Tras la sanción favorable de la norma impulsada por el gobierno nacional que reforma la Ley de Glaciares, desde San Luis y San Juan, el Partido Comunista hizo público su repudio a esta legislación diseñada a medida de los intereses de las multinacionales mineras, que afectará severamente el medioambiente en sus provincias y el consumo de agua para gran parte de su población.
La semana pasada durante su ronda 57, los Jubilados Autoconvocados en San Luis volvieron a llevar sus reclamos a las calles y esta vez también sumaron un fuerte repudio a la reforma a la Ley de Glaciares que consagró el Congreso Nacional con el voto favorable de los diputados puntanos Carlos Almena y Mónica Becerra, ambos de La Libertad Avanza, pero también con el aporte del legislador por Innovación Federal, Claudio Álvarez. Los votos negativos llegaron de la mano de los peronistas Ernesto Alí y de Jorge “Gato” Fernández, ex intendente de Tilisarao. Sin embargo, en el caso de este último, su colaboración para que avance esta reforma regresiva había llegado un rato antes, cuando se había sentado en su banca para habilitar el quórum porque el oficialismo aún no alcanzaba el número requerido.
Una vez más, la marcha de los Jubilados Autoconvocados “se convirtió en un punto de unidad de las luchas que el pueblo da en defensa propia”, tal como lo destacó desde el Partido Comunista de San Luis su Secretaria Política, Claudia San Martín. Previo a la ronda, se sumaron integrantes de asambleas socioambientales de la provincia, que participaron de un conversatorio en el que también dijeron lo suyo “especialistas y activistas decididos a arrojar luz sobre la nueva embestida a nuestra soberanía de parte del gobierno de Javier Milei”, detalló San Martín.
Fue en ese contexto en el que “se argumentó que la reforma vulnera el principio de progresividad ambiental y que cualquier retroceso en la protección de los glaciares y el área periglacial es inconstitucional”, por lo que se coincidió a la hora de afirmar que “para que no se consume esta entrega es necesario impulsar un plebiscito popular y coordinar todas las luchas en defensa de nuestra soberanía y nuestros derechos”, ya que “el agua vale más que el oro”.
El Partido Comunista de San Luis hizo público su repudio, especialmente a los legisladores puntanos que dieron luz verde al proyecto que impuso la Presidencia Milei, al que calificó sin medias tintas como “una enmienda diseñada a medida de las corporaciones mineras en la región glaciar y periglaciar del país”, que convierte al área cordillerana “en zona de sacrificio”.
Por su parte, en idéntica sintonía se pronunció el Partido Comunista de San Juan, desde donde su titular, Daniel Torre, sostuvo que “lo que aprobaron es parte del combo de un gobierno nacional que es entreguista e intenta convertir a la Argentina en una factoría donde esté al orden del día la explotación de los recursos naturales”.
Por lo que contextualizó que “esta ley está atada a la aprobación del Rigi, que les deja a las provincias la concesión de explotaciones mineras y al hacerlo, con el control del sistema de glaciares, las habilita a que hagan la vista gorda y a que eso pueda ser un descalabro”. Torres agregó al análisis que el exctractivismo sin control que está abréndose paso “viene de la Reforma de la Constitución de 1994, que dejó librado a las provincias el tema de los recursos naturales”. E insistió que “cuando se habla de la Ley de Glaciares y la explotación de áreas de reservas naturales, más allá del tema del agua, la disputa pasa por el tema de la soberanía y es ahí donde hay que enfocar la cuestión de fondo”.
En el caso de San Juan, conviene recordar que no solamente fueron los representantes de la LLA quienes votaron a favor de esta entrega en el Congreso. También lo hicieron los diputados del bloque de Unión por la Patria, Cristian Andino y Jorge Chica. Del mismo modo había votado en febrero en Senadores el ex gobernador peronista, Sergio Uñac, para beneficio exclusivo de las corporaciones mineras.
