La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal procesó al ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, por “abuso de autoridad” a raíz de sus denuncias contra la sociedad Hidden Lake, aquella con la que el magnate británico administra el territorio que ocupa ilegalmente en Lago Escondido.
“La persecución a Nissen es una nueva y clara muestra de que el Poder Judicial en nuestro país funciona solamente para favorecer a los ricos”, lamentó Pablo Moren, referente de la Columna Juana Azurduy que convoca para febrero a la décima edición de la marcha soberanista a Lago Escondido. Se refirió a la decisión tomada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que procesó al ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por “abuso de autoridad” a raíz de la postura constitucionalista que tuvo respecto de la sociedad Hidden Lake, firma a través de la cual Joe Lewis usurpa unas 14.000 hectáreas en Lago Escondido, incluyendo al mismísimo lago, al que considera la piscina de su mansión.
Lo que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones le reprocha específicamente a Nissen, quien estuviera al frente de la IGJ entre 2003 y 2005 y entre 2020 y 2023, cuando impulsó esta demanda, es que dictara dos resoluciones mediante las cuales intentó avanzar con tres pedidos de intervención y nulidad de la sociedad Hidden Lake SA ante la Justicia Comercial. El ex funcionario público recalcó que actuó motivado “por estrictas razones jurídicas y fundamentalmente de defensa de soberanía nacional” a raíz de “las irregularidades que existían y por la celebración en esa estancia de una reunión de jueces, fiscales y periodistas amigos del expresidente Mauricio Macri”.
En ese sentido, expresó que “la Justicia en lo Comercial, siempre tan afín a los sectores empresarios y financieros de nuestra sociedad, denegó esos pedidos fundados argumentando, entre otros motivos, que las palizas prodigadas a los visitantes del Lago Escondido por ese ejército privado a caballo y contratados por el directorio de Hidden Lake SA no era motivo suficiente para designar ni siquiera un veedor judicial”.
Uno de los hechos a los que refiere el ex titular de la IGJ ocurrió durante octubre de 2022, cuando jueces federales, fiscales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex integrantes del aparato de Inteligencia y directivos del Grupo Clarín viajaron a la estancia que posee Lewis a la vera de Lago escondido, patrocinados por el monopolio mediático. Entre otros estaban los magistrados Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials. También el entonces Fiscal General de la Ciudad y ahora Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, fue parte del convite, así como el ex titular de esa cartera en la órbita porteña, Marcelo D'Alessandro, y los empresarios Jorge Rendo, Pablo Ciuffolini, Tomás Reinke y Leonardo Bergroth. Por esto se inició un expediente judicial que quedó desestimado mediante tecnicismos leguleyos.
Por otra parte, la alusión que en su descargo hizo Nissen al ataque perpetrado contra manifestantes, corresponde a lo sucedido a principios de 2023 cuando miembros de la Marcha a Lago Escondido fueron interceptados por una patota contratada por el magnate británico que los agredió brutalmente. Precisamente, la Marcha tiene entre sus integrantes a la Columna Juana Azurduy, desde donde Moren afirmó que lo decidido por la Sala II de Casación constituye una clara muestra “de que la Justicia en la República Argentina no goza de buena salud y de que aparece impregnada del poder de la Embajada estadounidense y de otros poderes que hacen estragos en todo el mundo, que son los que han cooptado al Poder Judicial”. Por tales razones, acentuó que “ya no se pude hablar de imparcialidad, tal como también se ve con la actitud del Tribunal Supremo de Río Negro, que no atiende el reclamo que se le hace para que se abra el Paso de Tacuifí que lleva al Lago”. Sin dudarlo, Pablo Moren sostuvo que “todo esto constituye un grave peligro para la democracia, por lo que cabe preguntarse si es que vivimos en un Estado de Derecho o esto ya se convirtió en una dictadura”.
