La quimera por el oro

Acordar precios y salarios es un paso clave para la construcción del pacto social policlasista en el que pretende avanzar el gobierno a partir del Consejo Económico y Social (CES), desde donde quiere crear un espacio capaz de atender una agenda táctica y estratégica que fije normas de convivencia política y económica.
Pero también y fundamentalmente, en La Rosada se ve como algo central para atender el problema que significa la disparada constante del precio de alimentos e indumentaria, que se aceleró en diciembre y se mantuvo en enero (Ver Puja distributiva ¿quién se come la torta?).
Por eso esta semana va a comenzar a desarrollarse una agenda de reuniones en las que –en principio por separado- el gobierno recibirá a representantes de las centrales de trabajadores y de las cámaras empresarias, así como a directivos del grupo de empresas que tienen más incidencia en la formación de precios de la canasta.
El gobierno fue claro al recalcar que busca el camino del consenso, pero también cuando durante los últimos días la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el propio Alberto Fernández coincidieron en que si no alcanza con el diálogo se va a echar mano a herramientas regulatorias.
El mensaje fue claro y principalmente estuvo dirigido a quienes tienen peso determinante en las cadenas que forman los precios de la canasta alimentaria. Y, en este sentido, ambos funcionarios señalaron que en el peor escenario, el retoque a las retenciones podría ser la herramienta elegida para desacoplar del precio internacional, aquel que se paga domésticamente por insumos básicos para los alimentos que se consumen en el mercado interior.
Al respecto hay que recordar que trigo, maíz y soja tienen un peso clave en la formación de precios de cadenas como la de lácteos, carnes bovina, aviar y porcina, así como huevos y todos los derivados de harinas y aceites, entre otros productos (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Zerpa!).
Aquí vale recordar que de acuerdo a la Ley de Solidaridad Social, que fue sancionada por el Congreso, es muy poco lo que el ejecutivo puede retocar a la alícuota que pagan el trigo, el maíz y la soja. Por lo que para hincar el cuchillo a hueso debería ir por la sanción de otra Ley, algo que encuentra reticencias incluso hacia adentro de la coalición de gobierno.
Así las cosas, ya sea por decisión o porque simplemente el gobierno esté mostrado la vaina, desde la massmedia hegemónica y el bloque de JxC, volvió la letanía que denuncia el presunto carácter confiscatorio que -desde esa mirada- tiene una medida de este tipo.
Pero también hubo reacciones adversas provenientes de los sectores que intervienen en las cadenas que se forman a partir de esos cereales, incluso desde algunos actores que vienen trabajando con el gobierno en el Consejo Agroindustrial (CAA).
Así las cosas, La Rosada pretende barajar y dar de nuevo, pero sabe que juega con las mismas cartas. “Entendemos que ya no están vigentes las condiciones de excepción que motivaron las medidas adoptadas el año pasado para regular el mercado de trabajo y mitigar los efectos de la crisis”, aseveró la UIA en una carta dirigida al Presidente en la que critica lo que califica como un “triple cepo” que “plantea un escenario de incertidumbre sobre el marco regulatorio que regirá a las nuevas contrataciones”.
¿A qué se refiere este actor privilegiado del CES? Sencillo, a la prórroga del esquema de prohibición de despidos y suspensiones sumada a la vigencia de la doble indemnización que tiene que aplicarse cuando estas situaciones fueran inevitables.
En este sentido resulta saludable el énfasis puesto por Fernández a la hora de recalcar que el ejecutivo tiene la intención de que, este año, los salarios le ganen a la inflación. Al respecto, desde otra pata clave de esta mesa de concertación que intenta reunir el gobierno, se coincidió en reclamar que cualquier modalidad de acuerdo no acote a la discusión paritaria.
La Rosada tomó el guante y, rápidamente, hizo hincapié en que las paritarias seguirán siendo libres y sin techo. En este contexto el 29 por ciento acordado por La Bancaria, fue recibido como una buena señal por el gobierno.
Aquí vale destacar que el salario de los bancarios es uno de los pocos que durante los últimos años sostuvo su poder adquisitivo, algo que le otorga más margen que a otros gremios, a la hora de hacer el esfuerzo.
El gobierno apuesta a evitar que los salarios del sector formalizado –público y privado- se catapulten y contener al sector informal por medio del subsidio al consumo con herramientas como la Tarjeta Alimentar, mientras sigue pisando todo lo que pueda a las tarifas de servicios.
Y, así, espera que 2021 sea el año de la reactivación del crecimiento vía consumo interno que, a fin de cuentas, es lo que representa el 75 por ciento del PBI.
¿Pero qué pasa si el shock de consumo que provocaría una moderada recomposición salarial, es trasladado linealmente a precios por parte de sector empresarial?
Ya en la previa de la convocatoria gubernamental, cada integrante de las cadenas que acaban destrozando los precios de góndola, se vienen echando mutuamente las culpas por los aumentos y, todos juntos abierta o solapadamente, acusan al gobierno por “gastar demasiado” y “cobrar muchos impuestos” para “subsidiar vagos” y cosas por el estilo.
Pero son los mismos que (¡dos veces!) durante el Gobierno Cambiemos se prestaron a la foto del anuncio de un “Pacto de Caballeros” que, de acuerdo a su enunciado, iba a armonizar precios y salarios. De acuerdo a datos de Indec, entre 2016 y 2019 el salario mínimo perdió treinta por ciento de su poder de compra, mientras que la inflación acumuló una suba de trescientos por ciento. Como se ve, a veces, el dato frío y duro es absolutamente implacable.

