René Horacio Flores es ingeniero civil (UBA), magíster en Administración de Negocios (UTN) y docente. En esta columna hace un aporte relevante a la reflexión acerca del tema energético. Como cada intervención política en estos días, la enmarca en el mes de la Memoria. “In Memoriam de mis dos hermanos mayores desaparecidos durante la dictadura: José Francisco Flores, militante de la Fede-PC y de Antonio Jorge Flores, militante de Montoneros”.
La denominada libertad de los libertarios avanza, pero sobre nuestros derechos. Asistimos a una época con la mayor quita de derechos desde los años 30, y hablamos de derechos laborales, una niñez protegida, una vejez tranquila y serena, un medioambiente sano, una ciencia y tecnología que apoyen el desarrollo, una salud que asista a la población, una educación que nos enseñe a pensar en medio de la inteligencia artificial, y, diríamos también al derecho a tener un futuro como país. Pero ocurre que nuestro gobierno actual de Milei tiene otras preocupaciones, y más allá de los viajes a USA y sus bailes en los estrados festeja la exportación de derivados hidrocarburíferos (GNL llevado en buques metaneros) del megayacimiento de Vaca Muerta y los contratos mineros. Y esto ocurre cuando provincias enteras como Misiones, Formosa y Chaco no están ni siquiera conectadas a los gasoductos troncales y aún sectores que están conectados a estos grandes ductos tampoco tienen su conexión domiciliaria como en las villas de CABA, y cuando los contratos mineros no nos dejan ni un collarcito para nosotros, solo contaminación hídrica, de acuíferos, destrucción de biodiversidad etc. Sin embargo, algunas provincias como San Juan han dado paso a estas explotaciones, mientras Mendoza por ahora se resiste porque quiere cuidar su agua. En este momento también se está discutiendo en el Congreso cómo eliminar y/o modificar artículos de la Ley de Glaciares para posibilitar nuevas explotaciones mineras (saqueos) a pedido de provincias mineras o que quieran serlo.
Pero, ¿quiénes son los que festejan? ¿Será la población que mes a mes ve sus tarifas de energía, agua e internet subir y subir mientras los sueldos continúan con pequeños aumentos o sin ninguna actualización? La idea libertaria de destruir el Estado –que es casualmente quien modera esta disputa entre la población y trabajadores con las empresas– ha provocado que quienes manejan las decisiones políticas sobre nuestros recursos, nuestro patrimonio y el trabajo son los poderosos de turno. Milei es solo la figura que aparece, pero los que manejan la economía son poderes que están más allá de él y que por supuesto quiebran esa palabra que se llama Soberanía. Entonces, lejos de utilizar la renta energética para la industrialización, el rumbo adoptado profundiza el ajuste tarifario, la desregulación y la concentración en pocos beneficiados.
Esta política responde claramente a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En su informe del 1 de agosto de 2025 se establece que, para preservar el ancla fiscal “las autoridades reducirán los subsidios energéticos y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico”, instrumentado bajo el decreto 943/2025. La consecuencia directa es la trasferencia de ingresos de los sectores industriales, comerciales y residenciales a las grandes empresas energéticas. Pero también continúa el desguace de las pocas empresas nacionales energéticas que todavía quedan: en este momento se está ofreciendo ENARSA en Londres y en Nueva York, y luego sigue la CNEA con sus centrales nucleares y el prototipo CAREM.
Y sobre esto asistimos al manejo fraudulento del INDEC. Cuando se quiso hacer un intento de actualizar la metodología de medición Milei-Caputo, dijeron que mejor “no por ahora”. Y es que las cifras no daban para el festejo, no hay festival de inversiones que no sean mineras y eléctricas, no hay menos pobres, la inflación no baja, hay más desempleo. Para ellos, lo que pasa es que “están en la etapa de búsqueda de mejores empleos”. No nombran las 23.000 pymes cerradas, ni las empresas medianas grandes que comienzan a cerrar como Fate, Verónica, Georgalos, etc. En un análisis de CEPA (2026) se detalla que en el lapso de entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 21.938 casos (30 por día) y, además, en el mismo período, se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,95%), más de 400 puestos por día. Hoy (marzo 2026) ya se estiman estas cifras en 23.000 pymes y 300.000 puestos de trabajo perdidos en la era Milei. Es realmente un Industricidio en curso.
Y esto que enunciamos no son solo números, son seres humanos, son personas, son familias y además se agrega todo el entramado social que las rodea; entonces, son muchas más personas las afectadas.
Pero ahora centrándonos en los servicios los mismos han tenido durante este actual gobierno un aumento sostenido del 344% en electricidad, en gas un 617%, en agua 360% y los aumentos en Internet, telefonía móvil y cable subieron más del 400% hasta principios del 2026. Estos valores impactan en hogares, comercios e industrias, en particular a pymes. Y continuarán subiendo en los meses que vienen.
¿Qué hacer frente a esto?
Nunca perder la esperanza, ni adoptar la resignación.
Tener en claro que hay que construir una alternativa creíble, honesta, popular y viable a este actual gobierno libertario, que dejará tierra arrasada cuando termine, por lo tanto, hay que ir pensando en qué hacer cuando llegue ese momento. En principio se propone:
- Congelar tarifas.
- Realizar y consensuar un nuevo cuadro tarifario equitativo, no igualitario como se intentó hacer, donde el pago de los servicios en principio sea 0% para los que están cobrando sueldos bajo la línea de pobreza e indigencia, empezando con los jubilados, pero no con los que tengan jubilaciones de privilegio.
- Para esto necesitamos un INDEC no manipulado y actualizado que nos diagnostique dónde estamos parados en la realidad y cruzar datos de los reales ingresos de la población.
- Declarar los servicios de energía (gas y electricidad), agua e internet como derechos humanos, como un bien público y sectores estratégicos a no enajenar.
- Establecer y acordar cuál es el rol de los servicios públicos, cuáles son las fuentes de energía que queremos y qué futuro industrial y modelo de desarrollo buscamos (porque queremos uno) a pesar del RIGI.
- Declarar como bien a no vender ni concesionar lo que quede nacional del sector energético después de este desguace que está sufriendo el Estado, como la CNEA y las centrales nucleares cortando la extranjerización del sector energético.
- Fortalecer y priorizar el mercado interno en la provisión de servicios e infraestructura, generando al mismo tiempo trabajo.
