Es para los asesinos de Blas Correa, quien fue ultimado por policías de Córdoba, provincia en la que desde 2019 se perpetraron diez crímenes enmarcados en hechos de violencia institucional.
Conforme se acerca la definición del juicio cuya sentencia se espera que se dicte a mediados de marzo, el caso del homicidio de Blas Correas, vuelve a poner sobre el tapete la violencia institucional que aparece enraizada en Córdoba y especialmente en sus fuerzas policiales.
“La represión a la juventud del estado provincial provoca que se produzcan casos como el Blas Correa”, sostuvo desde el Secretariado de La Fede Córdoba, Bruno Lonnati, al referirse al asesinato que fue perpetrado durante la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando cinco amigos volvían en auto después de juntarse en un bar de la capital provincial.
En esas circunstancias, un grupo de oficiales de la Policía de Córdoba que llevaba a cabo un control vehicular, hizo señas para que se detuvieran, pero los pibes se asustaron y siguieron de largo. La respuesta fue una andanada de disparos de los que uno asesinó por la espalda a Blas Correa y otro hirió a uno de sus acompañantes.
Hace cinco meses comenzó el juicio oral en el que se sientan en el banquillo de los acusados trece policías que fueron imputados por la comisión del crimen, pero también porque intentaron encubrir la escena y simular un supuesto enfrentamiento entre los jóvenes y los agentes implicados.
Pero durante el proceso, la acusación pudo determinar que los autores de los disparos fueron los cabos Javier Alarcón y Lucas Gómez, sobre quienes pesa la imputación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de la función policial. Para los dos el fiscal de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba Fernando López Villagra acaba de pedir pena de prisión perpetua.
El crimen de Blas Correa se convirtió en un caso emblemático que movilizó a buena parte de la sociedad cordobesa junto a organismos de Derechos Humanos y la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero también a la ONU que posó su mirada sobre la provincia gobernada por Juan Carlos Schiaretti, quien al tiempo que se postula como candidato presidencial, exhibe una gestión que posee un preocupante récord de casos de violencia institucional.
Esto hizo que durante noviembre de 2022, en su visita a Argentina, el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias,
Morris Tidball-Binz, recibiera de manos de la Asamblea permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, un informe en el que consta una reseña sobre los casos fatales de gatillo fácil perpetrados en esta provincia desde el 10 de diciembre de 2019.
Ese relevamiento da cuenta diez homicidios cometidos por personal de la Policía y el Servicio Penitenciario de Córdoba. Se trata de Franco Sosa, Gastón Mirabal, José Antonio Avila, Luis Morenigo, Joaquín Paredes, Isaías Luna, Víctor Gustavo Calderón, Ezequiel Castro, Johnatan Romo y Blas Correas cuya madre, Soledad Laciar, fue recibida por Tidball-Binz.
