En entrevista con Nuestra Propuesta, la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Andrea Reile, analizó en profundidad las graves implicancias que tendría la puesta en marcha del Consejo de Seguridad Nacional, iniciativa que Javier Milei incluyó como parte del proyecto de Presupuesto 2027, y a las penas que en su marco establece la llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por parte de un gobierno cipayo. Si esto prospera, alertó Reile, “va a permitir que el presidente recurra a la utilización de las Fuerzas Armadas para lo que quiera”.
Como parte del Proyecto de Presupuesto 2027 que Javier Milei envió la semana pasada al Congreso, aparece la iniciativa de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que, de acuerdo a lo que señala el texto, tendría por función “diseñar y coordinar la política de seguridad”. Ese órgano estaría dirigido por el propio presidente e integrado por su jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de Inteligencia y Legal y Técnica. También se incluye el destino de fondos para el emplazamiento de la base naval conjunta en Ushuaia, que en los hechos no sería otra cosa que una base militar yanqui.
A caballo de este grio chovinista, el mileísmo pretende introducir modificaciones de carácter puntivista en el Código Penal, por las que se imponen penas de hasta doce años de prisión a quienes “manipulen la opinión pública” y promuevan “campañas de desinformación” en el marco de la cínicamente denominada, por un gobierno que hace de la entrega su marca registrada, “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ”, proyecto que también llegó al parlamento.
Todo esto ya había sido anticipado en la insólita cadena nacional del admirador de Margaret Thatcher del 3 de septiembre, en la que se presentó repentinamente como un patriota interesado en la causa Malvinas y en los intereses soberanistas con tal de levantar su deteriorada imagen en la sociedad de cara a un año electoral. Fantaseando, además, como en el 82 lo hiciera Galtieri, con un inviable apoyo de Estados Unidos a la reivindicación soberana sobre nuestras islas a partir de las disputas que Donald Trump mantiene con Londres en torno al involucramiento inglés en la guerra que desató contra Irán y a las exigencias para que el Reino Unido aporte más presupuesto a la OTAN.
Resulta imposible soslayar en el contexto dado, que de la mano de la cración de este Consejo, se busca avanzar en modificaciones a la Ley de Defensa Nacional que le darían a las Fuerzas Armadas prerrogativas que no tenían desde 1983, mezclando conceptos de “Defensa Nacional” y “Seguridad Interior” y otorgándoles, a sola orden del Ejecutivo, funciones que están reservadas desde el fin de la dictadura a las fuerzas policiales.
“En este proyecto presentado por el Ejecutivo junto al Presupuesto 2027, nos desayunamos con un montón de pretensiones con las que se plantea avanzar al modificar la Ley 24.059 que, actualmente, rige aspectos de la Defensa Nacional”, explica Andrea Reile, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en diálogo desde Río Negro con Nuestra Propuesta. Además, advierte que “se impulsa la concentración de la toma de decisiones, dejando por afuera a todo lo que sea control legislativo, porque la integración de este Consejo estaría centrada en el Presidente de la Nación más sus ministros, entre ellos el de Economía”.
-¿Con esta iniciativa se vuelve a querer habilitar la presencia de militares en tareas de seguridad interior?
El proyecto se propone la utilización de las Fuerzas de Seguridad junto a las Fuerzas Armadas para actuar en el conflicto interno, algo que constituye un principio que no se utiliza desde la Dictadura, porque después de 1983 cuando se retoma la vida institucional democrática en Argentina, se deja en claro que las Fuerzas Armadas deben estar para la defensa del país ante ataques exteriores y no para que sean utilizadas en conflictos internos. Sin embargo, este proyecto pretende trastocar eso y, además, sin pasar por otro control constitucional como el que sería el estado de sitio, que es una medida transitoria para la que el Ejecutivo requiere la aprobación del Poder Legislativo. Si este proyecto prospera, la aplicación va a quedar a entera voluntad del Presidente quien podrá recurrir a la utilización de las Fuerzas Armadas para lo que quiera.
-¿Con esto se confunde deliberada y peligrosamente el concepto de defensa nacional con el de seguridad interior?
Así es. Las Fuerzas Armadas en la Argentina están para la defensa de las fronteras y para el caso de un ataque externo, pero de ninguna manera para que sean empleadas en cualquier situación interna, excepto con la declaración del estado de sitio y para eso el Congreso debe autorizar al Ejecutivo. En sí mismo todo esto viene a atacar a la democracia.
-¿Qué es eso de la aparición de un nuevo delito penal en el texto del Proyecto?
