Mientras empresarios y el gobierno nacional juegan a las escondidas, cientos de miles de trabajadores pagan más caro el boleto y viajan cada vez peor por la reducción de la frecuencia del servicio de colectivos en la zona Amba. El conflicto también se extiende por varias provincias.
La mitad de las personas que aún tienen trabajo ganan menos de ochocientos mil pesos mensuales, cuando de acuerdo a la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, durante marzo una familia compuesta por dos adultos y dos menores precisó 1.489.829 pesos para superar la línea de pobreza, indicador que entre otras variables de medición, no incluye el pago de alquileres. Como se puede ver los números no cierran y menos todavía para quienes deben trasladarse día a día desde el conurbano a la capital usando más de un transporte público y que, durante las últimas jornadas, se vieron afectados por la decisión patronal de reducir la frecuencia de los servicios de colectivos de la zona Amba.
Por eso es que la semana pasada se vieron filas más largas de usuarios que viajaron peor y tardaron más que lo habitual en llegar a sus trabajos, quedando así más expuestos a descuentos, sanciones y despidos. Se trata de una situación que se viene registrando no solamente en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, ya que, sobre todo en las principales ciudades del país, la cosa no es menos complicada. Cientos de miles de usuarios que cotidianamente deben viajar en colectivo se ven forzados a pagar más y a hacerlo en peores condiciones que las habituales que -vale decirlo- ya eran desastrosas. Al mismo tiempo, la decisión patronal afecta a los choferes, dado que se reducen horarios de trabajo y la amenaza de más despidos en el transporte está latente.
Como en un efecto dominó, la semana pasada la situación hizo eclosión con el aumento del precio de los combustibles, atribuida a las restricciones que impone la guerra desatada por EE.UU. e Israel en Asia occidental y la suba del precio del petróleo. Esto se suma a otras cosas a las que el gobierno nacional decidió no prestarles atención, ya que de hecho las patronales del sector le estuvieron pidiendo una reunión durante diez días, algo que recién pudo concretarse el viernes pasado.
Los empresarios del transporte dicen que su negocio no es rentable en las actuales condiciones, por lo que lo que se puso sobre la mesa de negociación fue un nuevo aumento del boleto que desde diciembre de 2023 ya experimentó una suba del 1.655 por ciento, muy por encima de la inflación promedio, o bien que el Estado les entregue más subsidios.
En ese sentido, y para que se restablezcan las frecuencias que se habían reducido a un cuarenta por ciento, el viernes la Secretaría de Transporte efectivizó el anticipo del sesenta por ciento del monto de subsidios que corresponde a abril, a la espera de lo que vaya a pasar en la reunión que ambas artes prevén tener mañana martes.
En este punto cabe señalar que, tal como sus antecesores de todos los colores políticos, la Presidencia Milei se niega a analizar seriamente cuál es el esquema de costos que tienen las empresas de colectivos y qué es lo que históricamente hicieron sus dueños con los subsidios que religiosamente les otorga el Estado, porque es evidente que la calidad del servicio es muy mala y los trabajadores del sector no reciben salarios acordes a la tarea que realizan.
También resulta pertinente preguntar si no es hora de que esas patronales comiencen a morigerar, aunque sea un poco, la maximización de su tasa de rentabilidad, algo que no aparece en el análisis que sólo ve como alternativas el aumento del precio del boleto o el otorgamiento de más subsidios.
La fotografía más cruda de esta historia es la que entregan las larguísimas filas de usuarios que se forman en las principales paradas de colectivos, donde cientos de miles de trabajadores dejan horas de vida y, sobre todo, calidad de vida. Parte de esta dramática historia es lo que pasa con los trabajadores al volante que son, a fin de cuentas, quienes muchas veces acaban siendo los depositarios de la bronca y la impotencia que todo esto provoca.
Claudio Cabrera es dirigente Movimiento de Jubilados Liberación, pero antes y durante más de treinta años fue colectivero en la línea 159, de la Empresa Micro Ómnibus Quilmes SA. Por eso su voz es más que calificada para dar una opinión sobre lo que en estos días está pasando con el transporte público de pasajeros que circula en la zona Amba, donde hay una situación más que tensa que, además, se repite en varios puntos del país. “Los compañeros trabajadores del transporte la pasan mal”, sostuvo y puntualizó que “muchos no están percibiendo sus sueldos como corresponde: les pagan de manera fraccionada y el aguinaldo pasado fue pagado en cuotas, lo que repercute en la situación económica de cada trabajador y si a eso le sumamos el malestar de la gente porque se viaja muy mal, tardando en llegar a sus trabajos y perdiendo horas que nadie les paga, todo empeora y a veces la cosa se corta por lo más delgado del hilo y la descarga de la bronca recae sobre los choferes”.
