Los estatales se movilizan y anticipan un paro para enfrenar la ola de despidos y desguace del estado que perpetra el gobierno encabezado por Javier Milei, quien ayer volvió a jactarse de echar trabajadores.
Con protestas en diferentes dependencias, entre ellas ante las sedes del Ministerio de Economía y el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ATE llevó a cabo ayer una jornada de protesta en el contexto del estado de alerta y movilización en que los trabajadores estatales se encuentran para resistir el desguace del Estado que viene perpetrando la Presidencia Milei, pero también para rechazar el ocho por ciento de recomposición salarial que les ofreció el gobierno.
La movilización de ayer tuvo lugar en un contexto enrarecido por los anuncios de despidos que, de acuerdo a información que trascendió durante las últimas semanas, podría alcanzar al menos a veinte mil de los setenta mil trabajadores que se desempeñan bajo contratos que, en algunos casos, ya tienen más de una década.
“Van a caer setenta mil contratos”, bravuconeó Milei cuando ayer se dirigió a una audiencia de empresarios congregados en el Iefa Latam Forum 2024 en el que también aseveró cosas como que la educación pública “lava cerebros”, minimizó la importancia que tiene el hecho que la economía haya caído más de cuatro puntos desde que es presidente, volvió a insistir con que la inflación de febrero fue de siete puntos y se jactó de haber cancelado la obra pública, al tiempo que prometió que va a dejar a más trabajadores en la calle y más ajuste para los jubilados.
Después de la reseña del párrafo anterior, nadie puede sorprenderse cuando se advierte que la oferta salarial que realizó el gobierno a los trabajadores estatales, fue de apenas una recomposición del ocho por ciento.
Pero lo que sí sorprende es que por más absurdo que resulte este ofrecimiento, fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) que preside Andrés Rodríguez.
“Es necesario que podamos construir un plan de lucha capaz de revertir esta situación tan deplorable que afecta a quienes trabajamos y a quienes acceden a sus derechos a través de las políticas públicas”, puntualizó desde la CoNaT la integrante de ATE Verde y Blanca y secretaria de Derechos Humanos de la CTA bonaerense, Lorena Georgetti y añadió que “más allá de la posibilidad de que exista un paro nacional en unidad con las diferentes centrales, es prioritario dar la pelea desde los sectores de trabajo, desde las movilizaciones y concentraciones en los diferentes ministerios, apostando al crecimiento desde el sindicato junto a la adquisición de mayores niveles de organización que permitan revertir esta situación tan compleja”.
Y, con este telón de fondo, no dudó cuando hizo hincapié en que “estamos dispuestos a dar la pelea”, ya que “vamos a defender nuestros derechos, porque sabemos que desde un país sin Estado ni políticas públicas, sólo se genera mayor desigualdad y miseria para todo el pueblo trabajador”.
Resistencia
Por su parte, durante la protesta que realizó ante la sede de la cartera que preside Luis Caputo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó sus dardos contra el titular de Hacienda y fue contundente cuando señaló que “Caputo se prepare” porque los estatales van a continuar resistiendo los despidos y el ajuste.
“No podemos con nuestra firma convalidar el deteriorograve de las condiciones de vida de todos los trabajadores sector público como nos propone el gobierno”, indicó y recordó que la propuesta oficial no contempla ni siquiera la mitad “de lo que fue la verdadera evolución de los precios” durante marzo.
Y lamentó que la Presidencia Milei haya “empujado a decenas de miles de estatales por debajo de la línea de pobreza” ya que, insistió, “hay un congelamiento de salarios, mientras que el gobierno ha decidido liberar los precios de la economía, sólo con la excepción del valor que tiene nuestra fuerza de trabajo y esto es algo que no podemos naturalizarlo”.
La jornada fue atravesada por movilizaciones, asambleas y cortes de ruta en diferentes puntos del país y además de la renovación automática de los setenta mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo, se demandó la reincorporación de despedidos sin causa, una recomposición que ponga al salario por encima del índice de la inflación y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.
También se rechazó el cierre de organismos públicos y la privatización de empresas estatales, hubo un fuerte pronunciamiento en defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y se reclamó aumento de emergencia para jubilados y pensionados.