Una jueza ordenó la detención del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien fue alojado en una prisión. “Me juzgan por nuestra gestión transformadora”, recalcó el ex precandidato presidencial por el Partido Comunista de Chile.
“Me juzgan por nuestra gestión transformadora”, recalcó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre quien la jueza Paulina Moya, dictó prisión preventiva porque considera que resulta una persona “peligrosa para la seguridad de la sociedad”. La decisión judicial que el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, consideró “del todo injusta, pero además con falta de antecedentes claros respecto a los delitos que se le han imputado”, provocó el repudio del Partido Comunista de Chile (PCCh), cuya titular Bárbara Figueroa, no dudó en calificar como “lamentable y desproporcionada”.
El ex precandidato presidencial por el PCCh, fue denunciado por una presunta mala administración de las denominadas “Farmacias Populares” que como alcalde de Recoleta, impulsó con el fin de vender a precios más accesibles medicamentos y otros productos sanitarios, lo que planteó una competencia que las cadenas comerciales que concentran la actividad farmacéutica nunca le perdonaron.
La iniciativa que comenzó durante 2016 con la farmacia popular de Recoleta, fue creciendo hasta que se sumaron 170 municipios de diferentes puntos de Chile. Desde entonces esta red fue objeto de constantes ataques la pusieron contra la cuerdas y que tienen ahora tienen un nuevo capítulo en la acusación de la jueza Moya que se refiere a la compra de insumos como barbijos, termómetros, guantes y pecheras desechables que fue hecha durante 2020 en el contexto de la pandemia. “No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar”, lamentó quien está al frente de su tercer período como alcalde de Recoleta y anticipó que va a apelar “esta medida desproporcionada”, por la que fue trasladado, esposado y en un vehículo de Gendarmería, al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en cuyas adyacencias lo aguardaban militantes del PCCh que le brindaron su apoyo.
Con este telón de fondo, el abogado Sepúlveda aseveró que “el Tribunal ha tomado una posición de dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave, porque si bien esto se puede discutir en un juicio oral, debe existir necesariamente -en una resolución que decreta una medida cautelar como esta- antecedentes claros respecto a la participación y respecto a la existencia de los delitos que creemos en este caso no se dan”.
Por su parte, el presidente del PCCh, Lautaro Carmona, coincidió en que “la medida cautelar contra el compañero Daniel Jadue es lamentable y desproporcionada” y aunque evitó manifestarse públicamente sobre la cuestión de fondo del caso, recalcó que “tengo mucha confianza en el debate jurídico que se va a hacer y en la presentación ante la Corte de Apelaciones”.
Quien también se pronunció fue la diputada por el PCCh, Carmen Hertz, quien hizo hincapié en que representa “un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Jadue”, al tiempo que fue contundente cuando remarco que en este caso “la persecución política y el acoso son evidentes”. En tanto que su par de bancada Lorena Pizarro, fue en idéntica dirección cuando resaltó que “se desata una persecución política que viene hace bastante rato, particularmente orquestada desde la extrema derecha” que tiene por objetivo “detener lo que significa la obra que ha desarrollado Daniel Jadue en Recoleta”.
Y el diputado comunista Matías Ramírez, también destacó que “la persecución política es evidente contra Daniel Jadue”, ya que “no hay elemento alguno que justifique una medida cautelar de esta entidad” y sin dudarlo insistió en que “lo que hay detrás, es un anticomunismo que busca frenar políticas populares que permitieron poner en evidencia las desigualdades del modelo”.