En su reflexión hizo hincapié en que “esto es por culpa de un gobierno al que no le preocupa nada que sea para el bien de nuestro pueblo, pero también por una patronal que cuando deja de ganar un poquitito de lo mucho que viene ganando desde hace varios años, enseguida llama a un lockout o hace, como ahora, una reducción de frecuencias”.
Todo sucede en medio de un escenario en el que el Estado continúa momentáneamente otorgando subsidios y en la zona Amba el boleto va de 855,97 a 1.360,99 pesos que “se ven obligados a pagar trabajadores que perciben sueldos de hambre, lo que les complica más todavía la vida”. Mientras que desde la Unión Tranviarios del Automotor encienden luces de alarma cuando denuncian que, en varias líneas, los choferes no vienen cobrando en tiempo y forma, y que si el gobierno nacional cumple con su promesa de retirar totalmente los subsidios, el boleto mínimo del colectivo para la zona Amba se va a ir a dos mil pesos.
“Las patronales siguen cobrando igual, pero para los usuarios y los trabajadores esto es terrible, impacta en el bolsillo de los pasajeros que son básicamente laburantes que no tuvieron aumentos salariales que acompañen una suba de esa magnitud”, recalcó Cabrera. Luego añadió que “esto demuestra el desinterés que tiene el régimen de Milei con el usuario, al trabajador y hasta inclusive con las propias empresas de transporte, porque con todo esto muchas se están destruyendo como pasa con la 148”, una línea emblemática de la zona sur del conurbano bonaerense que en marzo pasado dejó de funcionar dejando quinientos trabajadores en una incertidumbre que persiste, pese a que la semana pasada se concretó su traspaso a la Central de Vicente López.
Claro que lo de esta línea no es un caso excepcional. “Yo estoy del lado del trabajador y del usuario, pero también veo que hay empresarios que dicen que no pueden comprar repuestos, los choferes me cuentan que hay coches tirados dentro de los garages sin poder salir porque les tienen que sacar un repuesto a uno para poder arreglar otro”, graficó Cabrera y agregó que “todo va agarrado con todo porque, por ejemplo, la única que hacía cubiertas para colectivos en el país era Fate y ahora está cerrada”. Por eso, en esta crisis, insistió, “una cosa se encaja con la otra y todo tiene que ver con la destrucción del Estado y de las medidas que toma este gobierno que durante la campaña de 2023 anticipó lo que iba a hacer y, ahora, acá están las consecuencias”.
Esas consecuencias no sólo se pueden ver en el Área Metropolitana de Buenos Aires donde, vale la pena recordarlo, con la llegada de abril el boleto aumentó un cinco por ciento. Simultáneamente, en Jujuy también hubo reducción de servicios y la Cámara de Transporte provincial emitió un comunicado en el que advierte que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo por la crisis del sistema. En tanto que en Misiones; Posadas, Oberá, San Vicente, Eldorado, Montecarlo y San Pedro estuvieron sin colectivos el jueves y el viernes por el paro convocado por la filial local de la UTA para demandar que las patronales acrediten los haberes adeudados.
Por su parte, en Salta una reunión de último momento entre el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, con el titular local de la UTA, Pedro Cruz, logró destrabar transitoriamente la discusión y los trabajadores suspendieron, al menos por el momento, el paro que tenían pautado para el jueves pasado ante la falta de pago de los sueldos de marzo. Mientras que algo similar pasó en Comodoro Rivadavia, donde el viernes los choferes de Patagonia Argentina y Diadema levantaron la medida de fuerza porque apareció la plata de los salarios, algo que no sucedió muy cerca de ahí, en Rada Tilly, donde persiste el conflicto. Finalmente, en la zona Amba, sigue el paro de los trabajadores de las líneas 303, 333, 407, 437 y 707, en las que en todos los casos, se les adeudan salarios.
El cuadro de situación es alarmante. Y lamentablemente la bronca se está disparando en discusiones y agresiones entre los sectores de la clase que van a sus trabajo en colectivo y los trabajadores que los llevan. Si no se unen las demandas, el costo político a pagar por el gobierno y las patronales no será tan caro como el costo de vida que está pagando nuestro pueblo.
