que encuadran dentro de las facultades que tiene el Congreso, sean enviados para su respectivo tratamiento uno por uno”. Tras lo que fue claro cuando resaltó que “de ninguna manera podemos aceptar una aprobación en bloque de un paquetazo que tire abajo a la institucionalidad”, al tiempo que “lesiona cláusulas constitucionales de los tratados internacionales de Derechos Humanos” y asimismo “aborda materias que son prohibidas taxativamente para los DNU”.
Y, en este sentido, enumeró que entre otras cosas que no son de su competencia, el DNU dado a conocer ayer abarca materia tributaria, penal, electoral y Ley de Abastecimiento. “Todo esto está prohibido sirva o no sirva la idea”, por eso “ya que la cápsula en que viene está podrida, debe ser desarmada de inmediato”. La lectura del DNU provocó una rápida reacción popular que
se multiplicó en ruidazos y cacerolazos que se registraron hasta la madrugada en Ciudad de Buenos Aires, pero también en diferentes puntos del país. Plaza Congreso fue el epicentro en el que después de una jornada que estuvo atravesada por movilizaciones y el debut fallido del Protocolo Bullrich, miles de personas se agolparon para decir basta a un gobierno que en apenas diez días ya cruzó muchas líneas rojas.
“Habrá que recurrir a la justicia, pero sabemos los condicionamientos que tiene”, lamentó Barcesat ante la posibilidad de que sea el Poder Judicial quien le ponga freno al DNU y añadió que “por eso es que no hay que bajar los brazos de la movilización popular” porque, recordó, “el artículo 36 de la Constitución termina diciendo ‘se le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional’ y hemos asistido al más paradójico, fantochesco y mamarrachesco acto de violencia institucional”.