Sectores de izquierda y sindicatos llevan a cabo jornadas de lucha para protestar contra el aumento del costo de vida que provoca la suba de los servicios públicos, alimentos y el combustible.
Con una jornada de paro y movilización que se hizo sentir en toda Francia, la CGT exigió una urgente recomposición salarial que permita a los trabajadores enfrentar la creciente carestía provocada, fundamentalmente, por los aumentos que se vienen acelerando en los precios de los servicios públicos, alimentos y el combustible.
La movilización que tuvo lugar ayer martes con epicentro en Paris, fue apoyada por varios sindicatos, entre ellos, los ferroviarios, los de la educación y la sanidad, así como por los trabajadores de las refinerías que desde hace más de diez días desarrollan un plan de lucha que ya provoca un marcado desabastecimiento del combustible.
Pero la capital francesa también fue el escenario de la represión policial que enfrentó a los manifestantes mediante la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos, que no pudieron impedir que quienes se movilizaban pudieran llegar hasta algunos centros neurálgicos de la ciudad.
Dos días antes, también en la capital gala, diferentes sectores de izquierda manifestaron por el mismo motivo. “Estamos diseñando un nuevo Frente Popular”, celebró en esa ocasión el titular de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, al referirse al clima que recorre su país, tras lo que hizo hincapié en que con este telón de fondo, “lo más importante es la unidad del propio pueblo que no se deja dividir por su color de piel, su religión, afiliación política o indiferencia”.
Estas dos jornadas también cuestionaron el impacto que tiene en la economía francesa, la postura subordinada a los intereses de la Otan y EE.UU., que adopta la Unión Europea respecto al conflicto armado que se desarrolla en el Donbass.
Pero asimismo sirvieron para volver a cuestionar la actitud del gobierno que encabeza Emmanuel Macron y el de la clase capitalista que actúa en Francia, en el contexto de la crisis que se viene acelerando desde hace tres años.
Hace dos semanas, los grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional y del Senado que van del centro-izquierda hacia la izquierda, presentaron un proyecto que si prospera va a permitir que el Estado establezca “una contribución adicional sobre los beneficios excepcionales de las grandes empresas”, que alcanzaría a aquellas que facturen más de 750 millones de euros “y cuyo resultado imponible del año en cuestión sea superior o igual a 1,25 veces el resultado imponible medio de los años 2017, 2018 y 2019”. La iniciativa es similar a otras en las que ya avanzaron otros países europeos como en Italia, Alemania, España, Hungría y Rumania.
