Kevin Candia fue asesinado en la Unidad Penal 1 por la policía de Corrientes cuando se desarrollaba una huelga por parte de los presos para visibilizar la superpoblación y hacinamiento en el lugar durante el inicio de la pandemia.
El 21 de Abril del 2020, se produjo un trágico hecho de violencia y represión institucional en la Unidad Penal Nº1 de Corrientes que hasta el día de hoy, en el medio de operaciones e encubrimientos, no tiene ningún responsable.
Un joven de 22 años, Kevin Candia, fue asesinado a quemarropa mientras se desarrollaba una huelga en el penal por las condiciones de superpoblación del lugar y las situaciones de hacinamiento durante el primer perdió del ASPO (Asilamiento Social Preventivo y Obligatorio) por la pandemia del Coronavirus.
Esto salió a la luz por un video que los presos hicieron circular en redes sociales para denunciar la represión que se les estaba ejerciendo. Tras el asesinato a Kevin, un funcionario del Ministerio de Seguridad, Luis Bravo, buscó que el hecho aparezca como un enfrentamiento entre los presidiarios y producto de un ataque de arma blanca. Hasta la médica del establecimiento carcelario certificó eso como mentira, algo que no duró más de 24 horas. Bravo siguió en el cargo.
Cuando las pericias determinaron que fue una bala disparada de un arma policial lo que mató al joven, el Ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, tuvo que desmentir lo que se estaba queriendo disfrazar como un enfrentamiento. Por el momento lo único que existe es un sumario administrativo a José Raúl Cantero, exdirector de la cárcel, quien estuvo ausente de la primera ronda de citatorias.
En el marco de la investigación se pudieron determinar las circunstancias y el lugar en que recibió los disparos, pero el poder judicial no ha podido dar con tirador. Asimismo, se pretende avanzar con la identificación de los penitenciarios y policías que participaron del operativo y determinar la autoría de los disparos con bala de plomo que acabaron con la vida de Candia. Pero a dos años, no hay ningún responsable y este crimen sigue impune.
La mayoría de las muertes carcelarias en Corrientes se dan por violencia institucional y por abandono del estado, según un estudio de observatorio de conflictos sociales del NEA. La mayoría de los asesinatos en los últimos años de se dieron en esta unidad penal.
Por su parte, la red de derechos humanos se manifestó repudiando el accionar policial y al igual que el PC-FJC se sumaron al pedio de justicia y exigieron que se esclarezcan los hechos. “Desde La Fede y el PC venimos viendo una avanzada de violencia institucional en la provincia”, aseveró Jeremias Giordano, militante de la JFC de Corrientes.
Tras lo que hizo hincapié en que “un plan de miseria económica como el que el gobierno provincial lleva adelante necesita de represión y violencia institucional”. “Esto responde a los problemas estructurales que atraviesa Corrientes que tiene más de 20 años de un gobierno radical, que le han transformado en una de la provincias más pobres de la Argentina”.
En este sentido, recordó que “en Corrientes la ola de contagios de coronavirus comenzó en las cárceles, donde estaban totalmente hacinados y que no correspondía para nada en una situación de pandemia”.
De este modo, Giordano advirtió que “esto no repercute solo dentro de las cárceles sino también sucede en hogares de menores como situaciones de abuso, acoso etc”.
