Comienza el juicio por su asesinato en el que se acusa a los prefectos Francisco Pintos, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García. Para la Fiscalía se trata de un homicidio por exceso en la legítima defensa, pero la Secretaría de Derechos Humanos insiste con que deben ser juzgados por homicidio calificado.
Hoy martes 15 de agosto comienza a llevarse a cabo en la localidad rionegrina de General Roca, el juicio oral y público en el que se van a sentar en el banquillo de los acusados, cinco prefectos que están imputados de ser autores del homicidio de Rafael Nahuel que fue perpetrado el 25 de noviembre de 2017.
Como se recordará, ese día un grupo de efectivos del Grupo Albatros de Prefectura, que en ese momento respondían a las órdenes de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, irrumpió dentro de un predio ubicado en Villa Mascardi y disparando decenas de municiones de plomo, persiguieron a miembros de la comunidad mapuche que habían abandonado el terreno bajo custodia que los uniformados buscaban desalojar.
Al menos una de esas balas impactó en la espalda de Nahuel y le quitó la vida, por lo que la querella de la causa que integra desde marzo de 2021 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acusa a los prefectos de haber asesinado al joven y pide que la calificación sea de homicidio calificado.
Por su parte, la fiscalía los imputa como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa, un criterio que si prevalece, morigeraría el pedido de la Secretaría que insiste en que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos.
Durante este juicio en el que se imputa a Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García, se prevé que declaren casi un centenar de testigos entre los que se encuentran prefectos, policías y peritos, así como integrantes de la comunidad mapuche que estuvieron aquel fatídico día en la zona del predio donde fue ultimado Nahuel.
En junio pasado, en el contexto de la Mesa de Diálogo por el conflicto territorial en Villa Mascardi, en el edificio de la ex Esma se suscribió un acuerdo que, entre otras cosas, incluye el compromiso del Estado nacional de reconocer el carácter de sagrado que para la comunidad mapuche posee ese sitio de Villa Mascardi que está dentro un predio de Parques Nacionales. Y, en este sentido, el Estado accedió a dar cesión de uso del predio a la machi Betiana Colhuan y se acordó que la comunidad Lafken Winful Mapu se va a reubicar en un predio distinto.
Y, asimismo, se determinó que el Estado nacional establezca una presencia constante en la zona, por medio de la instalación de oficinas propias de carteras gubernamentales, además del Ministerio de Seguridad, para garantizar una convivencia pacífica entre la machi Betiana Colhuan y el resto de los habitantes de la zona.
