Desde la Patagonia, la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Andrea Reile, advirtió sobre los peligros que trae aparejado el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Sería algo catastrófico para nuestras vidas que esto avance”, sentenció y llamó a “estar de pie resistiendo a este y a todos los proyectos antipopulares y nefastos” que tiene en agenda el gobierno de Javier de Milei.
El Mundial pasó, pero dejó varias discusiones abiertas. Entre ellas, la polémica en torno al racismo, que reactivó el debate sobre qué se entiende por “grupos racializados” y cómo esa noción se relaciona con la propiedad de los medios de producción y con su reproducción tanto simbólica como material. A partir de esto, sería insensato no posar la mirada en la relación que todo ello guarda con algo que está ocurriendo ahora mismo: el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa entreguista del mileísmo tuvo que posponerse cuando el mal cálculo de La Rosada había previsto su debate y aprobación en Senadores justo para el día posterior al histórico triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, donde este gobierno vendepatria también fue derrotado en su intento por prohibir la reivindicación soberana sobre nuestras Islas Malvinas.
Entre los cometidos del proyecto redactado por el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, está el punto central de reformar la Ley de Tierras. De prosperar, esto permitirá que personas físicas, corporaciones e incluso Estados extranjeros se apropien de territorio nacional sin límite alguno. Y que incluso lo hagan en zonas de frontera, como las que rodean la Patagonia.
Esta iniciativa, para la cual el gobierno cipayo y sus aliados esperan obtener la media sanción del Senado la semana próxima, prevé un verdadero remate de tierras con una biodiversidad y recursos naturales estratégicos. Como por ejemplo, los contrafuertes cordilleranos, donde desde hace tiempo se ataca sistemáticamente a los pobladores originarios, mediante la persecución política y judicial, el uso puro y duro de las fuerzas represivas e incluso el asesinato. Los casos más notorios de esto en los últimos años han sido los de Santiago Maldonado (2017), Rafael Nahuel (2017) y Elías Garay (2021), asesinados por defender de manera legítima el derecho a la tierra del pueblo mapuche en el sur de nuestro país.
“Este proyecto busca romper con una lógica que se sostiene desde hace muchos años, ya que, más allá de los distintos procesos políticos, siempre existió cierto resguardo sobre la tierra”, reflexionó la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) Andrea Reile. En ese sentido, remarcó que la iniciativa destinada a reformar la Ley de Tierras, sancionada en 2011, “viene a autorizar que corporaciones o personas físicas puedan comprar todo el territorio que deseen”. Con la misma preocupación, advirtió que “cuando hablamos de capitales privados, nos referimos a empresas que son mucho más poderosas que la mayoría de los Estados”.
La abogada Reile, quien vive y se desempeña profesionalmente en General Roca, Río Negro, insistió con que “si les permitimos lo que plantea el proyecto, quedaría abierta la puerta para la entrega de todo nuestro territorio nacional, es decir, de todo lo que tiene nuestro territorio, tal como sucede aquí en la Patagonia donde contamos con recursos naturales marítimos, hídricos y mineros entre tantos otros que están ligados íntimamente con la organización social y de la vida misma de quienes la habitamos”, un equilibrio “que podría destruirse”, ya que la iniciativa prevé que “puedan venderse tanto tierras privadas como públicas”.
Por otra parte, esta militante de la LADH de extensa trayectoria en la defensa de los derechos del pueblo mapuche, cuestionó que el proyecto entregue a los Estados provinciales la potestad regulatoria, esto es, la última palabra a la hora de autorizar la venta de territorios. “Tenemos provincias como Río Negro o Chubut donde hay una fuerte lucha social”, subrayó. Por ejemplo, “la que los chubutenses libran contra la megaminería o las que comunidades indígenas desarrollan en mi provincia, donde también se resiste al fracking y a la contaminación del mar en el Golfo San Matías”, recordó. Es por eso que recalcó la importancia de “pensar qué podría pasar con todo esto si la decisión se pone en manos de gobiernos provinciales que son seriamente condicionados por el gobierno federal mediante recortes a la coparticipación, entre otros tipos de medidas que acotan sus recursos”.
Sobre este mismo asunto, Reile también hizo hincapié en que “lamentablemente quienes tendrían la capacidad regulatoria de la ley son mayormente gobiernos que no han dado muestras de tener vocación de defender la soberanía territorial”, por lo cual insistió con que en el marco de este proyecto al servicio del saqueo “tenemos que ver quiénes van a tener la llave que autorice o no una venta de territorio”. Además de lo fundamental que siginifica la defensa de nuestra soberanía territorial, la abogada liguista hizo referencia a que “las decisiones que se puedan tomar sobre esas tierras van a impactar en múltiples dimensiones vinculadas a la soberanía alimenticia, la de nuestros recursos naturales y sobre la forma de vida de nuestras comunidades, porque todo eso quedaría sometido a la decisión de las corporaciones extranjeras que las compren”.
Mientras tanto, si la iniciativa mileísta prospera, del otro lado de la moneda quedarán los de siempre: los desheredados de la tierra. En particular, las comunidades indígenas que habitan estos territorios desde antes de la conquista y del genocidio perpetrado por el Estado argentino sobre los pueblos originarios de la Patagonia; familias que viven allí desde siempre y que actúan como guardianas de recursos naturales y de una biodiversidad estratégica para el país y la vida misma. En esa línea, Andrea Reile sostuvo que, con la llegada de capitales extranjeros vinculados a la industria maderera, “se introdujeron en nuestra región especies que alteraron el equilibrio del bosque nativo, como el pino foráneo, clave para entender por qué los incendios en la Patagonia son cada vez más frecuentes”.
Por todo lo cual destacó que es imprescindible “plantear una oposición muy fuerte a este proyecto y esto lo decimos desde una zona en la que ya tenemos un grave conflicto desatado por la extranjerización de la tierra”. En tal contexto, advirtió que “si aún con la actual Ley de Tierras pasan cosas como los asesinatos de Santiago Maldonado, Elías Garay y Rafael Nahuel, pensemos qué podría pasar si se convierte en ley un proyecto que daría vía libre para que se profundice el despojo a las comunidades que resisten esos intentos”. Ese escenario, alertó, “encima abriría las puertas a empresas que tienen capitales mucho más fuertes que el propio Estado y ya tenemos un Poder Judicial que habitualmente permite estas violaciones a los Derechos Humanos”.
Tras analizar lo mucho que hay en juego para el destino de la Argentina, sentenció que si el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se convierte en ley “sería algo catastrófico para nuestras vidas” y reiteró el llamado a “estar de pie resistiendo a este y a todos los proyectos antipopulares y nefastos” que impulsa el gobierno de Javier Milei, de la mano del FMI, el imperialismo yanqui y el capital concentrado y extractivista.