¿Y entonces?

Así las cosas, queda claro que también en Argentina, el universo del capital pretende recuperar rápidamente el producto de la maximización de su tasa de rentabilidad que –a priori- estimaba iba a tener durante 2020, pero que la pandemia morigeró. Y aquí hay que recalcar que cualquier relevamiento serio exhibe que incluso con la ralentización que impuso el Covid-19, el universo del capital no perdió como sí lo hizo el del trabajo.
Entonces vale volver a reiterar que todo esto que se define como puja distributiva, no es otra cosa que un nuevo capítulo de la lucha de clases. Y que como tal, las herramientas de que dispone el Estado Liberal Burgués (ELB) son extremadamente limitadas, tal como lo es la propia mirada que el reformismo tiene al respecto (Ver ¿Un Consejo para 2021?).
En este punto hay que reconocer que hubo acuerdos sociales policlasistas que lograron meter en caja a la inflación, al menos, durante un período acotado.
Pero aunque existieron casos en los que los trabajadores lograron llegar al postre y al café, siempre fueron los que terminaron pagando la cuenta, porque en todos los casos, el anclaje de los precios acaba siendo el salario. Pero tarde o temprano los precios terminan soltándose y los salarios siguen en el fondo del mar.
Y, al respecto, es Carlos Marx quien nos arroja un salvavidas para comprender un poco mejor de qué va todo esto, cuando en los artículos que publicó en el periódico Nueva Gaceta Renana que fueron compilados bajo el título “Las luchas de clases en Francia”, dice palabras más palabras menos, que la clase capitalista nunca escupe para arriba y que, por lo tanto, jamás sacrificaría su riqueza en el “altar de la patria”.
De ahí que en determinadas condiciones y a regañadientes, esa clase se avenga a acordar agenda de coyuntura, que incluya hasta aspectos tácticos disfrazados de estratégicos. Pero sólo eso y en tanto se extienda el período de recuperación del equilibrio (inestable al fin), que suele seguir a cada pico que recurrentemente alcanza la Crisis de Larga Duración que atraviesa el sistema capitalista.
¿Pero por qué será que habitualmente cuesta más tiempo lograr que los actores del Pacto se junten para la foto, que lo que dura el Pacto mismo?
Algunas puntas para intentar comprender todo esto ya las fuimos dando en éste y otros artículos publicados por NP Diario. Pero a la hora de precisar más la cosa, es prudente recordar que este intento de construcción de un acuerdo policlasista, descansa sobre la idea de que existe una contradicción ente el ELB y el universo del capital.
Entonces, desde ese presupuesto básico, el ELB tendría autoridad ética para contener salarios, si lo hace en pos de lograr un mejor posicionamiento en una presunta puja con los actores corporativos del universo del capital.
Pero lo cierto es que más allá de buenas intenciones, el propio carácter simbiótico que existe entre el universo del capital y el ELB, opera como un condicionante imposible de soslayar.
Así, suena quimérico pensar que un pacto de carácter policlasista puede ser provechoso para alguien más que la propia clase capitalista, ya que es esencialmente un acuerdo entre dos jugadores del mismo equipo.
Lo que propone el Pacto es que el Estado siga sosteniendo a la actividad privada, por medio de formas directas o indirectas de subvención a la producción y circulación. Y, a cambio, sólo pide que el universo del capital modere su rapacidad a la hora de reapropiarse de lo exiguo que pudo invertir a partir de un modesto esquema de recomposición salarial.
¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que se busca, es que exista cierta armonía, que garantice la apropiación del plusvalor y el proceso de reproducción del capital y su realización en el mercado. Por eso es que resulta imposible que el mercado entre en contradicción con el ELB. Y esto vuelve a reafirmar que la contradicción central sigue siendo la existente entre los universos del trabajo y el capital.
Queda claro entonces que lo que se busca, es que la llave de la fábrica siga en las mismas manos. Pero, de todos modos, una situación como la presente deja rendijas que el universo del trabajo puede aprovechar, utilizando algunos espacios que resigna el ELB para avanzar en formas de asociación autogestionaria de la economía que eludan –a la escala posible- la lógica que impone la dinámica de reproducción del capital (Ver Se viene la pospandemia ¿y si vamos por otro tipo de normalidad?).
Esto es trabajar en la construcción de formas de relación económica y social autocentradas en la cercanía del barrio, redes de barrios y localidades, que logren establecer propias dinámicas de producción y circulación, pero también de riqueza social.