Una crisis y dos alternativas

En medio de la crisis sanitaria global que obliga a gran parte de la población mundial al confinamiento, con el propósito de apaciguar la expansión del nuevo Covid-19 mientras se busca un tratamiento efectivo o una vacuna, la clase trabajadora es la primera que sufre las consecuencias del cese en la actividad económica, al tiempo que los trabajadores esenciales forman parte de la primera línea de contagio. Así, pues, la crisis económica forma parte de una de las caras de la moneda, junto a la crisis sanitaria, de la situación extrema en la que se encuentra el mundo por estos días.
En este escenario, extremo, que por lo tanto agudiza las contradicciones de las sociedades, el sistema capitalista es cuestionado en todo el mundo. En España, por ejemplo, en estas horas y mientras continúan contando los muertos en centenas, se critica fuertemente el regreso que se concretó este lunes a la actividad laboral en la industria y la construcción, que evidencia la capacidad de presión de la burguesía europea en el país Ibérico. A su vez, en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia —que infectó a casi medio millón de personas y mató a más de 23 mil— se produjeron más de 17 millones despidos, de los cuales 10 millones se concretaron solo en la últimas dos semanas.
Por su parte, en Argentina, las presiones patronales para levantar o flexibilizar la cuarentena no cesan ni un instante, por parte de una clase empresarial que no solo amenaza con “las consecuencias” económicas de la cuarentena, sino que toma el toro por las astas.
En las últimas semanas y a pesar del decreto que los prohíbe, aumentaron los despidos y, cuando no, las suspensiones. La actitud adoptada por Techint, cuando filtró a los medios periodísticos que iba a echar, como finalmente hizo en complicidad con la Uocra, a casi un millar y medio de trabajadores, fue solo la punta del iceberg de un abuso patronal que se multiplica por todo el país y que, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, fue evidente con los casos de Dánica en Lomas de Zamora y el frigorífico Penta en Quilmes.
A su vez, los trabajadores esenciales entre los que se encuentran los sanitarios, del sector alimentación, supermercados, transporte público, estaciones de servicio, recolección de residuos y muchos otros, se encuentran en la primera línea de contagio y sufren la desidia del sector patronal que no garantiza medidas mínimas de higiene. Y la situación se multiplica tanto en el sector privado como en el público. Por caso, los trabajadores de comercio siguen insistiendo con la falta de medidas de prevención en los supermercados. En el Coto de Recoleta, dos trabajadores dieron positivo de Covid-19 y denuncian que nunca se activó el protocolo en la sucursal, mientras a escasos kilómetros, en el conurbano bonaerense, Alfredo Coto encabezaba una “rebelión” en la sucursal de Ramos Mejía contra la clausura dispuesta por la municipalidad de La Matanza por abusos en los precios de los productos.
En tanto, ATE Capital denunció que el Gobierno de la Ciudad obliga a los trabajadores a realizar sus funciones con barbijos que no cumplen con las normas mínimas de seguridad e higiene. Al mismo tiempo, se conoció que en una reciente licitación efectuada el 8 de abril, la Ciudad compró barbijos a tres mil pesos la unidad, lo que representa al menos un sobreprecio de mil por ciento. ¿A quién le compró Larreta? A una empresa que recién se inscribió como prestadora del Estado en octubre, Green Salud, cuyo dueño es Ignacio Sáenz Valiente, Director del Grupo Clarín. Pero eso no es todo. Sáenz Valiente fue hasta el año pasado funcionario de la Ciudad en el directorio de Corporación Puerto Madero y socio del hermano del Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.
Por su parte, en el conurbano bonaerense y los grandes centros urbanos del país, la cuarentena se transita no en los hogares, que carecen de condiciones mínimas —más de tres millones de personas sufren el déficit habitacional— sino en espacios más amplios que incluyen a la manzana, el barrio o el municipio. Se trata de gran parte del universo de los trabajadores informales, trabajadores de oficios, changarines o precarizados en comercio o industria, quienes en su mayoría viven al día o con ingresos quincenales, que por la cuarentena no están percibiendo. Una muestra de ello son los más de diez millones de trabajadores que se inscribieron, por Internet, para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia. En el día de ayer Anses informó que en esta primera tanda reunieron los requisitos para cobrar este ingreso extraordinario más de siete millones y medio de trabajadores, la mayoría de ellos, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.
Sin embargo, si se tiene en cuenta la modalidad de inscripción por Internet, en un país en el que el acceso universal no está garantizado, y los dos millones y medios de trabajadores que se inscribieron y que en esta primera instancia no calificaron según los requisitos establecidos por el gobierno nacional, es evidente que hay una gran porción de trabajadores que continúan por fuera de las políticas de contención desarrolladas por el Estado y a los que urge asistir de inmediato.
Por eso y sin exagerar, pocas veces como en estos días se hizo tan evidente la lógica de exclusión y saqueo sobre la que se funda el capitalismo. Ante una situación de crisis sanitaria y económica sin precedentes, y sobre la que todavía resulta temerario realizar cualquier tipo de análisis definitivo sobre sus consecuencias, Paolo Rocca, el empresario más rico del país, que según la revista Forbes posee una fortuna de casi 10 mil millones de dólares, despidió en medio de la cuarentena a casi 1500 trabajadores. En el polo opuesto, trabajadores de la salud, transporte, camioneros, cuero, estatales y tantos otros sostienen tareas esenciales para que la gran mayoría de la población pueda sostener la que hasta el momento es la única forma de prevenir el crecimiento exponencial de infecciones: el aislamiento social obligatorio.