Lo hizo auspiciada por el gobernador Poggi, que convocó a esta agencia estadounidense para que brinde instrucción a oficiales de la policía provincial. “Es ingenuo pensar que la DEA va a resolver algo porque está demostrado que lo que hace es ordenar las cosas para que el narcotráfico tenga estabilidad”, advirtió desde el PC local Juan Larrea.
“Quienes son los grandes opresores de los pueblos son los que ahora vienen a dar instrucciones al personal policial de San Luis”, lamentó el responsable de Relaciones Políticas del Partido Comunista puntano, Juan Larrea, al referirse al anuncio que hizo la gestión encabezada por Claudio Poggi, quien solicitó que la Drug Enforcement Administration (DEA) capacite a más de noventa oficiales de la Policía Sanluiseña para “combatir el narcotráfico en la distribución y venta de drogas en todo el territorio provincial”.
El anuncio fue hecho después de que el mandatario puntano junto a su ministra de Seguridad, Nancy Sosa, recibiera a funcionarios de la DEA, pero también a poco de que renunciara el titular de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes, quien “solicitó su alejamiento por cuestiones personales, mientras aparecen denuncias periodísticas sobre presuntos vínculos suyos en procedimientos ilegales para obtener ascensos en la fuerza”, según recordó Larrea.
Asimismo, el dirigente del PC sentenció como “inadmisible” este acuerdo que Poggi suscribió con la DEA, ya que “no se le dio ninguna intervención al Poder Judicial, lo que brinda una idea acerca de cuál es el ámbito en el que el gobierno pretende hacer todo esto, porque en este Comando también estaría participando el jefe de la delegación de la Policía Federal Regional Cuyo y sus pares de Gendarmería y de la Policía Aeroportuaria sin ningún fiscal ni juez”.
En este sentido, Larrea recalcó que “quienes deben actuar en procedimientos legales ante la comisión de delitos, los fiscales y los jueces, son dejados afuera de todo esto”, algo que sintoniza con los criterios adoptados por la Presidencia Milei a través del DNU 941 con que habilitó a la Side a realizar detenciones sin orden judicial, entre otras atribuciones que le otorga al organismo de Inteligencia al margen de la propia Constitución Nacional. “Estamos en un clima de suspensión de las garantías constitucionales”, aseguró.
En tanto que subrayó que ese clima de época no es exclusivo de Argentina. “Esto sucede a nivel internacional, donde la DEA interviene directamente en el secuestro del presidente Maduro y después reconoce la inexistencia del Cartel de los Soles; es decir, reconoce que tal delito fue perpetrado como excusa para una invasión que tiene por objeto robarles el petróleo a los venezolanos”.
Larrea señaló con preocupación que la presencia de la DEA en San Luis sólo anticipa una cosa: “vienen a organizar el narcotráfico”. Y, en tal dirección, reflexionó que “resulta por lo menos ingenuo pensar que la presencia de ese organismo va a resolver algo”, ya que “históricamente está demostrado que lo que hace es ordenar las cosas, tal como lo demuestra en EE.UU. y buena parte del mundo, para que el narcotráfico tenga estabilidad”. Por lo que “si viene a San Luis, es para dar instrucciones al personal policial de nuestra provincia, sobre cómo proceder para que se garantice eso”. E insistió en remarcar que el desembarco de la agencia yanqui a su provincia se da “en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales y ante una terrible ofensiva por parte de Estados Unidos contra todos los pueblos para robarles sus riquezas naturales”.
¿Pero acaso el punitivismo puede ser una respuesta para combatir el consumo de drogas? “San Luis es la provincia que tiene la tasa más alta de suicidios del país y, en particular, de suicidios de personas adolescentes”, indicó el dirigente del PC y alertó que “en esto las adicciones han impactado muy fuertemente, sobre todo, en los barrios más empobrecidos y entre los adolescentes y pibes”.
Por último, puntualizó que este alarmante fenómeno social tiene una vinculación directa con el sistema”, ya que “hay que enfrentar el tema de las adicciones a través del fortalecimiento de los sistemas de Salud y Educación públicas, pero también mediante la creación de fuentes de trabajo y mejorando las condiciones de vida”. Sobre lo cual, lamentó que la gestión Poggi “tome este problema sólo como una cuestión criminal y, encima, ponga para encabezar esto a los propios organizadores del narconegocio a nivel mundial”.