Aparece la incorporación de un nuevo delito penal que es de dudosa especificación. Los delitos penales tienen que ser muy claros y, por lo tanto, se debe decir cuál es la conducta que va a sancionar. Por ejemplo, “el que matare a otro tendrá una pena de ocho a veinticinco años”. Queda claro cuál es el delito y en qué consiste la pena. Eso es un delito penal.
Pero por medio de este proyecto, el Ejecutivo pretende incorporar en el Código Penal un delito que no está explicado, ya que habla de “el que manipula la información causando desinformación desde el extranjero o con financiamiento extranjero”. Es decir, que habla desde una ambigüedad que es tan amplia e imprecisa que podría ser capaz de incluir cualquier cosa en ese delito. Aparte no presenta una conducta clara para sancionar, porque habla además “del que manipula la información pública” ¿Pero, cuál sería la información pública? ¿Cómo se manipula, quién lo hace, desde dónde, cómo? Nada de esto queda claro porque, incluso, de acuerdo al proyecto, cualquier mensaje que podría emitir una persona entraría dentro de esta categoría, por lo cual desde esa redacción, la nueva incorporación es totalmente contraria a las leyes vigentes porque nadie podría defenderse de algo que es tan general, a punto tal que ni siquiera podría saber si está cometiendo o no tal conducta.
-Esto colisiona entonces con la propia Constitución...
Queda claro que se trata de un proyecto que es contrario a todos los derechos y garantías que postula nuestra Constitución. Y otro aspecto muy cuestionable que aparece en el texto de este proyecto es el del juicio en ausencia, que es un proceso que se lleva a cabo sin el acusado, lo que vulnera algo que es fundamental como el derecho a la defensa que asiste a cualquier acusado. Porque si lo que pretendemos es llevar adelante un proceso legal, normativo acorde a las leyes, la Constitución y los Derechos Humanos, sea el delito que sea, debemos dejar que el acusado se defienda para que conforme las normas que rigen el debido proceso se lo pueda encontrar culpable o inocente para que, a partir de ahí, se pueda proceder a la aplicación de una pena. Así es como se procede en cualquier sociedad civilizada, porque desde Juan sin Tierra (Ndr: Rey de Inglaterra desde 1199 hasta su muerte en 1216) el derecho a la defensa es el principio rector para cualquier investigación.
-¿Es decir que Milei atrasa más de ochocientos años y, encima, utiliza la Causa Malvinas?
El Presidente quiere llevar adelante esto y lo hace pretendiendo interpelar una causa muy noble y arraigada en la sociedad argentina como es la del reclamo de soberanía sobre Malvinas, que implica la defensa de nuestros recursos naturales patagónicos y del resto de la Argentina en general.
Hay que volver a decir que este proyecto va en contra del derecho a la defensa. Y no estoy defendiendo a las empresas extranjeras que vienen para hacer un uso indiscriminado y expoliatorio de nuestros recursos naturales. El problema es que cuando vemos la imposición de un instituto así, debemos pensar lo que implica cuando se aplica con ciudadanos comunes, por ejemplo, en el caso de una persona que pudiera ser acusada de este delito de “desinformación”. Si no lo encuentran, lo juzgan en ausencia, lo persiguen y lo penan. Eso pasaría a ser moneda corriente y sería anticonstitucional y bochornoso.
-¿Pero ese procedimiento ya está contemplado por la Ley 27.784 de 2025?
Sí, y hay que decir que se aplica en el juicio que sigue el doctor Daniel Rafecas por el Caso Amia. Pero estamos hablando de una norma que habilita que se juzgue a prófugos en delitos de máxima gravedad como es ese caso que lleva muchos años y estuvo rodeado de un montón de circunstancias que sería muy largo desarrollar aquí, por lo que se trata de un caso excepcionalísimo en el que se aplicó esa figura prevista para causas de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
Pero si sacamos a esa figura de ese contexto tan específico para transpolarla al Código Penal común, que es donde están legislados los delitos económicos, se entraría en un terreno en el que todos y todas las ciudadanas de nuestro país pasaríamos a estar en una zona de riesgo de ser perseguidos jurídicamente y sin tener claro de qué manera podríamos defendernos. Por eso es que insisto con que estamos ante un proyecto que resulta agresivo para la democracia, para nuestros derechos y garantías constitucionales.
-¿La iniciativa apuntala también la vuelta a la hipótesis del conflicto interno y abriría la puerta a que tengan más prerrogativas a las Fuerzas Armadas para actuar dentro de ese hipotético conflicto?
Por supuesto, pero no sólo a las Fuerzas Armadas, porque por un lado tenemos la concentración de la toma de decisión en manos del Poder Ejecutivo y en esto se involucra también a la Side. Y, a través de eso, se habilita la utilización de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno.
