Continúa dilatándose el inicio del juicio que prevé sentar en el banquillo de los acusados a tres represores que actuaron en El Villazo.
La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal demandó que se fije la fecha de inicio del juicio que debe sentar en el banquillo a Antonio Federico Bossié, Roberto José Pellegrini y Raúl Roberto Squiro a quienes durante 2017 el fiscal Adolfo Villatte imputó por la comisión de delitos contra 77 trabajadores que fueron víctimas de la represión durante El Villazo, por lo que fueron procesados -en 2020- por el juez Marcelo Bailaque.
Cabe recordar que durante la madrugada del 20 de marzo de 1975, alrededor de cuatro mil efectivos de fuerzas conjuntas de las policías Federal y de Santa Fe, junto a otros de Prefectura y miembros de la Triple A, se apoderaron de la ciudad de Villa Constitución, en lo que el entonces ministro del Interior Alberto Rocamora, denominó Operativo Serpiente Roja del Paraná. La jornada dejó un saldo de quince asesinatos y cerca de doscientos trabajadores detenidos.
El juez y el fiscal coincidieron en que Acindar, que entonces estaba presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, confeccionó los listados de las personas que las bandas que irrumpieron en la ciudad detuvieron, pero también dispuso espacios físicos dentro de la planta para que funcionara un centro clandestino de detención y tortura, y otros para que se alojen y vivan los integrantes de las fuerzas represivas que continuaron actuando en el cordón industrial.
Asimismo, la investigación judicial permitió establecer que Acindar aportó vehículos, reparó y mantuvo los móviles policiales, pagó sobresueldos al personal de las fuerzas que actuó en la represión, así como que brindó apoyo logístico y de inteligencia para favorecer el secuestro y asesinato de obreros.
“Hay que entender que el genocidio político no hubiese sido posible sin la participación activa de empresas o civiles que llevaban sus listas negras ante los militares, financiaban o facilitaban dependencias y todo tipo de recursos”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Rosario, tras lo que insistió en que es preciso que “se eleve a juicio la causa”.
Bossié es un ex militar que actuó bajo las órdenes del entonces ex coronel Manuel Saint Amant, mientras que Pellegrini, alias Pocho, era jefe de personal de Acindar y como tal actuaba como nexo entre las fuerzas represivas y los directivos de la firma, en tanto que al momento de perpetrar los delitos por los que se lo pretende juzgar, Squiro formaba parte de la delegación Rosario de la Policía Federal.
Vale señalar que originalmente Bailaque incluyó en esta tanda de procesamientos a Ricardo Torralvo, quien durante 1975 era directivo de la empresa. Pero la Cámara Federal de Rosario le dictó falta de mérito porque no pudo establecer si al momento de que se perpetraron los crímenes, Torralvo se desempeñaba como jefe de Contaduría o dentro del área de Personal ¿Por qué no se pudo establecer algo tan simple? Sencillo: el juez no pudo acceder a su legajo porque se quemó en el incendio de Iron Mountain de febrero de 2014.