Los ex gendarmes Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco fueron condenados hoy por la mañana por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en el juicio por los delitos de secuestros, allanamientos y tormentos contra siete militantes del Partido Comunista y sus familias, entre ellos menores de edad.
Diez años de prisión para Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, es la sentencia que dictaminó hoy por la mañana el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay en la causa conocida como Stur II o PC II, en la que ambos ex integrantes de Gendarmería Nacional se sentaron en el banquillo acusados por secuestros, allanamientos ilegales y tormentos contra siete militantes del Partido Comunista y sus familias, entre ellos tres niños, en un hecho que tuvo lugar entre 1977 y 1978 en esa localidad de la provincia de Entre Ríos.
Cabe recordar que esta causa deriva de la continuación de las pesquisas que durante 2019 permitieron que se juzgara y condenara al ex policía de la Federal, Julio César Rodríguez, alias “El Moscardón Verde”, quien fue encontrado penalmente responsable de haber cometido los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y por tormentos contra los militantes comunistas Juan Bautista Amadeo Echeverría y Carlos Julián Stur.
Con esos antecedentes y tras algunas postergaciones, la Causa PC II avanzó en la reconstrucción de varios operativos represivos que se llevaron a cabo en suelo uruguayense entre 1977 y 1978, incluyendo el que tuvo lugar contra un grupo de militantes del Partido Comunista durante la noche del 12 de mayo de 1977 en la casa de Roberto Montesino, donde celebraban el cumpleaños de Mirta Bochatay, en una reunión en la que había mujeres, hombres y pibes que se preparaban para comer un asado cuando irrumpió una patota armada formada por integrantes de Gendarmería que los secuestró a todos.
En abril de este año comenzó a realizarse el juicio que fuimos siguiendo paso a paso desde Nuestra Propuesta y del que derivaron las condenas dictadas esta mañana por el TOF. Para la ocasión, estuvieron presentes hoy en Concepción del Uruguay miembros de la dirección provincial del PC y una comitiva del Comité Central del Partido integrada por Carlos Tcholakian y Emilia Segota, quien sostuvo que “es un día muy significativo porque en Buenos Aires se presentaron ayer los testimonios de dos camaradas del PC (Jorge Kreyness y Osvaldo Peula) en el juicio por los desaparecidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura Pomar y a esto se suma ahora el fallo por el juicio de Concepción del Uruguay”. Ambos hechos, subrayó Segota, ratifican que “sostener la lucha por la Justicia tiene una enorme grandeza vinculada con el empeño puesto y no sólo con el resultado”, ya que “cualquiera sea el resultado de los reclamos, la tarea de esclarecer, denunciar y poner en evidencia es un capital que acumula el movimiento popular”.
Al recordar que Concepción del Uruguay “ha sido cuna de revolucionarios como Carlos Stur y nuestros camaradas desaparecidos Neco y Chilo Zaragoza, entre tantos otros que sostienen la lucha por Justicia”, puntualizó que las víctimas del hecho que se sintetizó en la Causa PC II, “entre ellos tres niños que sufrieron amenazas, prisión, secuestros y torturas hace que nunca dejemos de mirar lo que no se ve”. Y añadió que “hay una enseñanza del PC, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (que ofició como “Amicus Curiae” en esta causa, brindando un testimonio clave) y de todo el movimiento de Derechos Humanos, fuerzas políticas, sociales, sindicales y del pueblo todo que sostienen este concepto, porque lo que no se ve acumula fuerza por la Justicia, por el esclarecimiento de hechos y por lograr resultados, que es algo en lo que tenemos un fuerte optimismo revolucionario y una experiencia acumulada muy grande”.
Por su parte, desde la dirección del PC de Ente Ríos, Natalia del Barco aseveró que “estamos contentos y contentas por haber podido llevar adelante esta causa” que, recordó, “no sólo se inició por los apremios ilegales contra camaradas y compañeros militantes, sino además sobre sus hijos que eran menores de edad y fueron víctimas de ese hecho represivo enmarcado en el terrorismo de Estado”. E hizo extensiva esa satisfacción al logro obtenido, “que hace que estos represores que actuaron en la costa del Uruguay, hoy estén con una pena concreta”.
Esto resulta aún más relevante en un contexto de vaciamiento de la estructura de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, algo que se verifica con el ajuste, despidos y definanciamiento del Registro Único de la Verdad que se profundiza a instancias de lo que establece el gobernador Rogelio Frigerio. “El gobierno provincial no cumplió con su rol como organismo del Estado, ignoraron cuestiones básicas de este tipo de procedimientos judiciales en los que Argentina tiene vasta tradición”, lamentó la dirigente paranaense y valoró positivamente que este juicio se haya podido sustanciar “pese al vacío del gobierno de Frigerio”.
Pero no sólo tuvieron que accionar en esas condiciones adversas. “También tuvimos que pasar por situaciones aberrantes como cuando la responsable del Registro Único de la Verdad, públicamente hiciera lecturas tendenciosas para poner en duda el compromiso de la militancia de nuestro Partido con la lucha por los Derechos Humanos”, por lo que no dudó al señalar que “hemos sido violentados por el gobierno provincial” y apuntó contra Alicia Bargaña, directora del área en la Gestión Frigerio.
De todos modos, Natalia del Barco puso por delante que “estamos con mucha satisfacción porque resulta importante mantener viva la memoria de los camaradas que ya no están físicamente con nosotros, pero que su lucha y compromiso persiste en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia tal como lo fue la que de manera inclaudicable libraron durante toda su vida”. Por eso, insistió, “celebramos que con esta sentencia se pueda brindar un poco de justicia y algo de reparación para sus hijos e hijas que también fueron víctimas de la represión”.