Pero también tenemos la cuestión jurídico-legal y la persecución a la que se le da luz verde con esto. No debemos olvidar que en Argentina y desde hace más de diez años, tenemos presa a Milagro Sala, además de a una cantidad enorme de personas que fueron detenidas y procesadas por ser opositores políticos o por cumplir con una función política o porque eran líderes o liderezas políticas.
Con este nuevo proyecto lo que se intenta imponer es la conjunción de las dos cosas: la utilización de las Fuerzas Armadas con la persecución jurídico-legal para cualquier activista político. Y esto es algo que excede a la militancia partidaria, ya que habilita a que alcance a quien, por ejemplo, desde una radio, haga un análisis político que no le guste al gobierno respecto a unas elecciones. Porque en el texto del proyecto no está determinado con exactitud a quién se apunta. Lo que está es la incorporación de un artículo sin especificar qué conductas alcanza, el artículo 225 bis que está dentro de los delitos económicos, que impone penas de prisión de cinco a doce años a quien “al obrar por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, y procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. El concepto es tan ambiguo que los imputados por ese tipo de delito podemos ser cualquier ciudadano de nuestro país y no sólo empresas extranjeras que actúen en Malvinas.
-Una especie de Policía del Pensamiento como la que imaginó George Orwell...
Claro, y por eso es que las dos cosas convergen en algo que es muy peligroso: la utilización del brazo más fuerte que tiene el Estado que son sus Fuerzas Armadas y la persecución jurídica.
Y en esto hay una paradoja, porque hablan de una ley para defender la soberanía, pero lo que dice este proyecto atenta contra la soberanía de las provincias, ya que si este Consejo de Seguridad Nacional integrado por el Ejecutivo decide que por ejemplo en mi provincia, Río Negro, tal yacimiento debe quedar bajo la “protección” del Consejo, los rionegrinos pasaríamos a perder soberanía sobre ese lugar. Y esta atribución que se tomaría el Poder Ejecutivo Nacional sobre otra jurisdicción no entra dentro de las facultades delegadas, porque de acuerdo a nuestra estructura constitucional son las provincias autónomas las que delegan soberanía en el Estado Nacional y, aquí, se estaría invirtiendo esa relación porque con este Consejo en funcionamiento, el gobierno podría tomar cualquier área provincial para apoderarse de ella y así destruir la estructura constitucional y republicana que tiene nuestro país desde 1853.
-Eso es demasiado peligroso sobre todo cuando se advierte la tendencia a racializar los criterios que tiene el Poder Judicial, algo que en Río Negro provocó más de una situación en la que tuvo que intervenir la Liga
Así es. Este Consejo de Seguridad se pretende crear por una ley que viene a reemplazar a la 24.059, que es la vigente y que, por supuesto, no es una ley que nos satisfaga. Es una ley que hemos cuestionado y contra la que hemos tenido que litigar en el marco del Consejo Unificado que impulsó el gobierno de Alberto Fernández cuando utilizó ese mecanismo para la persecución de cinco mujeres mapuches, una con un embarazo avanzado y otra con dos niños. Hay que tener presente que nuestro Estado argentino ha tenido mucho de esto y, por eso, los derechos deben defenderse cotidianamente.
-¿Ahora toca defenderse contra este Proyecto de Ley?
Sí, porque es un avance contra la sociedad, contra los derechos de las personas. Y si bien no voy a defender la ley actual porque tiene un montón de cuestiones negativas, queda claro que la idea es que las cosas se mejoren y el proyecto de Milei las empeora considerablemente, ya que entre otras cosas hace que a diferencia de lo que pasa ahora, ya no se vaya a precisar autorización del Congreso y, por lo tanto, la decisión del presidente va a quedar sin ningún tipo de control. Sin ninguna voz que pueda decir una palabra que lo cuestione.
En nuestra historia reciente vemos cómo la aplicación de un instituto legal como puede ser la Ley de Defensa de la Soberanía, puede afectar los derechos de personas concretas. Por eso habrá que seguir batallando para defender nuestros derechos. Como sociedad no podemos quedarnos mirando, porque como sociedad civil tenemos la responsabilidad de hacerles saber qué es lo que conlleva este proyecto a los legisladores que van a tener en sus manos la posibilidad de aprobarlo o no. Si lo aprueban, las consecuencias van a ser muy serias y las vamos a sufrir como pueblo. Por eso debemos tener una actitud activa en la defensa de nuestros derechos y garantías procesales y constitucionales que están siendo seriamente atacadas. Tal como lo están siendo otros tantos de nuestros derechos, como los que nos asisten a tener Educación y Salud Pública de calidad o los que se les vulneran a las personas con discapacidad y a los trabajadores jubilados, pensionados y adultos mayores.
