El ex titular de La Veloz del Norte debe volver a responder por delitos de lesa humanidad que fueron perpetrados en Salta durante 1977.
Ayer dio comienzo el segundo juicio que se sustancia contra el empresario Marcos Jacobo Levin, quien esta vez, se sienta en el banquillo de los acusados para responder por la participación que se le imputa en el secuestro y las torturas perpetradas contra diecisiete trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, que se cometieron durante la última dictadura cívico militar.
La audiencia está acaro del Tribunal Oral Federal 1 de Salta y junto a Levin también son juzgados el comisario Víctor Hugo Almirón y José Antonio Grueso, quien fue jefe de personal de la empresa de transportes cuando entre el 20 y el 24 de enero de 1977, los diecisiete trabajadores de La Veloz del Norte fueron detenidos ilegalmente por personal de la Policía de esa provincia, después de que Levin hiciera una denuncia falsa por fraude.
En esa maniobra estuvieron involucrados Levin y Grueso, así como Almirón que estaba a cargo de la Comisaría 4 donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas. En el caso se Grueso, la acusación también lo ubica como responsable del secuestro y torturas que se cometieron contra otro empleado de La Veloz, el delegado gremial de la UTA Víctor Cobos.
Las víctimas son Miguel Rodríguez, Ciriaco Justiniano, Juan Alonso, Rubén Vrh, Manuel Modad, Carlos Aponte, Jorge Romero, Aurelio Rada, Oscar Espeche, Sebastián Gallará, Carlos Pereyra, Jorge Delaloye, Emilio Bórquez, Carlos Bais, Norberto Bórquez y Sonia Rey. En todos estos casos, la acusación recalca que el empresario se valió de la estructura represiva del Estado para intentar silenciar reclamos laborales de los trabajadores y por eso hizo la denuncia penal que fue el paso previo a los secuestros.
De acuerdo al relato de los operarios, Levin y Grueso suministraron los listados de quiénes querían que fueran detenidos, aportaron vehículos para que se los secuestre y estaban presentes en la sede policial cuando eran torturados e interrogados sobre su actividad sindical y política.
Cabe recordar que Levin fue el primer empresario condenado por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad, en el caso del delegado Cobos, donde Almirón corrió idéntica suerte en una sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal anulara la condena a doce años de prisión que le dictó, en marzo de 2016, el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta.