La denuncia alcanza al personal policial de la comisaría de Ulapes. “Si aquí no termina alguien castigado por la ley, es porque no existe la ley”, advirtió el Secretario Político del Partido Comunista de La Rioja, Rogelio de Leonardi, ante este hecho que calificó como “un retroceso inadmisible para la vida democrática del país”.
Ante una situación que estremece a la comunidad de Ulapes, en el sur provincial, el Secretario Político del Partido Comunista de La Rioja, Rogelio de Leonardi, afirmó que “si aquí no termina alguien castigado por la ley, es porque no existe la ley”. La comisaría local fue escenario de un hecho sumamente grave de violencia institucional, donde dos hombres denunciaron haber sido detenidos ilegalmente y sometidos a apremios ilegales y torturas con picana por parte de efectivos policiales.
Tal como consta en la denuncia que llevó a que el propio Secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, reclamara una actuación rápida del Poder Judicial y de los organismos de control internos de la Policía provincial. Este nuevo y repudiable capítulo de la violencia estatal que escala bajo el gobierno de Javier Milei, y que se multiplica por provincias de distinto signo político, sucedió el martes posterior al último fin de semana largo, cuando dos hombres oriundos de Mendoza fueron interceptados dentro del territorio de San Luis y posteriormente trasladados a una dependencia policial de Ulapes, donde terminaron siendo víctimas de apremios ilegales y se les aplicó picana eléctrica.
Al respecto, De Leonardi advirtió sobre la demora judicial y también acerca de la dilación administrativa por parte de la gestión que encabeza Ricardo Quintela a la hora de separar preventivamente de los cargos a los policías implicados en la denuncia, algo que no descartó que podría tener la intencionalidad política de “enfriar la situación”. Sin dudarlo, De Leonardi calificó el episodio como “un retroceso inadmisible para la vida democrática del país”.
En este sentido, quien también es titular del sindicato docente AMP y Secretario de Derechos Humanos de la Ctera, fue claro al hacer hincapié en que “lo que pasó en la comisaría de Ulapes es lo suficientemente grave, porque de lo que estamos hablando es de la aplicación de tormentos que con ingenuidad creíamos que habían terminado con la dictadura militar”.