A raíz de la represión de los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei el jueves pasado en las inmediaciones del Congreso, se presentó una denuncia colectiva ante los Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas. La presión popular hizo retroceder al gobierno que anoche resignó en Diputados el apartado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que derogaba la Ley de Tierras. Con esa moneda de cambio, ahora Milei intentará avanzar en el blindaje del DNU 70/2023.
Diferentes organizaciones estudiantiles, docentes, sindicales y de derechos humanos presentaron ante los Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una denuncia sobre la violenta represión y criminalización de la protesta social que el gobierno nacional y la gestión a cargo de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante contra quienes participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria y la manifestación contra el DNU 70/2023. Tal como lo relevó el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma, el operativo coordinado por las distintas fuerzas de seguridad nacionales y porteñas dejó un saldo de más de 550 personas heridas, afectadas principalmente por la toxicidad de los gases lacrimógenos y pimienta arrojados por personal policial, además de las postas de goma y de dispositivos Byrna que dispararon contra quienes se manifestaban. Complementando este número, se registró la detención de 31 manifestantes, que pudieron recuperar su libertad en las horas siguientes, entre ellos dos menores.
La denuncia fue hecha ante la Relatora sobre los Derechos de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, y el Relator sobre la Libertad de Opinión y de Expresión, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, así como ante el Comité de los Derechos del Niño y apunta tanto al accionar de las fuerzas federales como de las dependientes del Gobierno de la Ciudad. Luego de estos hechos, interpretando que no le representan ningún costo político, sino que por el contrario lo perfilan como un fiel representante de “la mano dura” en su competencia con el mileísmo para revalidar su mandato en la alcaldía porteña y darle más espaldas al PRO para las elecciones nacionales también, Jorge Macri ordenó una feroz represión contra los trabajadores del Subte (Ver:“La bronca viene desde abajo”) y empapeló la ciudad con afiches con la leyenda: “Ley y orden es evitar que crezcan las villas”.
La presentación, firmada entre otras organizaciones por el CELS y ATE Capital, denuncia además de la violenta represión que hubo en general, la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes cometida una semana atrás, ya que durante la cacería del jueves 15 la policía porteña detuvo a estudiantes de catorce años, algo que transgrede las recomendaciones internacionales hechas por el Comité de los Derechos del Niño, que prohíben bajar la edad de responsabilidad penal y exigen proteger a las juventudes en manifestaciones públicas. Todo lo contrario a lo que hacen el macrismo y el mileísmo, que este año lograron sancionar la baja de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años, con el inestimable apoyo de legisladores “dialoguistas”.
La presentación conjunta ante los Relatores Especiales de la ONU también pone el acento en el repudio al uso abusivo e ilegal de armas de dispersión, tal como pasó con el empleo indiscriminado de cartuchos de gas y disparos de munición cinética directos a zonas vitales como el rostro y cuello de las personas, algo que “quebranta los criterios mínimos de actuación y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. El texto también puntualiza que hubo una afectación grave de la libertad de expresión, algo que se verifica con los ataques dirigidos contra trabajadores de prensa. Más de nueve periodistas y reporteros gráficos fueron heridos en el marco de la represión coordinada, lo que se presenta asociado a la construcción de narrativas estigmatizantes y criminalización a través de la difusión de desinformación por parte de funcionarios y de la formulación de denuncias por “atentado al orden constitucional”, maniobra política, mediática y judicial con la que se busca disuadir el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
En este contexto la denuncia colectiva que suma la firma de más de cuarenta organizaciones demanda expresamente que la Organización de las Naciones Unidas requiera información detallada al Estado argentino, pero que, asimismo, haga pública su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas y exhorte a los gobiernos de Milei y de Macri a cesar de inmediato las medidas de amedrentamiento, la estigmatización pública y el uso desproporcionado de la fuerza pública. La declaración conjunta exige básicamente que el Estado argentino y el Estado porteño respeten sus compromisos internacionales y dejen de perseguir y reprimir la protesta social. Algo elemental en una verdadera democracia. Algo que no sucede en la elitista y restringida democracia de nuestro país.
Un motivo de celebración fue la conquista en la lucha popular, no en el Congreso, de la eliminación del capítulo que en el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada derogaba la Ley de Tierras. Algo ratificado en la votación de ayer en la Cámara Baja junto a la extensión permanente de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con estas “concesiones” a favor de la soberanía y la justicia social, el mileísmo intentará ahora blindar el Mega DNU 70/2023 que estructura su modelo de ajuste, entregay represión. Y se valdrá para ello del buen diálogo con gobernadores y legisladores “opoaliados”. Todo un clásico de esta democracia que le da la espalda a las urgencias del pueblo.
