Lo hizo por medio de un documento que le envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), un documento en el que vuelve a reclamar que ese órgano de la OEA “exija a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Argentina su intervención urgente para subsanar la restricción a los derechos humanos de Ricardo Jaime, encerrado en el Penal de Ezeiza desde hace cuatro años, seis meses y diecinueve días sin condena firme y a pesar de sus reiterados pedidos de prisión domiciliaria en virtud de razones de edad, salud y la pandemia Covid 19”.
Vale recordar que Jaime fue secretario de Transporte de la Nación de 2003 a 2009. Fue imputado en una treintena de causas penales, entre ellas una abierta por enriquecimiento ilícito, y tiene tres condenas. A fines de septiembre, el Tribunal Oral Federal 6, ratificó la prisión preventiva que le había prorrogado hasta abril de 2021, por lo que permanece preso en la cárcel de Ezeiza.
Al respecto, la Ladh recalcó que Jaime padece “gravísimas violaciones al debido proceso”, por parte del Poder Judicial “que mantiene su carácter de subordinación a los planes coloniales de dominación”.
Por lo que plantea que esta situación “amerita la intervención de los poderes legislativos y ejecutivo del Estado argentino” y recuerda que el responsable directo d esta situación es el Poder Judicial, “el artículo 2 de la Cidh establece que los Estados signatarios deben adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos el ejercicio de los derechos humanos y las libertades”.
De ahí que los poderes Legislativo y Ejecutivo nacionales “están obligados a accionar contra la arbitrariedad del Poder Judicial adoptando las medidas que fueren necesarias para reestablecer el ejercicio de los Derechos Humanos que le asisten a Jaime”.
Asimismo, señala que “la ejecución de una pena sin ley es una violación grave a los Derechos Humanos que no puede dejar el precedente de haber pasado inadvertida por la Comisión” y demandó que “se ponga a disposición del detenido y del Estado argentino una fórmula de justa composición de intereses que incluya la soltura inmediata de Ricardo Raúl Jaime, condición sin la cual es imposible poner término a la violación de los Derechos Humanos”.
Por otro lado, la Ladh explica que “hacemos esta comunicación como parte de nuestra lucha contra la continuidad del law fare, denunciado y descalificado por parte del Presidente, la Vice Presidenta y un número de legisladores, juristas y personalidades de la Argentina, y como alerta al Poder Ejecutivo de que su inacción puede generar sanciones y condenas internacionales”.
Y recordó que el titular de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, reconoció que la Secretaría a su cargo “cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad”.
Por eso, recalca la Ladh, que la presntación que hace ante la Cidh, “pretende poner en marcha dicho proceso de reclamo ante el Poder Ejecutivo de salvaguardia de los derechos amparados por el Pacto de San José de Costa Rica para el nombrado Jaime y todas y todos los presos políticos que a casi un año de asumido el gobierno, mantienen esa condición incompatible con la vigencia de los parámetros mínimos de la democracia”.
Tras lo que advierte que “la continuidad del lawfare en Argentina que mantiene sometida a la democracia” por eso “alertados como estamos por el reciente golpe de Estado en Bolivia que tuvo su anclaje institucional en la complicidad judicial, entendemos que la lucha contra el lawfare es parte de la defensa de la Liga a los principios y garantías democráticas y de justicia social”.
