La hicieron diputados que el miércoles pasado fueron reprimidos por personal de la Policía Federal. También alcanza al secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro, y el prefecto general, Guillermo Giménez Pérez.
Patricia Bullrich fue denunciada penalmente por la represión desatada hace una semana en Ciudad de Buenos Aires, cuando el Senado de la Nación debatía el Proyecto de Ley Bases 2. Lo hicieron diputados del bloque de Unión por la Patria, cuyo titular Germán Martínez advirtió que lo que pasó “demuestra el desprecio de Milei por el Congreso”, pero también habló de que nuestro país vive bajo un “régimen de excepción” y apuntó hacia la ministra de Seguridad por “ordenar y dirigir” la operación llevada a cabo el miércoles 12.
La denuncia que se hizo pública ayer durante una ronda de prensa que tuvo lugar en la Cámara Baja, también incluye al secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro, y el prefecto general, Guillermo Giménez Pérez.
Y si bien fue sustanciada ante los tribunales federales de Comodoro Py, donde recayó en el juzgado que está cargo de Ariel Lijo, también se enviaron copias al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Unión Interparlamentaria Mundial que es un organismo de la ONU que reúne a los parlamentos de los países miembros de este organismo.
Estos tres de los funcionarios son acusados de haber perpetrado los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de torturas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público durante la represión en la que integrantes de las fuerzas federales atacaron a los diputados Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Leopoldo Moreau que estuvieron presentes en la presentación.
En la oportunidad, el diputado Leopoldo Moreau calificó a Bullrich como “una mercenaria de la violencia estatal”, tras lo que hizo hincapié en que “cuando no interviene la ministra de Seguridad y las fuerzas de seguridad nacional no se produce ninguna circunstancia que debamos lamentar” y en relación a las personas que aún permanecen encarceladas desde el miércoles pasado, añadió que “los que están detenidos hoy son presos políticos”.
Por su parte, su par de bancada, Carlos Castagneto, quien debió ser hospitalizado el miércoles pasado por las heridas que recibió durante la represión, sostuvo que “no podemos entender esta manera de hacer política” y puntualizó que “me parece que en un proyecto de ley cuando se quiere poner un protocolo antipiquete quiere decir que la ley no es buena para el pueblo”.
El escrito lleva las firmas de Martínez, Moreau y Castagneto junto a las de Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Andrea Freites, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Ernesto Nader Alí. Y ahí se solicita que se abra una investigación y se dispongan las medidas necesarias para que se investiguen los delitos que son denunciados.
Una de las copitas de la denuncia fue recibida por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, quien recientemente hizo un contundente pronunciamiento respecto de lo que considera que representa un retroceso en materia de derechos que se verifica en Argentina desde la llegada de Javier Mile a La Rosada. “Las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos”, recalcó Türk al referirse al actual gobierno que tiene nuestro país durante la apertura de la 56 sesión de la Comisión que preside.
